La pandemia y las medidas restrictivas para combatirla han asestado un varapalo histórico a la economía española
El año 2020 pasará a la Historia por el tsunami que ha provocado la pandemia de la covid-19, cuyo impacto en la economía española ha sido especialmente virulento. Siete meses después de la propagación masiva del virus, España ha perdido 370.000 empleos, tiene a 750.000 personas en ERTE y ha destruido 86.000 empresas.
Hace un año, el país se asomaba a la nueva década en pleno frenazo económico. Desde que en el año 2015 alcanzó su récord de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 3,8% y consolidó su salida de la crisis, la economía nacional había ido desinflándose poco a poco, registrando en 2019 un aumento del 2%. Los analistas auguraban entonces tres años de tímidos avances, en el entorno del 1,5%.
Pero esas previsiones, que ya eran pesimistas, han sido ampliamente superadas por la realidad. La irrupción del coronavirus y el confinamiento que decretó el Gobierno junto al estado de alarma el 14 de marzo precipitaron la mayor caída del PIB de la historia reciente del país. La economía se dejaba un 5,2% en el primer trimestre (por esos quince días de parón) y se desplomaba un 17,8% en el segundo, confirmando la recesión técnica.
Pese a la recuperación del verano (+16,7% intertrimestral a cierre de septiembre), la segunda ola ha vuelto a poner en jaque a la actividad económica en la recta final del 2020 y todo apunta a que el año cerrará con una contracción anual por encima del 11%, según la media de proyecciones de las instituciones.
El Gobierno proyecta un retroceso del 11,2%; el Banco de España espera una caída del 11,1%; la Comisión Europeaprevé un retroceso del 12,4%, con lo que España sería la economía de la Unión con el mayor desplome; mientras que el FMI apunta a una caída del 12,8%, situándonos como el país desarrollado con la mayor caída -solo detrás de quince países de todo el mundo, entre los que abundan islas paradisiacas que han sufrido el hundimiento del turismo-.
Un 38% del empleo destruido era indefinido
Este desplome de la economía se traduce en situación de vulnerabilidad para empresas y trabajadores. Se salvan de la debacle los empleados públicos -que no han perdido su empleo y han conseguido una subida salarial para 2021, aunque sí han tenido que afrontar muchos de ellos un volumen de trabajo sin precedentes (sobre todo los sanitarios)- y los pensionistas, cuya prestación también subirá el próximo año.
Las empresas han intentado capear la caída de la actividad recurriendo a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), pero aún así la mitad de ellas cerrarán el año en pérdidas y con problemas de liquidez, según datos del Banco de España.
El mercado laboral se ha sostenido gracias a este instrumento, pero aún así España cuenta a cierre de noviembre con 369.806 afiliados menos de los que había a 13 de marzo (antes del confinamiento).
Más de un tercio de esos puestos de trabajo destruidos eran indefinidos -142.303- frente a los 204.938 temporales, según los últimos datos de empleo divulgados por el Ministerio de Seguridad Social.
A estos casi 370.000 empleados que han perdido su trabajo (la mayoría en el sector servicios) hay que sumar los 746.900 que a cierre de noviembre siguen incluidos en un ERTE y están cobrando la prestación por desempleo, sin visibilidad sobre cuándo se incorporarán a su trabajo y si lo harán de forma definitiva. Muchos de ellos tienen que lidiar además con los retrasos del SEPE en la tramitación y el pago de las prestaciones.
Tasa de paro efectiva del 21,5%
Aunque la tasa de paro oficial, publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se sitúa en el 16,2%, la tasa de paro efectiva -que tiene en cuenta el impacto de los ERTE y a los autónomos en cese de actividad-, calculada por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), asciende al 21,5% a cierre de noviembre.
El drama es aún mayor entre los jóvenes. De hecho, según los últimos datos de la OCDE, la tasa de paro juvenil en España asciende al 40,4%, la más alta de toda la Unión Europea.
Por el lado de las empresas, la pandemia ha provocado la desaparición de 85.950 compañías sólo hasta octubre, cifra a la que habrá que sumar los cierres de noviembre y diciembre cuando se tengan los datos. El 98,9% de estas compañías que han tenido que cerrar eran pymes de menos de 50 empleados.
El número de trabajadores autónomos en alta a la Seguridad Social se ha recuperado en los últimos meses y ya es superior al que había antes de la pandemia, pero hay que tener en cuenta que alrededor de 350.000 están percibiendo la prestación por cese de actividad porque tienen su negocio cerrado o han perdido un 75% de su facturación.
(Alejandra Olcese. Voz Populi)
