El nuevo Constitucional prefiere el consenso antes que la verdad y aplaza el debate sobre la ‘ley Celaá’

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El Tribunal Constitucional cada vez que tiene una ley que puede ocasionar polémica lo que hace es retrasarla. Si con la del aborto de Aído lleva más de 10 años para su debatir su constitucionalidad ahora le toca a la denominada ley Celáa.

El Constitucional va a celebrar a partir del próximo miércoles el primer pleno desde su renovación el pasado mes de noviembre, con un orden del día configurado en torno a asuntos de trámite y en aplicación de doctrina consolidada del tribunal, que por tanto no requieren mucha deliberación. En este pleno no se han incluido sentencias importantes como la relativa a la ley Celaá.

Un borrador de resolución sobre esta ley ya está preparado desde hace dos meses, y de hecho figuró en agenda para la última reunión plenaria del tribunal, aunque entonces no llegó a tratarse por falta de tiempo.

Retraso para acercar posiciones: Buscar el consenso antes que la verdad

Dicho borrador no sido incluido ahora en el nuevo orden del día con el fin de que su exclusión sirva para tratar de aproximar posiciones entre los bloques conservador y progresista del Constitucional. Se intenta poner así en práctica el propósito anunciado por los nuevos presidente y vicepresidente del tribunal, los magistrados Pedro González Trevijano y Juan Antonio Xiol, respectivamente, en el sentido de que los proyectos de sentencia no lleguen al pleno sin haber intentado antes fórmulas de consenso para su aprobación. Esto es, el Tribunal Constitucional no debate si una ley es justa o injusta, constitucional o no, sino que lo que quiere es el consenso, quiere , en definitva, buscar el consenso antes que la verdad.

Recursos presentados

En el caso de la ley Celaá, los recursos presentados hacen hincapié en tres puntos: la cuestión lingüística, el respeto a la libertad religiosa y la escuela concertada.

La elaboración de los proyectos de sentencia correspondió a los magistrados Ricardo Enríquez y Antonio Narváez. El primer borrador de fallo proponía declarar inconstitucional la posibilidad de negar subvenciones a los centros que segreguen por sexos. Éste es uno de los puntos, junto a la cuestión lingüística, en que se centrará el intento de pacto.

 

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