Impulso Ciudadano denuncia la nueva estrategia separatista de la Generalidad contra el uso del español

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Un informe de la entidad destaca que el catalán está protegido por 138 disposiciones legales y se destinan más de 400 millones a su imposición.

Para ello han emprendido una vasta campaña cuyo propósito no es proteger el catalán – que no lo necesita-, sino erradicar el español de la esfera pública. En un informe elaborado por Impulso Ciudadano se constata que «la referencia de Pere Aragonés a la debilidad de la lengua catalana es la gran argucia nacionalista que, a fuerza de repetirse, se ha convertido en el leitmotiv del procés lingüístico que aparentemente está sustituyendo al debate sobre el proceso independentista. De hecho, el presidente de la Generalidad insistía el 4 de abril en la necesidad de defender desde el Govern la amenazada lengua «con toda la fuerza y medios a su alcance» para fijar «la política lingüística en las escuelas, que no debe ser decisión de ningún tribunal».

El extendido discurso del lamento lo ha situado en su exacta dimensión independentista el expresidente de Òmniun Cultural, Jordi Cuixart, al aseverar que «si falla la lengua, fallará todo».

Cambio de estrategia

El análisis de Impulso Ciudadano detalla también que «la nueva hoja de ruta del separatismo» ha elegido la defensa de la lengua catalana, muy específicamente en la enseñanza, como caballo de batalla de su particular procés lingüístico. Es bastante significativo que bastantes ayuntamientos gobernados por formaciones nacionalistas/separatistas están sustituyendo los lazos amarillos y las pancartas a favor de los presos políticos y exiliados por pancartas a favor de la escuela catalana con los siguientes lemas: Per un país de tots: l’escola en català y Escola en català: ara i sempre».

Despliegue normativo y de organismo separatistas

El informe repara además en el despliegue normativo en el Parlamento catalán: «Atemperados los pronunciamientos a favor de la secesión de Cataluña, tras la doctrina fijada por el Tribunal Constitucional que ha hecho mella en el funcionamiento de la Mesa del Parlamento, son ahora los acuerdos relacionados con la defensa de la lengua catalana el refugio donde se concentra gran parte de los esfuerzos de los grupos nacionalistas y de aquellos otros grupos con los que comparten líneas de colaboración. Tanto es así, que recién inaugurado el actual periodo de sesiones, los diputados de los partidos independentistas, los de En Comú Podem y, en ocasiones, los socialistas, han puesto en marcha una batería de resoluciones, mociones, exigencias y recomendaciones destinadas a asegurar la preeminencia del catalán».

Objetivo: Erradicar el español

En su denuncia, Impulso Ciudadano alega datos incontestables tras el análisis de los proyectos lingüísticos de 2.214 colegios de Cataluña. Así, 9 de cada 10 alumnos no estudian en español hasta los 6 años (1o de Primaria); sólo el 7,7% de centros de Educación Infantil y Primaria imparten otra asignatura en castellano diferente a la de lengua española; ningún centro cumple con el mínimo del 25% de horas en español en asignaturas troncales; el 98,5 % de los proyectos lingüísticos veta el español en las comunicaciones orales en todos los ámbitos del centro educativo: pasillos, patio, comedor, trato con personal docente y no docente, y de estos con los alumnos.

Falsa amenaza

Impulso Ciudadano concluye que es falso que el catalán esté amenazado y acusa a la Generalidad y los partidos independentistas de una manipulación que «no resiste la comparación con la realidad de una lengua amparada por 138 disposiciones principales, promovida desde 14 organismos de la Generalitat, financiada con 385 millones de euros del Departamento de Cultura, más 13,5 millones extra de reciente aprobación, más diferentes dotaciones de otros Departamentos, alentada desde 20 páginas web institucionales, escoltada por 281 entidades privadas con el anzuelo de desgravaciones fiscales, aventajada en subvenciones del Estado para tecnologías del lenguaje, etcétera. Y, por delante de todo eso, lengua de la inmersión obligatoria en la enseñanza, que implanta el monolingüismo en la actividad escolar y para-escolar y lengua de los procedimientos administrativos en Cataluña y de interrelación de las instituciones catalanas con los ciudadanos».

(con información de Libertad Digital)

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