Hacia el ocaso de la Democracia a través del deterioro progresivo de las instituciones | Eusebio Alonso

Es de sobra conocido, que la característica fundamental de cualquier sistema, auténticamente democrático, es la independencia de sus tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Circunstancia que permite la estrecha vigilancia de unos a otros con objeto de poder detectar y corregir la aparición de cualquier exceso que pudiese poner en peligro su continuidad, llevándolo a degenerar en una tiranía. No se trata de una hipótesis teórica. Esta temible deriva es la que ha tenido lugar, por ejemplo, en Venezuela. Sí, el mismo país, cuyo régimen político, tal vez no por casualidad, produce tanta fascinación en los líderes de la izquierda española.

Para nuestra desgracia, el ordenamiento jurídico resultante de la Constitución española de 1978 dificulta la independencia del poder ejecutivo y legislativo, ya que no contempla elecciones independientes para elegir el uno y el otro por separado. En España, tras las elecciones generales se constituyen las cámaras (poder legislativo). Y el acuerdo posterior entre partidos, permite alcanzar una mayoría parlamentaria para la investidura de un presidente y la formación de un gobierno (poder ejecutivo). En otros países, como es el caso de Francia, hay elecciones legislativas y presidenciales independientes. Por desgracia, en España, lejos de enmendar esa nefasta simplificación que permite la legislación vigente, Felipe González se encargó de culminar la defunción de la independencia de poderes, estableciendo, en el año 1985, que los miembros del Consejo General del Poder Judicial y los del tribunal Constitucional, fuesen elegidos por los partidos políticos con mayor representación en las cámaras. La falta de independencia de los poderes del Estado facilita cualquier tipo de exceso, ejercido por el partido que detenta el poder. Por inquietante que parezca, esta situación no parece preocupar en absoluto a ninguno de los partidos que han gobernado la nación en los últimos 40 años, ya que, de otra forma, habrían hecho algo para subsanarla. Supongo que la explicación de esta despreocupación esté en que los partidos políticos nunca harán nada para empeorar una situación que favorezca sus intereses. Intereses, con excesiva frecuencia, alejados de los del pueblo al que dicen representar.

A falta de una independencia efectiva de los poderes fundamentales, se ha creado un entramado de instituciones encargadas de «vigilar», al menos de cara a la galería, los indicadores de funcionamiento democrático y detectar cualquier desviación peligrosa. Estas instituciones son, entre muchas otras:

• Tribunal Constitucional. Su función es defender la primacía de la Constitución frente a las leyes de rango inferior.
• Abogacía del Estado. Asesoramiento, representación y defensa de la Administración General del Estado. En definitiva, ejerce la defensa de funcionarios que actúan en el ejercicio de su función pública.
• Tribunal de Cuentas. La función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas se referirá al sometimiento de la actividad económico-financiera del sector público a los principios de legalidad, eficiencia, economía, transparencia.
• Fiscalía General del Estado. Su función es promover e impulsar la acción de la justicia, asegurar la legalidad e imparcialidad del funcionamiento de la justicia y la protección de los derechos de colectivos vulnerables, como menores, personas con discapacidad, etc…
• Agencia Tributaria. Encargada de la recaudación de impuestos y la persecución de delitos fiscales

Como podremos ver a continuación, el funcionamiento de estas instituciones no deja de ser, con excesiva frecuencia, una pobre escenificación de lo que debería ser, ya que todas ellas dependen del poder ejecutivo y están sometidos a éste. ¡Ay de la institución que ose enfrentarse al gobierno de turno, haciendo bien el trabajo para el que supuestamente fue creada!

¿Les suena a ustedes que alguna vez el fiscal general del Estado, o la Fiscalía que depende de él, hayan actuado de oficio para descubrir y perseguir algún escándalo político del partido en el poder? ¿Les suena a ustedes que el Tribunal de Cuentas, garante de la mesura y eficiencia del gasto público, haya descubierto y denunciado algún caso de corrupción en las cuentas que supervisa, produciendo el encausamiento de algún político del partido en el poder? Pues a mí no me consta. En nuestro país suele ser la prensa libre, algún partido político con un mínimo de decencia y algunas organizaciones independientes, como “Manos Limpias”, las que se baten el cobre para perseguir la corrupción política. ¿De qué nos sirven, entonces, estas instituciones supuestamente garantes del buen funcionamiento democrático? ¿Cuál es la auténtica razón de su existencia? Me malicio que no es ni más ni menos que la garantía que precisa el poder político para que los escándalos se entierren adecuadamente antes de que puedan salir a la luz. De todos es conocido, por ejemplo, que la mejor estrategia para enterrar un escándalo político siempre ha sido abrir una comisión de investigación parlamentaria en el Congreso de los diputados.

¿Por qué un Tribunal como el Constitucional, cuya función debería limitarse a sancionar si una ley es o no conforme a la Constitución, decide enmendar la sentencia de los EREs de la Audiencia de Sevilla, que había sido ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo? La sentencia del tribunal Constitucional solo fue avalada por los siete jueces elegidos por el PSOE, mayoría que asegura un control «progresista» en ese tribunal. Díganme, por favor, con la mano en el corazón, ¿Qué jueces se atreverán, a partir de ahora, a perseguir la corrupción política, cuando saben que no servirá de nada más que para condenar, de por vida, sus aspiraciones profesionales? ¿Es este el buen camino a seguir para consolidar un sistema democrático?

Permítanme hacer una humilde reflexión analítica… Cuando dos jueces distintos interpretan de forma diferente una ley, resulta obvio que, si el proceder de ambos es honrado, entonces el proceso de redacción, debate y aprobación de la ley fue torpe y poco profesional, dado que habría permitido diferentes interpretaciones bienintencionadas de la norma. ¿Me equivoco? Pudiera ser también que en la elaboración de la ley se hubiese actuado con malicia, haciendo una redacción interesada para que siempre existiera una puerta de salida conveniente, de manera que determinados delitos no pudiesen ser castigados adecuadamente. El tercer supuesto establece la posibilidad de que alguno de los jueces discrepantes no proceda con honradez. Es decir, que un juez actúe de forma bienintencionada, y el otro al servicio de otros intereses muy alejados de los de impartir justicia. Por último, también podría ocurrir que uno y otro juez, discrepantes entre sí, actuasen como mercenarios al servicio de intereses enfrentados alejados del interés general. Para facilitar la identificación de en cual de estos casos nos encontramos resultaría bastante útil conocer, de antemano, el grado de independencia y la naturaleza del proceso usado para llevar a uno y a otro juez a la responsabilidad que ejercen. En cualquiera de los casos mencionados, la discrepancia judicial siempre conlleva un descrédito, al menos, para una de las partes. Descrédito que afecta, en última instancia, a la imagen de la propia institución.

¿Por qué la Abogacía del Estado sale inmediatamente en defensa del presidente del Gobierno, cuando no es su función, querellándose contra el juez Peinado por prevaricación por el simple hecho de que éste haya solicitado interrogar a Sánchez con un trámite de urgencia? No declarar, aunque legítimo, supone una falta de interés palmario en colaborar con la justicia. Actitud impropia de las cualidades morales que deberían adornar a un presidente del gobierno. ¿No sería mucho más fácil que Sánchez hubiese aprovechado la oportunidad que le han brindado para aclarar, fuera de toda duda, la conducta empresarial de su mujer como conseguidora de fondos públicos para terceros? Recordemos, una vez más, la célebre frase de que la mujer del César no solo tiene que ser honesta sino también parecerlo.

¿Por qué la Fiscalía, cuya función es perseguir el delito y proteger a los colectivos más vulnerables, pretende desactivar, de forma inusual y espontánea, el proceso de instrucción de la causa contra la esposa de Sánchez, asegurando, de forma categórica, sin que todavía haya finalizado la instrucción (proceso previo encargado de recabar evidencias de una causa judicial), que no existe materia de delito? Si todavía no están seguros del grado de independencia de esta importante institución, recuerden el jactancioso, a la par que patético, ataque de sinceridad sanchista cuando replicaba a un entrevistador aquello de: ¿De quién depende la Fiscalía? ¿Eh? ¿Eh?

¿Por qué la Agencia Tributaria no ve delito en que el hermano de Sánchez perciba su nómina en España, procedente de un organismo público español, y declare sus impuestos en Portugal, mientras que sí que ve delito fiscal cuando un youtuber español, que percibe su retribución por su labor en las redes, paga sus impuestos en otro país?

¿Qué inquietud tendrá Sánchez, en relación con lo que está investigando la justicia independiente, que ha puesto a trabajar a la Fiscalía, la Abogacía del Estado y el Tribunal Constitucional y hasta la Agencia Tributaria para blanquear, sin empacho ni rubor, todos los casos judiciales que afectan a su entorno familiar y a su partido? No parece que le inquiete lo más mínimo el llevarse por delante el prestigio de estas instituciones al utilizarlas en su beneficio personal. Diríase que España ya se ha convertido, de facto, en su cortijo y que ya puede hacer lo que quiera sin reparar en detalles cosméticos.

No olvidemos que los escándalos que se descubren suelen representar tan solo la punta del iceberg, como consecuencia de que las instituciones, cuyo propósito es el de vigilar el funcionamiento democrático y limitar los excesos, se someten, con excesiva frecuencia, a los intereses del poder que las controla. Posiblemente nos encontremos aquí con un ejemplo más de la famosa ley de Pareto: solo se descubre el 20% de la corrupción, quedando el otro 80% oculto. Si a esto le añadimos que el dinero apropiado indebidamente en los casos de corrupción política no se devuelve, que los indultos que promueve el gobierno no requieren justificación alguna y que siempre habrá un tribunal «politizado» que pueda enmendar, de aquella manera, una sentencia condenatoria para un político. Con esos mimbres, ¿Quién no estaría dispuesto a hacerse rico con la política a cambio de vender su fidelidad y su alma pecadora al diablo? ¿Qué valor puede aportar a nuestra nación las personas que entren en política al reclamo de esta publicidad malsana? ¿Cómo se puede seguir exigiendo sacrificios impositivos al contribuyente, cuando los que detentan el poder no están a la altura, y sus excesos son tan frecuentemente consentidos?

Cuando las instituciones no funcionan, sea por inoperancia o por falta de independencia, el sistema democrático deriva inevitablemente hacia una autocracia. En esos momentos, los partidos con peores cimientos éticos, terminan recurriendo a lo que sea para mantenerse en el poder indefinidamente. En Venezuela, que muchos contemplamos como un peligroso referente futuro para nuestra nación, ya se han llegado a manipular los resultados electorales y se persigue con extrema violencia al discrepante. El primer paso para llegar a esos extremos es el de pervertir el funcionamiento de las instituciones con objeto de crear un escudo protector para mantener a flote, a cualquier precio, al gobierno; sin que importe el descrédito institucional que acarree este comportamiento.

Para aquellos que se resistan todavía a ver alguna conexión entre la narco-dictadura venezolana de Maduro y el régimen de Sánchez, les recordaría la visita irregular, con nocturnidad y alevosía, de Delcy Rodriguez. La vicepresidente de Venezuela estaba incluida en la lista negra de personas que tenían prohibida su entrada a la UE, pero que, a pesar de ello, fue recibida por Ávalos, ministro de Transportes de Sánchez. De la entrevista que tuvo con Ávalos en Barajas y del contenido de las 40 maletas que dejó, nada se sabe. ¿Dónde estaba la diligencia que ahora muestran las instituciones para entorpecer la labor de la justicia independiente, en aquel entonces cuando había que exigir responsabilidades por no cumplir la normativa europea al gobierno de Sánchez? De nuevo aparece la sempiterna doble vara de medir que muestra la izquierda para hacer la vista gorda con sus amiguetes delincuentes. El reciente viaje relámpago de Puigdemont a Cataluña, a pesar de estar sujeto a orden de búsqueda y captura en todo el territorio nacional, mientras todos los cuerpos y fuerzas de seguridad, bajo mando político, estaban mirando hacia otro lado, es otra prueba flagrante de ello, y de la perversión de las instituciones que están bajo control político.

La buena noticia es que todavía nos quedan algunos arietes para frenar el proceso de perversión institucional y legislativa a la que nos conduce el gobierno de Sánchez. Estos son: la oposición política, la institución monárquica y Europa. La mala noticia es que, de momento, no parecen demasiado interesados en intervenir, más allá de un leve postureo. ¿Indolencia? ¿Conformidad? ¿Complicidad? ¿Cobardía? Alguien tendría que decirles que no pueden pretender nuestro apoyo incondicional si en situaciones críticas como ésta no son capaces de demostrar su utilidad a la nación.

El proceso de perversión institucional puede llegar a pasar desapercibido para una buena parte de la población. Culpa de ello la tienen los medios de comunicación apesebrados por el poder, que se encargan de ocultar o falsear la realidad. En demasiadas ocasiones aprovechan la confusión y predisposición favorable del ciudadano que no puede comprender como un proceder viciado puede surgir de la autoridad en la que depositó su confianza y su voto. Para salir de dudas yo le propondría un simple test crítico de perversión institucional.

1. Cuando una norma está redactada, o interpretada, de forma arbitraria por una institución (no se aplica a todos los ciudadanos de igual manera), entonces existe perversión institucional.
2. Cuando hay un cambio de opinión brusco y generalizado de un partido político en el poder, o de alguna de las instituciones, sobre la interpretación de una determinada ley, esto indicaría que se está actuando por conveniencia coyuntural y no por el interés general que exige la ley. Entonces existe perversión institucional.
3. Cuando una institución invade excepcionalmente las competencias de otra institución menos politizada, sin que medie una justificación adecuada, entonces existe perversión institucional.
4. Cuando se redactan leyes por interés, en beneficio de unos pocos, condenando el principio de justicia e igualdad entre los españoles, entonces existe perversión institucional.
5. Cuando se hacen leyes que persiguen la libertad de opinión y/o de elección, entonces existe perversión institucional.

Me pregunto, ingenuamente, ¿Cómo percibirá, el sainete de la “famiglia” Sánchez, el votante de izquierdas con pensamiento crítico y ciertas convicciones democráticas y morales? Lógicamente excluyo de la consulta a los que votan al PSOE por sectarismo, por ingenuidad infinita, por interés (red clientelar) o por fanatismo (odio ciego a la alternativa). ¿Seguirán convencidos, más allá de toda duda razonable, de la inocencia de Begoña y del hermano de Sánchez, así como del correcto proceder del presidente y de las instituciones controladas por su gobierno? ¿Apoyarán la perversión legislativa que conlleva la aprobación de la ley de amnistía, los indultos a los golpistas catalanes, la reducción de las penas por malversación y sedición, así como el trato de favor económico y fiscal, con cargo a los impuestos de todos, en beneficio de las comunidades autónomas bajo control de partidos separatistas a cambio de su apoyo al partido socialista en esta o cualquier otra legislatura? ¿Creen que encaja ese proceder con el compromiso ético que debería tener cualquier gobernante, o creen que en política cualquier acción está legitimada, aunque no estuviera reflejada en el programa electoral? ¿Seguirán pensando, sinceramente, que todas estas polémicas decisiones políticas, que aparentan solo beneficiar a unos pocos, benefician realmente a toda la nación española? Si, la respuesta a la mayoría de esas preguntas fuese afirmativa, tendría que manifestar, muy a mi pesar, que el proceso de perversión democrática que estamos sufriendo ya es irreversible, y tan solo una catástrofe podría abrir los ojos a la ciudadanía.

La Historia nos enseña que la causa que lleva a la desaparición de las civilizaciones y a las involuciones democráticas es el no haber sabido identificar, de forma temprana, sus amenazas hasta que ya es demasiado tarde para poder actuar de forma efectiva. De igual manera, un sistema inmunológico enfermo (que hace un papel semejante al de las instituciones en nuestro organismo) no sabe, o no quiere, reconocer las células enfermas y, en consecuencia, no actúa adecuadamente para conseguir la sanación. De todos los enemigos posibles, el peor es el que surge desde el interior. Como ciudadanos, nuestra única fuerza sigue siendo, al menos de momento, nuestra voz y nuestro voto. Por favor, ¡Que no nos engañen más!

Eusebio Alonso | Licenciado en ciencias físicas. Subdirector del diario online  Adelante España.