Tal y como señalábamos en un editorial anterior de Adelante España, la provincia de Segovia se ha convertido en el nuevo tablero de una partida de ajedrez donde las piezas las mueven gigantes energéticos y las víctimas son, una vez más, los habitantes de la «España Vaciada». Bajo el aséptico nombre de Planta Fotovoltaica «Otero», promovida por Iberdrola a través de su filial Iberenova, se esconde una operación que va mucho más allá de la «transición verde». Estamos ante un proceso de industrialización forzosa que amenaza con desmantelar el modo de vida de municipios como Marazoleja, Marazuela y Anaya, extendiendo su sombra sobre Abades y la periferia de la capital segoviana.
En el centro de esta tormenta se encuentra Marazuela que verá como 900 hectáreas de su término municipal y Marazoleja, con 300 hectáreas de tierra de labor que desaparecerán bajo una costra de silicio y cristal. Pero lo que ha encendido definitivamente la mecha de la indignación no es solo la ocupación del terreno, sino el carácter impositivo y la falta de transparencia que rodea al proyecto. Nos hemos desplazado hasta el lugar para recoger el testimonio de los vecinos. Si hay un denominador común en los vecinos es: expropiaciones forzosas, opacidad y proximidad a la población.
El drama de la expropiación: Cuando tu tierra ya no es tuya
Uno de los puntos más oscuros y menos publicitados de esta macroinstalación es la ejecución de expropiaciones forzosas. Mientras la narrativa oficial de la empresa habla de «acuerdos voluntarios» con propietarios, la realidad a pie de campo es mucho más amarga. Vecinos de estos pueblos se han negado rotundamente a alquilar o vender sus tierras, aferrándose al valor sentimental y productivo de sus parcelas.
Para estos propietarios, la respuesta del sistema no ha sido el respeto a su voluntad, sino el rodillo administrativo. Por ejemplo, Federico -nombre ficticio y vecino de Marazuela, señala que «si el proyecto es declarado el proyecto de «Declaración de Utilidad Pública (DUP)», la administración dotaría a la multinacional Iberdrola de la capacidad de arrebatarnos nuestra propiedad de forma coercitiva, ya que le otorgaría el derecho a la expropiación forzosa de los terrenos«.
Se trataría de un mecanismo de colonialismo energético: el Estado permite que una entidad privada despoje a un ciudadano de su medio de vida para que los beneficios fluyan hacia los balances de una empresa que cotiza en el IBEX 35. Esta violación del derecho a la propiedad privada en favor de intereses corporativos disfrazados de «bien común» está generando una herida social profunda que tardará décadas en cicatrizar.
Requisitos de distancia: Un insulto a la calidad de vida
Otro de los pilares del conflicto radica en las normativas de seguridad y ordenación, que los vecinos califican de «insultantes e insuficientes». Según el proyecto, los paneles fotovoltaicos se instalarán a distancias que oscilan entre los 500 y los 1.000 metros de los núcleos urbanos. Lo que sobre el papel parece una distancia prudencial, en la llanura segoviana supone que el horizonte de los pueblos quedará cercado por un muro artificial de paneles, eliminando la fisonomía rural y creando un efecto de isla de calor y deslumbramiento constante.
Más grave aún es la situación de las infraestructuras de transporte. Las líneas de alta tensión de 400 kV —auténticas autopistas eléctricas de una magnitud ciclópea— podrán discurrir a poco más de 50 metros de las viviendas. Para varias familias que viven en los márgenes de estos municipios, esto supone «convivir con el zumbido constante de la electricidad, la alteración del paisaje y la preocupación persistente por los efectos del electromagnetismo a largo plazo«. Por su parte, las subestaciones eléctricas, reguladas bajo mínimos de seguridad y emisiones, se erigen como monumentos industriales en mitad de terrenos que hasta ayer eran campos de cereal y hábitat de aves esteparias.
El déficit democrático: Sin asamblea ni votación
Si algo ha dolido en el seno de la comunidad de estos pueblos es la gestión de la participación ciudadana. En un asunto que altera de forma irreversible el futuro del pueblo para los próximos 40 años, la lógica dictaría una consulta popular o una asamblea vinculante. Sin embargo, la realidad ha sido el silencio y la política de hechos consumados.
«No hubo asamblea ni votación vinculante» señala un vecino de Marazoleja. El Ayuntamiento y la empresa se han escudado en la celebración de «reuniones informativas» y en la apertura de «periodos de alegaciones», que los vecinos describen como meros trámites burocráticos donde las quejas caen en saco roto. Las reuniones, a menudo celebradas con el proyecto ya avanzado, no buscaban el consenso, sino la comunicación de una decisión tomada en despachos lejanos.
«Al no existir una aprobación en asamblea, y aunque el proyecto es legal, carece de la legitimidad moral social necesaria» prosigue este vecino de Marazoleja. «Iberdrola ha negociado por detrás de los vecinos porque temía su rechazo«.
La falacia de la transición justa
La paradoja de este modelo es que se vende como una solución a la crisis climática, pero ignora la crisis ecológica y humana local. Las 900 hectáreas que se pierden, por ejemplo en Marazuela o las 300 de Marazoleja no son solo suelo; es biomasa, es biodiversidad y es soberanía alimentaria. España está permitiendo que sus mejores tierras de secano sean «jubiladas» para generar una energía que no bajará el recibo de la luz de los segovianos, sino que se verterá a la red para alimentar el consumo de las grandes ciudades.
El medio rural vuelve a ser el sacrificio necesario para mantener un ritmo de consumo urbano insostenible. En Marazoleja, el impacto visual y psicológico de verse rodeado por una fábrica de 500 MW cambiará la identidad del pueblo. ¿Quién querrá quedarse a vivir en un lugar donde el horizonte ha sido sustituido por acero y vallas? ¿Cómo se va a fomentar el turismo rural o la incorporación de jóvenes agricultores si la tierra ya no está disponible para la siembra, sino para la captación de subvenciones verdes?
Una sentencia sin apelación
El proyecto «Otero» es el ejemplo perfecto de cómo no debe hacerse una transición energética. La imposición sobre el territorio, la insuficiencia de las distancias de seguridad y, sobre todo, el recurso a la expropiación forzosa contra vecinos que solo quieren seguir siendo dueños de su destino, sitúa a Iberdrola y a las administraciones que lo permiten en una posición de clara hostilidad hacia el mundo rural.
Marazoleja, Anaya y Marazuela no son solares vacíos; son comunidades vivas con historia y patrimonio. Al negarles una votación vinculante y arrebatarles la tierra por la fuerza, se está firmando una sentencia de muerte para estos municipios. Si la transición energética ha de ser justa, debe empezar por respetar la propiedad privada y la voluntad de los pueblos. Mientras esto no ocurra, lo que veremos en Segovia no será progreso, sino un desierto de silicio custodiando el silencio de una tierra que fue robada a sus dueños.
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