España asiste, entre la perplejidad y la indignación, a un nuevo capítulo de degradación institucional. La reciente tragedia en la provincia de Huelva, donde los guardias civiles Germán y Jerónimo perdieron la vida en acto de servicio mientras perseguían a narcotraficantes, no solo ha dejado un vacío irreparable en sus familias y en el cuerpo, sino que ha desnudado la falta de catadura moral de quienes dirigen el país. En un país normal, las declaraciones de María Jesús Montero y la ausencia de Fernando Grande-Marlaska habrían provocado ceses fulminantes. Aquí, se instalan en la soberbia.
El insulto de la «tasa de accidentalidad»
La exvicepresidenta primera y exministra de Hacienda -ahora candidata a la Comunidad de Andalucía-, María Jesús Montero, ha protagonizado uno de los episodios más bochornosos que se recuerdan en la política reciente. Al calificar el asesinato —o la muerte en acto de servicio en condiciones extremas— de estos agentes como un simple “accidente laboral”, Montero no solo ha cometido un error léxico, sino una falta de respeto sistémica.
Sindicatos como Jupol han estallado de inmediato. Para cualquier servidor público que arriesga su vida frente a las mafias, escuchar que su sacrificio se equipara a un resbalón en una oficina o a un incidente en una fábrica es un insulto a su honor. No fueron víctimas de una fatalidad burocrática; fueron víctimas de una lucha desigual contra el narcotráfico en la que el Estado, por negligencia, no les protege como debería. Como bien señaló Jupol: “No fue un simple accidente laboral. Nuestros compañeros dieron su vida por España luchando contra el crimen”. Simplificar su muerte es una forma de deshumanizarlos y de restarle importancia a la peligrosidad extrema a la que se enfrentan cada día.
Marlaska: La cobardía de no dar la cara
Si las palabras de Montero son ruines, la actitud del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, roza la cobardía personal. Su ausencia en el funeral de los agentes asesinados no responde a problemas de agenda, sino al miedo al abucheo. Marlaska, el ministro que ha desmantelado unidades de élite contra el narcotráfico en el sur y que mantiene a los agentes en condiciones de inferioridad material frente a las narcolanchas, sabía que en el funeral no sería bienvenido.
En lugar de ejercer la altura de Estado que requiere su cargo, de sostener la mirada a las familias y de asumir las críticas —por muy amargas que fueran—, el ministro optó por el escondite. Es la imagen de un Gobierno que prefiere la comodidad del despacho a la realidad del asfalto y el salitre donde se juega la vida su gente. No ir al funeral para evitar la protesta social es un acto de una indignidad suprema. Un ministro que tiene miedo de los hombres y mujeres que dirige es un ministro que ya ha dimitido de su autoridad moral.
Un Gobierno indigno, ruin y cobarde
La combinación de la ruindad de Montero y el escapismo cobarde de Marlaska configura un cuadro clínico de un Ejecutivo que ha perdido el contacto con la realidad y con el respeto debido a las instituciones. «No solo son indignos, son además ruines y cobardes», es el clamor que recorre no solo los cuarteles, sino gran parte de la sociedad civil.
En cualquier democracia consolidada de nuestro entorno, este nivel de desprecio hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado habría tenido consecuencias penales o, al menos, políticas definitivas. Que un Gobierno invoque la «memoria» y la «protección de los servicios públicos» mientras deja a los pies de los caballos a quienes garantizan nuestra seguridad es una hipocresía que no se puede tolerar. Proteger lo público no es solo gastar dinero en campañas de imagen; es respaldar con medios, con leyes y con presencia física a la Guardia Civil y a la Policía Nacional.
La desprotección en el frente del narcotráfico
La tragedia de Huelva no es un hecho aislado. Se suma a la larga lista de incidentes donde la superioridad de medios de los narcotraficantes pone en jaque la vida de nuestros agentes. Mientras la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) muestra su “profunda consternación”, el trasfondo político sigue siendo el mismo: una falta de inversión y de voluntad política para declarar la zona como de Especial Singularidad y dotar a los agentes de las herramientas necesarias para que no tengan que jugarse la vida en inferioridad de condiciones.
Cuando Montero habla de «accidente», intenta ocultar que esas muertes son la consecuencia directa de una gestión nefasta y deficiente. Si no hay patrulleras adecuadas, si no hay personal suficiente y si se desmantelan los grupos especializados, el riesgo deja de ser un «accidente» para convertirse en una consecuencia estadística de la cual el Gobierno es directamente responsable.
La complicidad del silencio
El presidente Pedro Sánchez, al mantener en sus puestos a una candidata de su partido que insulta la memoria de los caídos y a un ministro que huye de sus funerales, se convierte en el máximo responsable de esta situación. El silencio del presidente ante la ruindad y cobardía de sus subordinados es una forma de validación.
La Ley de Memoria Democrática, que el Gobierno utiliza con tanta frecuencia para juzgar el pasado, debería servir también para que el Ejecutivo se mirase en el espejo del presente. No hay memoria posible si se ignora el sacrificio de quienes mueren hoy defendiendo la ley. Si Sánchez no aplica la máxima responsabilidad ante estos hechos, incurre en una complicidad por omisión que la historia y los ciudadanos no perdonarán.
Justicia para los que nos protegen
España no merece un Gobierno que tenga miedo de honrar a sus muertos por temor a la crítica. La Guardia Civil y la Policía Nacional merecen gobernantes que estén a la altura de su sacrificio, que hablen de ellos con el respeto que merecen los héroes y que tengan la valentía de acompañar a sus familias en el momento del dolor más profundo.
Las placas de los nombres de Germán y Jerónimo no deben quedar como un número más en una estadística de «accidentes laborales». Deben ser un recordatorio de que la libertad y la seguridad tienen un precio que otros pagan por nosotros, y que lo mínimo que podemos exigir a nuestros gobernantes es que no manchen esa memoria con su cobardía y su miseria moral.
P.D.: María Jesús Montero debe dimitir de inmediato. Su rectificación, 16 horas después y forzada por el aluvión de críticas en plena campaña, es una admisión implícita de su bajeza moral al intentar reducir una muerte «en acto de servicio» a un simple «accidente laboral». Sin el respaldo de su propio Gobierno y señalada por su ruindad, solo le queda el cese o la dimisión. Sin embargo, en un Ejecutivo donde la dignidad brilla por su ausencia, lo más probable es que se aferre al cargo.
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