España se encuentra sumergida en una nueva fiebre del oro, pero esta vez el botín no se extrae de las entrañas de la tierra, sino que se captura del cielo. Bajo el estandarte de la «transición verde» y la denominada urgencia climática, asistimos a una ocupación masiva y desordenada del territorio rural. Lo que las grandes corporaciones y el Gobierno venden como progreso ecológico está revelando su verdadera cara: un modelo de colonialismo energético donde el medio rural se sacrifica para alimentar el consumo de las metrópolis y engrosar los balances de resultados de las multinacionales.
El caso de la Planta Fotovoltaica «Otero», promovida por Iberdrola (Iberenova) en los municipios segovianos de Marazoleja, Marazuela y Anaya, con impacto adicional en otros como Abades o Segovia. no es un incidente aislado. Es el síntoma de una enfermedad sistémica que utiliza la precariedad de la «España Vaciada» como laboratorio para un modelo extractivo que prioriza el silicio sobre la vida.
La «zanahoria» del dinero: el soborno a la supervivencia
En toda la geografía española, el modus operandi de las eléctricas es idéntico. Representantes con maletines llenos de promesas llegan a ayuntamientos con presupuestos minúsculos, ofreciendo cifras que, para un alcalde de un pueblo de cien habitantes, parecen salidas de una lotería nacional. Esta es la política de la «zanahoria»: el uso del dinero para seducir a las administraciones locales y silenciar la resistencia vecinal.
En estos pueblos, las cifras mareantes del ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) de varios millones de euros y las rentas por alquiler de tierras se presentan como la tabla de salvación tras décadas y décadas de olvido institucional. Sin embargo, este dinero es una trampa de corto plazo. Es una inyección de liquidez que anestesia el sentido crítico mientras el pueblo entrega su activo más valioso: su autonomía.
Al convertir miles de hectáreas de labor en complejos industriales, se rompe el relevo generacional. Nadie invertirá en maquinaria ni en formación agrícola en un municipio que ha decidido cubrir su futuro con cristales oscuros. El dinero se gastará en arreglar aceras por las que ya no pasará nadie, porque sin agricultura, el pueblo pierde su razón de ser.
El proyecto «Otero»: Un mar de silicio en Segovia
Cuando aterrizamos en el caso concreto del proyecto promovido por Iberdrola, la magnitud del desastre se vuelve física. Bajo el aséptico nombre de «Planta Fotovoltaica Otero«, se esconde una operación de industrialización masiva que pretende transformar más de 1.400 campos de fútbol de tierra fértil en un páramo de acero y cables.
Los municipios de Marazoleja, Marazuela y Anaya, junto con áreas de influencia en Abades o la propia Segovia, se enfrentan a un dilema faústico. La instalación de la subestación «Otero» y sus líneas de evacuación de 400 kV no son infraestructuras discretas; son cicatrices industriales de proporciones ciclópeas que rodearán los núcleos urbanos, convirtiendo pueblos milenarios en meros apéndices de una fábrica eléctrica.
La destrucción de la fisonomía y el alma del paisaje
El paisaje no es simplemente «una vista bonita» para el turista ocasional; es el soporte de la identidad de un pueblo, su patrimonio y su memoria histórica. El modelo de macroplantas desprecia este valor intangible. En la campiña segoviana, definida por sus llanuras cerealistas y cielos abiertos, la estética rural está a punto de ser sustituida por una estética carcelaria.
Kilómetros de vallado cinegético, estructuras metálicas y el brillo artificial de los paneles cambiarán la psicología del territorio. Los vecinos dejarán de vivir en una comunidad rural para vivir en los márgenes de una planta de generación. Este impacto visual es irreversible y hiere de muerte a las poblaciones o a un posible turismo rural, una de las pocas bazas de supervivencia real que le quedaban a la zona. ¿Quién querrá visitar un alojamiento rural o pasear por senderos que transcurren entre vallas de alta tensión y hectáreas de vidrio?
El atentado contra la biodiversidad: Desiertos biológicos
España posee algunas de las zonas más ricas en biodiversidad de Europa, especialmente en cuanto a aves esteparias. El proyecto de Marazuela-Marazoleja-Anaya se sitúa en el entorno crítico de la ZEPA «Valles del Voltoya y el Zorita». Especies emblemáticas como la avutarda o el sisón, que necesitan grandes espacios abiertos y horizontes despejados para su supervivencia y reproducción, encuentran en las fotovoltaicas un desierto biológico insalvable.
Es una paradoja sangrienta: se destruye el ecosistema local para, supuestamente, «salvar el clima global». Las medidas correctoras que proponen las empresas suelen ser meros parches administrativos para sortear la Declaración de Impacto Ambiental. La fragmentación del hábitat y la pérdida de suelo virgen son realidades que ninguna plantación de setos alrededor de la valla puede mitigar.
La mentira del empleo y la productividad
El argumento más falaz de las energéticas es la promesa de puestos de trabajo. Iberdrola y sus satélites hablan de cientos de empleos (hasta 1.100 en el caso de Otero), pero ocultan la letra pequeña: esos empleos son temporales, para la fase de construcción, y duran apenas unos meses. Una vez que la planta entra en funcionamiento, una instalación de 500 MW se gestiona de forma automatizada o con una decena de técnicos que, casi con total seguridad, ni siquiera residirán en Marazoleja o Anaya.
Mientras tanto, se elimina la productividad real de la tierra por un periodo de 30 o 40 años. En un contexto global donde la seguridad alimentaria empieza a ser una preocupación estratégica, España está permitiendo que sus mejores tierras de secano sean «jubiladas». Estamos cambiando pan por voltios, y esos voltios no bajarán el recibo de la luz de los vecinos de Marazuela o Marazoleja; irán directos a la red general para alimentar los dividendos de accionistas que no saben situar estos pueblos en un mapa.
Un modelo extractivo que se repite
Lo que ocurre hoy en Segovia es la repetición del modelo que España ha aplicado históricamente a sus zonas rurales: el sacrificio del campo en el altar del consumo urbano.
Este modelo de macroproyectos es la antítesis de lo que debería ser una transición energética justa. Una verdadera transición verde debería apostar por la generación distribuida, el autoconsumo en tejados industriales, la rehabilitación de zonas ya degradadas (como vertederos o minas abandonadas) y la creación de comunidades energéticas locales donde el beneficio revierta directamente en el ciudadano.
El riesgo de firmar la sentencia de muerte
Si no se frena este despliegue caótico, municipios como Marazoleja, Marazuela y Anaya recordarán el día en que aceptaron la «zanahoria» como el día en que firmaron su sentencia de muerte como pueblos vivos. La industrialización forzosa del campo no fija población; la expulsa al destruir el paisaje y las actividades tradicionales.
La transición energética es necesaria, pero no puede hacerse a costa de desmantelar la identidad, la ecología y el futuro productivo de la España rural. La «España Vaciada» no puede ser el vertedero industrial de las renovables. Es hora de exigir un modelo que respete la tierra y a quienes la habitan, antes de que el último agricultor de Marazuela o Marazoleja apague la luz y solo queden, en silencio, miles de hectáreas de silicio custodiando un territorio fantasma.
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