Expertos reprueban el golpe mediático de Sánchez para controlar y censurar la prensa

Pedro Sánchez quiere controlar la prensa y censurar a los medios independientes y críticos incluso con su cierre. El próximo 17 de julio presentará su propuesta que está pactando con los comunistas de Sumar.

En este contexto varios expertos (Borja Adsuara, de Abogado Digital, Carlos Hernández Echevarría, director adjunto de Maldita.es, y María Isabel Fernández Alonso, profesora de comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona) han debatido lo que supondrá para la libertad de la prensa la regulación que ha anunciado Sánchez.

En primer lugar, los tres expertos han lanzado varias advertencias sobre el peligro de caer en esta clase de dinámicas. Una de las principales funciones de una prensa libre es la fiscalización del poder, independientemente de su cariz ideológico, y en un escenario en el que el Gobierno ostentara la capacidad de expedientar a los medios de comunicación, la tentación de utilizar dicha capacidad para actuar en contra de todos aquellos que publiquen informaciones perjudiciales para ellos sería demasiado grande.

En palabras de Borja Adsuara, «cuando alguien se erige como intérprete de la verdad absoluta y se adjudica la capacidad de decidir qué es información veraz y qué no lo es, es peligroso, y más aún cuando se trata del Gobierno», aludiendo al evidente sesgo que se ha mostrado desde los poderes políticos a la hora de calificar el grado de veracidad de ciertas informaciones que les perjudican.

Para Carlos Hernández, que el Gobierno comenzara a repartir la etiqueta de «pseudomedio» según su propio criterio sería lo peor que podría pasar a este respecto: «El peor escenario es que cualquier gobierno venga con una lista de ‘este sí [es un medio de comunicación], este no’», pues esto acabaría por completo con la independencia que debe garantizarse a los medios para que éstos puedan aportar un servicio significativo a la sociedad. Adsuara complementaba esta tesis recordando cómo los mecanismos para regular las informaciones falsas ya están bien establecidos en la constitución y el código civil, pues todo ciudadano tiene derecho a llevar a los tribunales cualquier información que considere falsa y pueda causar alguna clase de perjuicio a su honor o su intimidad.

Con respecto al tema de la publicidad institucional, otro de los puntos que pretende regular el Gobierno de Sánchez, y según Fernández Alonso, «el volumen de ingresos públicos en los medios de comunicación es extraordinario», Y como la publicidad institucional no está calificada como un mecanismo de financiación, sino como el pago por un servicio de difusión de campañas publicitarias. Tanto el Gobierno central como las administraciones autonómicas estarían recurriendo a la publicidad institucional para invertir dinero en los medios sin tener que pasar por los mecanismos de financiación establecidos por ley, lo cual se trataría de una clara interferencia gubernamental en empresas informativas supuestamente independientes. .

Por último, los expertos han hablado del fundamental papel que juegan las plataformas digitales en la difusión de la información. Existen poderes con mucho interés en influir sobre qué informaciones llegan a cada consumidor en función de sus gustos, ideas e intereses. Por ello, estos algoritmos de recomendación tienen un alto potencial para ser utilizados para fomentar cierto contenido y enterrar todo aquel cuya difusión no interese al político de turno.  Llevan tiempo ejerciendo una labor editorial gracias al uso interesado de esta clase de algoritmos.

En definitiva, según los expertos, no es empleando armas dictatoriales de censura de la libertad de expresión y de prensa como se protege a los ciudadanos sino al  contrario, respetando y promoviendo la libertad de opinión y expresión aunque sea crítica. Pero esto no lo entiende el aprendiz de dictador… o quizás lo entiende demasiado bien.

Fuente: Enrique Cánovas| The Objective