Expertos jurídicos de EE.UU explicaron el lunes en un evento retransmitido por internet cómo la Ley de Igualdad podría amenazar la integridad de parroquias, organizaciones benéficas y escuelas católicas.
La Ley de Igualdad, aprobada por la Cámara de Representantes de EE.UU. el 25 de febrero, modificará la ley federal de derechos civiles y creará clases protegidas por la orientación sexual y la identidad de género, extendiendo esas protecciones a las mismas áreas en las que las cuestiones raciales están actualmente protegidas.
El lunes, varias diócesis católicas organizaron un seminario en línea «La Ley de Igualdad y lo que significa para los católicos». Un panel de expertos legales explicó el alcance de la ley, y hasta qué punto podría afectar a la práctica religiosa en Estados Unidos.
Al codificar y proteger la ideología de género en la ley, la Ley de Igualdad prohibirá esencialmente las enseñanzas de la Iglesia sobre la persona humana, dijo Ryan Anderson, presidente del Centro de Ética y Políticas Públicas.
La ley «hará que la verdadera antropología, la verdadera visión de la persona humana será tratada en muchas ocasiones como si fuera una discriminación injusta», añadió.
Y al no incluir exenciones religiosas, el proyecto de ley está concediendo esencialmente a las personas religiosas que creen en la verdadera naturaleza del hombre y la mujer «las mismas protecciones de libertad religiosa que [la Ley de Derechos Civiles] concede a los racistas», dijo Anderson.
El seminario web del lunes fue organizado por las archidiócesis de Los Ángeles y Nueva York, las diócesis de Arlington y Green Bay, y las conferencias católicas de Colorado y Virginia.
Los expertos señalaron la naturaleza expansiva de la Ley de Igualdad, diciendo que regularía una miríada de áreas de la vida pública, incluyendo la misión de las organizaciones benéficas y sin ánimo de lucro religiosas.
«La Ley de Igualdad impondrá la forma de servir a los demás», dijo Robert Vega, asesor político de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos (USCCB), quien explicó que la Sección 3 del proyecto de ley se extiende a los alojamientos públicos y «amplía enormemente los tipos de entidades cubiertas» por la ley de derechos civiles, para incluir cualquier lugar de reunión pública o cualquier negocio o servicio. Así, los onerosos requisitos de la ley podrían aplicarse a hospitales, albergues y posiblemente a iglesias y funerarias.
El artículo 9 del proyecto de ley, por su parte, «obliga a otros a hablar o actuar» a favor de la ideología de género, dijo Vega. La ley «anula las instalaciones y programas separados por sexo» y «permite que cualquier persona se autoidentifique de cualquier manera en cualquier momento», dijo, permitiendo así que los hombres que se identifiquen como mujeres transexuales puedan acceder a los refugios y vestuarios de mujeres.
Los grupos religiosos, las iglesias o las organizaciones que atienden a personas de todas las confesiones podrían considerarse alojamientos públicos y, por tanto, estar sujetos a la ley, explicó Vega.
«Los centros de acogida y adopción católicos se verían obligados a entregar niños a parejas del mismo sexo -lo que viola el derecho de los niños a tener una madre y un padre casados- o a cerrar», dijo Vega.
Los grupos de apoyo a las mujeres en crisis podrían tener que abrirse a los hombres, señaló. Los salones de las iglesias que atienden a personas de todos los credos podrían tener que permitir el acceso a los baños a personas del sexo opuesto. Incluso los recintos eclesiásticos que acogen actos comunitarios podrían ser considerados alojamientos públicos y, por tanto, obligados a acoger actos contrarios a su fe.
Los hospitales católicos, que atienden a todo el mundo, tendrían que ofrecer procedimientos de transición de género, y al menos cinco entidades sanitarias católicas se encuentran actualmente en batallas legales por mandatos estatales y locales similares, señaló.
La privacidad de las mujeres podría estar en juego con la ley, advirtieron los expertos del panel.
Algunos conservadores han citado la ley federal del Título IX -que prohíbe la discriminación por razón de sexo en las actividades educativas financiadas con fondos federales- como defensa de la integridad de los deportes femeninos y de los espacios sólo para mujeres frente a los mandatos transgénero.
Aunque la Ley de Igualdad técnicamente no modifica el Título IX, su Sección 6 esencialmente lo anula al aplicar la ley a las actividades financiadas con fondos federales, señaló Vega.
Además, la ley no tiene las protecciones religiosas que tienen las leyes estatales similares.
La Dra. Gabrielle Girgis, becaria postdoctoral del EPPC, señaló que los propietarios de negocios religiosos se han visto obligados recientemente a servir en ceremonias de bodas del mismo sexo, y que las agencias de adopción se han visto obligadas a emparejar niños con parejas del mismo sexo. Girgis dijo que la Ley de Igualdad continuará con esos mandatos coercitivos en muchos ámbitos.
Es la «primera normativa federal que se exime» de la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa (RFRA), señaló Girgis.
La RFRA, una ley de 1993, estableció una prueba legal que el gobierno debe cumplir cuando viola las creencias religiosas de alguien, dando así a la gente la oportunidad de argumentar sus creencias en los tribunales. Al eximirse de la RFRA, la Ley de Igualdad no permitiría recursos legales a quienes reclamen violaciones de la libertad religiosa en virtud de la ley.
«En ese sentido, es sin duda el mayor y más agresivo esfuerzo hasta ahora para expulsar a los creyentes religiosos tradicionales de la plaza pública», dijo Girgis sobre la Ley de Igualdad.
(InfoCatólica)
