La publicidad institucional ha sido utilizada por una parte de las Administraciones públicas para beneficiar a sus aliados mediáticos y castigar a sus enemigos. En teoría, esta técnica de comunicación debería emplearse para difundir, de forma eficiente, los mensajes de interés general que los gobiernos quieren trasladar a la sociedad, pero, en la práctica, este dinero ha servido en diversas ocasiones para repartir premios y correctivos en la prensa. El ejemplo del actual gobierno social comunista que gobierna en España es evidente. Pocos gobiernos han usado más descaradamente el dinero institucional para comprar voluntades.
Ley europea de libertad de medios de comunicación

Las instituciones europeas tratarán de corregir estas anomalías en la nueva ‘Ley europea de libertad de medios de comunicación‘, tal y como se recoge en el borrador que han elaborado el Parlamento Europeo y el Consejo.

El documento reconoce que existen «repartos opacos e injustos» de esta publicidad. También denuncia la forma en la que ha sido utilizada “para favorecer y subvencionar de forma encubierta a determinados medios de comunicación que ofrecen opiniones favorables» a los gobiernos y castigar, por tanto, a los no afines.

El objetivo es configurar el armazón legislativo necesario -el actual es “fragmentado y limitado”- en el espacio comunitario para evitar los repartos «arbitrarios» y «discriminatorios» de estas campañas.

El nuevo reglamento pretende que, a partir de ahora, los gobiernos estatales y regionales, así como las empresas públicas y organismos estatales estén obligados a adjudicar la publicidad con criterios “transparentes, objetivos, proporcionados» y “mediante procedimientos abiertos”.

El documento reconoce que estas actividades públicas de promoción suponen una importante fuente de ingresos para determinados medios de comunicación, pero advierte de que, si su distribución es “opaca” o “sesgada”, este dinero público puede convertirse en una “poderosa herramienta para ejercer influencia o para capturar” a los medios de comunicación.
Gasto creciente en España

Hay que tener en cuenta que el Gobierno de España gastará 158 millones de euros en publicitarse en 2022, frente a los 123 de 2021 y los 66 de 2020. A esta cantidad hay que sumar la que reparten empresas públicas y Administraciones regionales y locales, sobre cuyo destino, salvo excepciones, no existe información pública detallada.

Protección a las fuentes

La ‘propuesta de ley de medios’ se refiere a otro fenómeno que surgió con la digitalización de la información, que es el que está relacionado con los acuerdos entre los medios de comunicación y las grandes compañías tecnológicas. Estos pactos pueden distorsionar el mercado.

Por eso, entre otras cosas, la UE pretende que los ciudadanos tengan garantizada la libertad de elección de los contenidos que quieran ver cuando abran los navegadores de sus dispositivos electrónicos.

Este punto resulta importante, toda vez que servicios como Google Discover están muy extendidos y funcionan a partir de algoritmos y criterios que muchas veces no caminan en la misma dirección que el interés general.

(Con información de VozPopuli)