Ser español hoy es un deporte de riesgo. Esta afirmación la leía hace unos día y me hizo reflexionar ya que no es una exageración retórica. Cientos de miles de ciudadanos sienten miedo, rabia e impotencia ante una sucesión de crisis que afectan a su vida diaria. Robos, agresiones sexuales, apagones masivos, accidentes ferroviarios, colapso administrativo y escándalos políticos dibujan un país que no garantiza lo básico: seguridad, servicios esenciales y responsabilidad pública. ¿Qué ocurre en España? ¿Quién asume los errores? ¿Por qué nadie dimite? La acumulación de fallos genera una sensación peligrosa: la de un Estado que no protege como debe.
Infraestructuras fallidas y apagones que no se olvidan
El gran apagón del 28 de abril de 2025 dejó una huella profunda. Millones de personas sufrieron cortes de suministro. Trenes quedaron parados. Hospitales afrontaron dificultades operativas. Comercios bajaron la persiana. La escena mostró un país a oscuras en pleno siglo XXI.
La falta de coordinación y de información generó desconcierto. Casi un año después, nadie ha asumido responsabilidades políticas claras. La pregunta sigue viva: ¿quién responde ante un fallo de tal magnitud?
Accidentes ferroviarios y Danas: vidas truncadas
En pocas semanas, nuevos incidentes ferroviarios reabrieron el debate sobre inversión y mantenimiento. El último accidente, con un coste humano insoportable de 47 víctimas, volvió a situar la seguridad en el centro.
Los ciudadanos piden auditorías, comparecencias y explicaciones técnicas. Exigen responsabilidades. Sin embargo, la respuesta institucional resulta claramente insuficiente. Ninguna dimisión. Ninguna asunción de responsabilidades. La seguridad no admite propaganda ni excusas.
Las gotas frías, ahora denominadas dana, han provocado daños graves en Valencia con varios centenares de muertos. Presas desbordadas y gestión deficiente han incrementado el impacto. La combinación de falta de previsión y decisiones políticas desacertadas agrava las consecuencias naturales.
Cuando el Estado falla en lo básico, la vida cotidiana se convierte en un riesgo.
Miedo e inseguridad
Por otra parte, la percepción de seguridad en España ha dejado de ser una estadística oficial para convertirse en una preocupación primaria que se palpa en cada esquina. La realidad es incontestable: la inseguridad y el miedo se ha adueñado de nuestras calles, transformando lo que antes era libertad de movimiento en un constante estado de alerta. Ya no hablamos únicamente de la pérdida de bienes materiales o del aumento de los hurtos; hablamos del miedo estructural que ha alterado los hábitos de vida de los españoles, quienes hoy vigilan sus espaldas al caminar por barrios que antes sentían como propios.
Este clima de desprotección alcanza su punto más crítico en la vulnerabilidad de nuestras mujeres y jóvenes. El miedo ha mutado: ya no se teme solo al robo físico, sino a la integridad más íntima. La sombra de la agresión sexual proyecta hoy una oscuridad sobre la libertad personal que ninguna propaganda institucional puede ocultar. Cuando el Estado falla en su deber más básico de garantizar el orden y la seguridad, el ciudadano se siente abandonado ante una delincuencia que, lejos de remitir, parece haberse envalentonado ante la falta de una respuesta contundente y el deterioro del principio de autoridad.
Un país colapsado en lo esencial
La crisis no se limita a infraestructuras. La administración pública muestra síntomas de bloqueo. Conseguir una cita en el SEPE o en la Seguridad Social se convierte en una odisea. Sistemas de cita previa colapsan durante días. Ciudadanos realizan decenas de intentos sin éxito. Algunos deben desplazarse a otra provincia para completar un trámite básico. La administración no funciona. Es tercermundista.
Esta parálisis erosiona la confianza institucional. No hablamos de debates ideológicos abstractos. Hablamos de personas que necesitan resolver prestaciones, pensiones o ayudas familiares y que se encuentran abandonados.
Opacidad
La sensación de opacidad se instala. Muchos ciudadanos perciben que la gestión pública prioriza la narrativa frente a la eficacia. Cuando ministros ofrecen explicaciones sin asumir responsabilidades, la ciudadanía interpreta distancia y desprecio. La rendición de cuentas no puede convertirse en un eslogan vacío.
En medio de apagones, accidentes y fallos administrativos, ningún alto cargo, ningún ministros, y por supuesto Pedro Sanchez, asume consecuencias políticas. La ausencia de dimisiones alimenta la indignación social.
La responsabilidad no puede ser opcional en una democracia madura.
Miedo, rabia y deterioro institucional
La acumulación de crisis genera un clima emocional complejo. Miedo por la seguridad. Rabia por la falta de respuestas. Desconfianza hacia quienes gobiernan.
Familias pierden seres queridos en accidentes ferroviarios o en gotas frías. Hijas violadas, pequeños comercios sufren pérdidas por cortes de suministro. Pacientes afrontan retrasos por fallos logísticos. Cada episodio deja cicatrices concretas.
Un Estado existe para proteger. Debe garantizar seguridad, servicios eficaces y responsabilidad política. Cuando esas bases se debilitan, la confianza colectiva se quiebra. España necesita dirigentes que asuman consecuencias. Sin ese compromiso, la sensación de vulnerabilidad seguirá creciendo.
Mientras la vida de los ciudadanos no se sitúe por encima de cualquier interés partidista, ser español hoy es un deporte de riesgo.
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