En 2022 se registraron 2.325.358 delitos, la cifra más alta desde 2013. Los delitos que más crecen son las agresiones sexuales y la cibercriminalidad
El Ministerio recalca la tendencia al alza que se mantiene en los delitos contra la libertad sexual (17.389 infracciones penales el pasado año incluidas las violaciones frente a los 13.545 casos del año anterior a la pandemia).
De acuerdo con las estadísticas del Ministerio del Interior dirigido por Fernando Grande-Marlaska, los delitos que más han crecido respecto a 2021 son las agresiones sexuales (33,9%), de lesiones y riña tumultuaria (30,5%), hurtos (30,2%) y la cibercriminalidad (22,9%). Si se comparan con 2019, es decir, antes de la pandemia, lo que más aumenta son las faltas en la red (72%), seguido de las las denuncias por violación (53,2%) y los asesinatos (44,55%).
El Ministerio recalca la tendencia al alza que se mantiene en los delitos contra la libertad sexual (17.389 infracciones penales el pasado año incluidas las violaciones frente a los 13.545 casos del año anterior a la pandemia).
En cualquier caso, las cifras que arroja el informe suponen un récord en infracciones penales registradas, de los últimos diez años. Por detrás de 2022 se sitúa 2019, con 2.199.475 delitos (+5.7%, siempre comparado con la última estadística); 2013, con 2.172.133 faltas (+7,05%), y 2018, con 2.131.424 (+9,09%).
Incremento de la ciberdelincuencia
Por primera vez, el informe recoge la evolución de la ciberdelincuencia. Así, en el pasado año se registraron 375.506 delitos de este tipo, un 22,9 por ciento más que en 2021 y un 72 por ciento de aumento sobre 2019, el año de referencia anterior a la pandemia.
Y en este apartado las estafas informáticas -un total de 336.778- fueron las que más subieron, con un alza del 26,1 por ciento en relación a 2021 y del 75,1 por ciento sobre 2019.
Interior quiere ofrecer una información más completa acorde con la evolución real de la criminalidad en España, «afectada por la creciente penetración y el uso de internet desde hace ya algunos años». Ello «ha provocado una fuerte transición de la realidad delincuencial entre la criminalidad convencional o tradicional (el 83,9 por ciento del total), que desciende (un 1,6 por ciento respecto a 2019), y las nuevas formas de criminalidad cometidas en el ciberespacio, la cibercriminalidad, que mantiene una tendencia al alza».
Cárceles vaciándose con cada vez menos presos
Paradójicamente, este aumento de la criminalidad contrasta con los índices, en mínimos históricos, de la población reclusa. A finales del pasado año, según fuentes de Instituciones Penitenciarias, las prisiones acogían a 46.689 internos —39.202 penados y 7.487 preventivos—, el segundo dato de presos más bajo que se ha registrado en los 20 últimos años. En 2019, por ejemplo, había 50.129 internos en los centros; en 2013, 58.036.
El volumen de reclusos se ha reducido progresivamente desde 2010, un año después de que se llegase al pico con 65.500. Una tendencia que ha hecho que las prisiones españolas, exceptuando las de Cataluña y País Vasco—estas comunidades tienen la competencia penitenciaria transferida desde 1984 y 2021, respectivamente— tengan hoy casi 19.000 presos menos que hace 14 años. En este tiempo, el número de reos ha descendido en un 40%.
Un descenso que no obedece simplemente a un aumento o descenso de la criminalidad en España, sino también a políticas penitenciarias, reformas legales, que están provocando el vaciamiento de las cárceles.
Evolución
A lo largo de 2009, las prisiones del Estado llegaron a contar con 65.500 internos, registrando los índices de ocupación más altos. En 2010, con el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, sin embargo, el cambio del Código Penal tuvo el efecto contrario. La renovación legislativa rebajó las penas de delitos como el tráfico de drogas en pequeñas cantidades, lo que provocó el descenso de presos en las prisiones en adelante.
Por otro lado, en 2016 también influyó la incorporación de la permuta de las condenas de prisión por los trabajos en favor de la comunidad, en faltas contra la seguridad vial y de violencia de género. Lo que en la práctica ha evitado pisar la cárcel a decenas de miles de personas. Desde ese año hasta comienzos de 2020, la cifra de población reclusa se mantuvo entre los 50.000 y los 51.000.
En paralelo, tampoco ha de olvidarse la política penitenciaria que mantiene el Ministerio del Interior. Desde el comienzo de su mandato, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha ido implementando una estrategia, según admitió él mismo en el Congreso de los Diputados, en la que prima favorecer el desarrollo de la intervención tratamental, de los procesos de reinserción social, así como incrementar los regímenes de semilibertad.
En definitiva, hay una política legislativa de los gobiernos socialistas que han provocado el vaciamiento de las cárceles y, sin embargo, el aumento de los delitos. ¿O será por eso?
(Con información de the Objective)
