Sánchez potencia un coladero: solo expulsó a 3.000 inmigrantes en 2023 de los 57.000 que llegaron ilegalmente

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El Gobierno no tiene voluntad política de terminar con la inmigración, sino que ha optado por su promoción.

Las expulsiones están muy lejos del nivel de las entradas de los ilegales

El año pasado llegaron a España por vía marítima y terrestre un total de 56.872 inmigrantes ilegales. Esta cifra de entrada de ilegales supone un extraordinario aumento, del 82%, con respecto a la registrada en 2022.

En paralelo, según los datos del Ministerio del Interior, durante el año pasado fueron expulsadas 3.096 personas.  Así lo ha reconocido el Gobierno en el Congreso de los Diputados.

El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska ha justificado, precisamente, el aumento en los flujos migratorios, principalmente en Canarias, donde las entradas ilegales aumentaron un 154,5% con respecto a 2022, en el auge de las mafias que operan en las costas de Marruecos, en el Sáhara Occidental y en Mauritania.

Pedro Sánchez promociona la inmigración ilegal

Por el contrario, en total, entre 2020 y 2023, han salido de España 9.576 extranjeros en situación irregular. Esta cifra es espectacularmente más baja que la que se registró en los dos gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011). En ese periodo de ocho años fueron expulsados 81.000 extranjeros en situación ilegal. Esta clara diferencia entre expulsados en los dos gobiernos socialistas demuestra el nulo interés de Sánchez de abordar la inmigración ilegal. Es más, constata que la está promocionando.

Expedientes tramitados: la mayoría por delincuencia

Otro de los datos es el de expedientes de expulsión tramitados. El Ministerio del Interior incoó 1.410 recursos de expulsión de inmigrantes ilegales durante 2023. La cifra ha sido facilitada por la Dirección General de Policía a través del Portal de Transparencia. Los datos aportados detallan los actos sancionados y la gravedad de los hechos.

Así, la principal causa que genera la expulsión es que el extranjero haya sido condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa. Esa circunstancia tiene que suponer pena privativa de libertad superior a un año, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados. En esta situación se encontraban 1.276 inmigrantes.

¿Yihadismo?

Mientras, hasta 63 inmigrantes, según los datos facilitados por la Policía, participaron en actividades contrarias a la seguridad nacional. También el artículo 54.1.a de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social afecta a los inmigrantes que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países. Y es que la inmigración ilegal está sirviendo para la entrada de yihadistas en España.

 

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