España, el país que castiga más el ahorro, el patrimonio y las herencias

Los Estados más desarrollados abolieron los tributos de Patrimonio y Sucesiones hace más de una década o directamente nunca han existido en sus territorios.

España es el país de la OCDE que castiga con mayor dureza el ahorro, el patrimonio y las herencias, por las que existe un doble tributo sobre el bien en cuestión inexistente en casi ningún rincón del resto de la Comunidad Internacional. En los países desarrollados hace ya años que se suprimió el Impuesto de Patrimonio, mientras en otros nunca ha existido, al igual que el de Sucesiones. Sin embargo, el Gobierno de Sánchez está preparando una subida tanto de Patrimonio como de Sucesiones, con el fin de armonizar en todas las autonomías su gravamen.

De momento, en España desde el pasado día 1 de enero el Ejecutivo, presionado por Podemos, ha aumentado un punto el tipo que pagan los contribuyentes en el tramo más alto de Patrimonio. Los que superan 10 millones de euros pagarán a partir de ahora un 3,5%, frente al 2,5% del año anterior. No obstante, este tributo está cedido a las comunidades y muchos ejecutivos autonómicos bonifican total o parcialmente el mismo. En estos momentos, sendos tributos están cedidos con capacidad normativa a las regiones que, en la mayoría de los casos, lo bonifican total o parcialmente, y aunque va en contra del propio espíritu de la LOFCA su armonización, es lo que pretende el Ministerio de Hacienda, en anuencia con Esquerra Republicana, formación que sueña con eliminar lo que considera un trato de favor a los contribuyentes de la Comunidad de Madrid tan sólo por vivir en la capital de la Nación.

Mientras, María Jesús Montero defiende esta armonización, que se encuadrará en la reforma del sistema de financiación autonómica de las comunidades de régimen común, todas salvo el País Vasco y Navarra, que se llevará acabo en el presente ejercicio, los países de la OCDE caminan por otros derroteros. Francia ha sido el último país en abolir el tributo de Patrimonio en 2018, mientras Finlandia, Suecia o Luxemburgo lo hicieron ya entre 2006 y 2007. Solo Noruega mantiene un tipo de 0,85% al patrimonio, pero no existe el tributo sobre las herencias. Holanda es el único país que cuenta con ambas figuras fiscales, pero con un tipo máximo del 1,6% y sin gravar las rentas al ahorro, al igual que Suiza. La patronal madrileña CEIM advierte, en su informe sobre tributación del ahorro y su incidencia en la reactivación económica desde la perspectiva de la competitividad regional, de que «la tributación efectiva sobre el ahorro en España genera doble imposición y es confiscatoria. La tributación del ahorro erosiona por completo los rendimientos e incluso los mengua, una situación sin parangón en nuestro entorno comparado».

De hecho, el Tribunal Constitucional alemán prohibió, en su día, que el gravamen efectivo de la renta y el patrimonio superará el 50% y en Francia se situó en el 75%. Muchos países, sin embargo, nunca han tenido un tributo sobre el patrimonio. Es el caso, entre otros, de Italia, Grecia, Portugal, República Checa, Hungría o Reino Unido. Mientras, otros Estados lo han ido eliminando en las últimas décadas. Austria lo suprimió en 1993; Alemania, tres años más tarde, y en 1997, Dinamarca. Luego, en el 2001, se sumaron Polonia y Holanda, que lo incorporó al impuesto sobre la renta. Irlanda, Luxemburgo y Finlandia lo suprimieron en 2006 y Suecia, un año después.

Zapatero eliminó Patrimonio

El impuesto de Patrimonio comenzó a aplicarse en 1977 en España. En un primer momento, iba a ser un tributo temporal, pero en 1991 se convirtió en un impuesto más de la cesta de figuras tributarias. Más de quince años después de su implantación, el Ejecutivo socialista de Zapatero lo eliminó en 2008, aduciendo su escasa capacidad recaudatoria. Cuatro años más tarde, en plena recesión económica, el Ejecutivo volvió a recuperar esta figura tributaria. De nuevo, la pretensión era mantenerlo temporalmente mientras la economía salía del túnel. Sin embargo, su transitoriedad voló por los aires y una década después sigue vigente.

El Impuesto de Sucesiones es otro de los tributos más polémicos en el modelo de financiación autonómica actual. Junto a España, lo mantienen Francia, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Croacia, Italia, Lituania, Polonia, Hungría y Eslovenia. En nuestro país, algunas autonomías han aplicado su capacidad normativa suprimiéndolo prácticamente, como Madrid, y otras, como Cataluña, Asturias o Valencia, gravan sobremanera una herencia de padres a hijos de clases medias. Por ejemplo, un heredero de un piso valorado en 160.000 euros si vive en Madrid paga 22 euros, pero si hereda en Cataluña tiene que ingresar a Hacienda cien veces más.

Algo parecido ocurre si se trata de un contribuyente soltero de 30 años cuya herencia de sus progenitores asciende a 800.000 euros, de los que 200.000 corresponden a la vivienda del fallecido: no pagará nada en Cantabria, Galicia y Andalucía. En esta última comunidad es así desde que Ciudadanos entró en el Gobierno de Susana Díaz y se ha mantenido hasta ahora. Mientras, en Madrid abonará 1.586 euros y en Cataluña, 9.797. Esta cifra se sitúa muy por debajo de la minuta que pasa Asturias de 103.135 euros. La historia se repite con el Impuesto de Actos jurídicos Documentados.

Escriturar la compra de un piso de 150.000 euros cuesta 750 euros en Navarra y País Vasco. En Madrid, que ocupa el octavo lugar en donde menos se paga, se eleva a 1.125 euros y en Cataluña a 2.250 euros. Ante este panorama, Hacienda en lugar de animar a las autonomías a su supresión, pretende ahora crear un mercado único dentro de España en relación al Impuesto de Sucesiones, tributo cedido a las autonomías, en la reforma del sistema de financiación autonómica, que ya ha comenzado su Departamento a estudiar.

(Inmaculada G. de Molina. Diario La Razón)