El Gobierno de España, con fondos de la Unión Europea, está acelerando el control poblacional mediante la instalación de sistemas de videovigilancia inteligente en las estaciones de Cercanías de todo el país.
Bajo el proyecto RS3 (‘Renfe Smart Security Station’), se ha completado una primera fase con una inversión de 25,8 millones de euros y la instalación de sistemas de videovigilancia inteligente en 415 estaciones de Cercanías para recogida y procesado de datos de viajeros, financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE (NextGenerationUE). Este sistema de vigilancia masiva supone un paso más en el seguimiento y control de los ciudadanos, bajo el pretexto de mejorar la seguridad.
Un plan de control masivo disfrazado de seguridad
Renfe ya ha instalado sistemas de videovigilancia en 415 estaciones de Cercanías y planea extenderlo a 182 estaciones adicionales en una segunda fase que se iniciará en marzo de este año, según Gacetín Madrid. Con la finalización del proyecto en 2026, un total de 597 estaciones contarán con videovigilancia inteligente, lo que representa un claro avance hacia un sistema de control poblacional sin precedentes en España.
El plan contempla la implementación de más de 9.000 cámaras IP, 600 grabadores de CCTV y 600 servidores de analítica de vídeo. Todo esto permitirá analizar en tiempo real los desplazamientos de los ciudadanos, convirtiendo cada estación de tren en un punto de control y monitoreo de la población.
Una amenaza para la privacidad y la libertad de movimiento
El sistema no solo captura imágenes, sino que emplea inteligencia artificial para analizar los flujos de vídeo, permitiendo la identificación y seguimiento de personas sin su consentimiento. Esto significa que el Estado podrá saber a dónde vas, con quién te mueves y cuándo lo haces. En otras palabras, se trata de un mecanismo de control social sin precedentes en un país supuestamente democrático.
La digitalización de los sistemas de seguridad en estas estaciones se presenta como una medida de modernización, pero en realidad es una estrategia encubierta para ampliar el control sobre la ciudadanía. Se utilizarán algoritmos de reconocimiento facial y patrones de movimiento que pueden permitir la persecución de disidentes o el rastreo de cualquier ciudadano sin que este siquiera lo sepa.
El papel de la inteligencia artificial en la vigilancia total
Gracias a la colaboración con empresas tecnológicas como Infinity Neural e Imotion Analytics, Renfe contará con un sistema de análisis de imágenes avanzado que permitirá categorizar y predecir comportamientos de los viajeros. Esto convertirá las estaciones en espacios de vigilancia total, donde cualquier persona podrá ser objeto de análisis sin su consentimiento.
El discurso oficial se centra en la seguridad y la eficiencia, pero la realidad es que este sistema de vigilancia masiva representa un atentado contra la privacidad y la libertad individual. ¿Cuál es el verdadero objetivo de este control extremo? Todo indica que la agenda gubernamental busca centralizar el poder sobre la población mediante tecnologías de monitoreo invasivas.
Una estrategia de la UE para el control social
La financiación de este proyecto con fondos de la UE refuerza la idea de que este tipo de medidas forman parte de un plan mayor de control social dentro del marco de la Agenda 2030. Lo que se presenta como un avance tecnológico para mejorar la seguridad, en realidad oculta un sistema de control digitalizado que pone en riesgo la privacidad de millones de ciudadanos.
Este tipo de estrategias ya han sido implementadas en otros países europeos, donde las políticas de vigilancia masiva han sido criticadas por organismos de derechos humanos. Sin embargo, en España se han aplicado sin un debate público, sin consulta a la ciudadanía y sin regulaciones que protejan la privacidad.
Un futuro de vigilancia total
El avance del proyecto RS3 es un claro indicativo de que el Gobierno está dando pasos agigantados para consolidar un sistema de control total de la población. Lo que empieza en las estaciones de Cercanías se extenderá a otros espacios públicos, limitando la privacidad y la libertad de los ciudadanos.
Si no se pone freno a esta escalada de vigilancia, España podría convertirse en un país donde cada movimiento de sus ciudadanos esté registrado, analizado y archivado, sin posibilidad de escapar a un ojo gubernamental omnipresente. La seguridad no puede ser una excusa para la vigilancia absoluta.
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