Igualdad propone que los menores puedan cambiar de sexo en el registro sin informe médico.

Nuevo desencuentro dentro del Gobierno. La ministra de Igualdad, Irene Montero, filtraba ayer a medios afines el borrador de la ley para la igualdad de las personas trans que permitirá el cambio de sexo en el registro sin necesidad de informe ni tratamiento médico a partir de los 16 años, y entre los 12 y los 16 con consentimiento de padres o tutores. El texto incluye medidas en el ámbito sanitario, educativo, laboral y deportivo y abre la puerta también a que se pueda solicitar que no se especifique el sexo en los documentos oficiales de identidad para atender a quienes no se identifican ni con el genero masculino ni con el femenino.

Entre las prestaciones sanitarias, además de los tratamientos hormonales y quirúrgicos, la norma impulsada por Montero contempla que «las personas trans con capacidad de gestar» puedan recurrir a las técnicas de reproducción humana asistida. Y se concreta que se reconoce el derecho a la identidad de género libremente manifestada, sin necesidad de aportar diagnóstico médico o psicológico alguno de someterse a tratamiento previo. Como principal novedad, se elimina el requisito de diagnóstico de disforia de género para el cambio de sexo en el registro y será suficiente la libre declaración de la persona interesada. También se elimina el requisito de la mayoría de edad para solicitar la rectificación de la mención registral del sexo.

Mayores de 16 años

El texto del borrador del Ministerio Igualdad prevé que los mayores de 16 años estarán plenamente legitimados para solicitarlo; los menores de entre 12 y 16 años podrán hacerlo a través de sus representantes legales o con su consentimiento; y en el caso de los menores de 12, los padres o tutores podrán pedir el cambio de sexo registral con la conformidad de los niños. El borrador prevé multas de hasta 150.000 euros para sancionar las conductas discriminatorias muy graves, entre las que se incluyen las terapias de conversión de la orientación sexual o el acoso. Y prohíbe las citadas terapias de conversión y las cirugías de modificación genital de los bebés intersexuales y da a sus padres un plazo de un año para decidir el sexo con el que registrarlos.

Igualdad pretende iniciar la tramitación legislativa antes del 15 de este mismo mes. Pero no parece probable. A primera hora de la noche el Gobierno hizo pública una nota en la que precisaba que aún no ha consensuado el borrador, que según Moncloa responde «a los postulados que defiende Unidas Podemos», no el conjunto del Gobierno, y que el texto ha de seguir la «tramitación habitual» en la que participen distintos ministerios, como Justicia y Sanidad. El anteproyecto que se apruebe en el Consejo de Ministros «ha de tener dos principios: seguridad jurídica y calidad normativa». Y se recuerda que la pasada semana tuvo lugar una reunión entre la ministra Montero y la vicepresidenta Calvo para «comenzar» a trabajar en esta materia.

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Marga Prohens, señalaba a LA RAZÓN en primer lugar que «no se ha contado con el PP y a lo que estamos asistiendo es a una batalla más entre PSOE y Podemos, que tiene en contra a todo el movimiento feminista. Se trata de una cortina de humo de Irene Montero después de que ha visto cómo le han parado la Ley del sí es sí y que no le dejan tampoco legislar sobre el aborto».

Prohens mostró la preocupación de su formación sobre «lo que se está diciendo en torno a los menores de edad, sobre los tratamientos hormonales bloqueadores de la pubertad y sobre todos los temas de seguridad jurídica que podía tener esta ley. Nos preocupan», añade, «las consecuencias jurídicas de esta ley porque conocemos cómo intenta legislar Igualdad, que ha sido incapaz en un año de llevar una sola ley al Congreso que responda a la preocupación real de las mujeres.

Nos preocupa también cómo afectaría en la legislación contra la violencia de género». Quienes sí han salido en defensa del borrador es la Federación Plataforma Trans, que ha advertido al PSOE de que no apoyar este texto le puede suponer «una crisis de identidad». La presidenta de la plataforma, Mar Cambrollé, explica que desde el Ministerio se les ha trasladado que tienen «grandes problemas» con estos temas ahora que negocian con Carmen Calvo.

(Emiliano Cascos. Diario La Razón)

Por Redaccion

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