El Gobierno reconoce que vigila a los alumnos en las redes para que no viertan ciertas opiniones

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Ayer fueron con el Covid, hoy son las opiniones que consideran «antisemitas», mañana serán otras opiniones. ¿El objetivo? El control y la censura. Y lo peor es que lo admiten a las claras.

El Gobierno de Pedro Sánchez asegura que monitoriza el uso de internet de los estudiantes para evitar que se puedan lanzar contenidos de odio hacia los judíos

Tal y como ha asegurado el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria sobre las medidas que están tomando para combatir el antisemitismo en toda España, especialmente en centros escolares, Moncloa ha contestado que se sirve del Protocolo para combatir el discurso ilegal en línea para poder solicitar la retirada de los contenidos inadecuados.

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha remitido también al Plan Nacional de Implementación de la Estrategia Europea de Lucha contra el Antisemitismo, donde se recogen las acciones que ya están reguladas y previstas en nuestro sistema educativo, tanto para trabajar la convivencia en sociedades plurales como específicamente las referidas al estudio del Holocausto y el antisemitismo que están incluidas en los currículos de secundaria y bachillerato.

Censura, con la excusa de ir contra la desinformación

Pero esto no ha sido la primera vez ni la última. Estamos controlados.  Y cada vez más. Así, en el mes de abril de 2020, en plena pandemia del coronavirus, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tuvo que reconocer que el Gobierno de Sánchez había iniciado una monitorización de las redes sociales «con el fin de comprobar algunos discursos peligrosos e incluso delictivos», que englobó en lo que definió como «campañas de desinformación» en estas plataformas, con respecto a las críticas a la gestión de Moncloa de la crisis de la covid.
Posteriormente, en el año 2021, se creó el Protocolo para combatir el discurso de odio ilegal en línea, que nació ya como una censura generalizada y control de las redes sociales, «como una herramienta para reforzar la colaboración entre instituciones, organizaciones de la sociedad civil y empresas prestadoras de servicios de alojamiento de datos (Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, Microsoft y TikTok)»

Además, el Gobierno llegó a anunciar la creación de la figura conocida como «comunicador fiable» (trusted flagger, o informador de confianza) dentro de esta estrategia, que provendría de la Administración y de las empresas proveedoras de servicios de alojamiento de datos.

(Con información de el Debate)

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