El Gobierno presentará la ‘ley trans’ en el Consejos de Ministros del 29J

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Reconocerá la libre autodeterminación de género, es decir, que baste la voluntad de una persona para cambiar el nombre y el sexo en el DNI. La Ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha impuesto a Carmen Calvo, vicepresidenta del gobierno, que no quería que alguien pudiera cambiarse de sexo simplemente pidiéndolo ante el Registro Civil.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que el Consejo de Ministros dará luz verde el próximo martes 29 de junio “al anteproyecto de ley LGTBI”, una fusión de la ley trans y la normativa sobre LGTBI+. El anuncio se ha producido en Bruselas, donde Sánchez ha promovido junto al primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, una carta a favor del colectivo LGTBI+.

Después de varios intentos, el departamento que encabeza Irene Montero podrá cumplir así con el último plazo que se había marcado para iniciar los trámites de uno de sus principales proyectos. El texto llegará a la reunión del Ejecutivo coincidiendo con la semana de celebraciones por el Día del Orgullo el 28 de junio y tras meses de confrontación con la vicepresidenta, Carmen Calvo, a cuenta de la autodeterminación de género.

La ley incluirá la libre autodeterminación de género, el asunto más espinoso de esta futura normativa. Es justo el aspecto que ha enfrentado a los dos partidos del Gobierno, Unidas Podemos y PSOE, y que la vicepresidenta primera del Ejecutivo, la socialista Carmen Calvo, llegó a rechazar públicamente. La libre autodeterminación de género supone que basta la voluntad de una persona para cambiar el nombre y el sexo en el DNI, sin necesidad de informes médicos ni de años de hormonación, como ocurre ahora. La solución consensuada por ambos partidos para incluir este aspecto ha sido incluir tres meses como plazo administrativo desde que se solicita el cambio registral para que la persona ratifique su decisión.

Para el Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero (Unidas Podemos), que lleva desde febrero negociando y persiguiendo la aprobación de esta norma, la libre autodeterminación de género era irrenunciable, así como para los colectivos LGTBI+ que han sido consultados y escuchados durante el proceso. Finalmente, quedará incluida en la ley.

En el borrador del Anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, se recoge que “toda persona de nacionalidad española mayor de 16 años podrá solicitar por sí misma ante el Registro Civil la rectificación de la mención registral del sexo”. También dice que “en el plazo máximo de tres meses” desde su primera comparecencia, la persona encargada del Registro Civil deberá citarla de nuevo para que ratifique su solicitud “aseverando la persistencia de su decisión”. Una vez confirmada, se dictará la resolución “dentro del plazo máximo de un mes a contar desde la fecha de la segunda comparecencia”. Es decir, el plazo total sumará un máximo de cuatro meses.

La ley permitirá que se haga en el Registro Civil a los 14 años, pero las asociaciones esperan conseguirlo desde los 12 años.

Parte del feminismo español, y destacadas figuras del movimiento feminista ligadas al PSOE, se han mostrado contrarias a la autodeterminación de género, en la que ven una amenaza con consecuencias irreparables para las legislaciones y avances conseguidos por las mujeres.

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