El Gobierno de coalición quiere que la eutanasia sea un derecho al que puedan acceder todos los ciudadanos cuanto antes y sin ninguna cortapisa. Eso es lo que se desprende de las enmiendas que tanto PSOE y Podemos presentaron este miércoles en el Congreso a su propia proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia. La mayoría de sus propuestas para modificar el actual articulado de la norma están encaminados a acelerar los procesos, rebajar los requisitos y ampliar todo lo posible la cobertura de lo que han denominado «prestación de ayuda a morir».
Para poder cumplir con su objetivo, los grupos parlamentarios que forman la coalición de Gobierno proponen en sus enmiendas -a las que ha tenido acceso ABC- cuestiones muy controvertidas como la eutanasia exprés o que el suicidio asistido se pueda aplicar a una persona con «padecimiento crónico» y no solo a un enfermo terminal, como planteaba el texto original. Además las comisiones encargadas de supervisar todos los procesos ya no se llamarán «de control» sino que pasarán a ser «de garantía».
Acortar los plazos
Si salen adelante sus propuestas, los médicos que participen en la aplicación de la eutanasia podrán acortar el plazo de quince días naturales que la actual proposición establece entre la primera y la segunda solicitud que realiza el paciente para poder acceder a este «nuevo derecho».
El nuevo articulado precisa que podrán recortarlo «a cualquier periodo menor» si «consideran «inminente» la pérdida de «la capacidad del paciente para dar su consentimiento». En esos casos -y de salir adelante las enmiendas de ambos grupos parlamentarios-, la eutanasia también se podrá practicar «sin la verificación previa», es decir, el médico se podrá saltar también el último plazo de 24 horas que se otorga al paciente antes de la eutanasia para que decida «si desea continuar o desistir».
Otro de los puntos polémicos es la falta de garantías que la norma establece para que la decisión de morir sea realmente «libre, voluntaria y consciente». Con sus enmiendas, los partidos de la coalición del Gobierno proponen que prácticamente cualquier documento sea válido para que una persona pueda acceder a la eutanasia cuando no se encuentre «en pleno uso de sus facultades». Bastará que haya suscristo su petición con antelación en «el testamento vital, las voluntades anticipadas o en documentos equivalentes legalmente reconocidos».
En el texto original, el PSOE solo incluía «el documento de instrucciones previas», pero en las enmiendas se han añadido también como válidos todos los demás.
Requisitos laxos
Los requisitos para presentar la solicitud de eutanasia también son muy laxos. Ambos partidos pretenden que cuando «la situación personal o condición de salud del paciente no lo permita», la solicitud pueda «ser fechada y firmada» a través «de otros medios que le permitan dejar constancia» o «por otra persona plenamente capaz». La única condición es que lo haga «en presencia» del que solicita la eutanasia.
Entre las novedades más llamativas figura también que la nueva prestación -que será incluida en el Sistema Nacional de Salud- «se pueda realizar en el domicilio particular» del paciente y no sólo en «hospitales públicos, concertados y privados» como señalaba el texto original.
La nueva ley pretende dejar muy claro que la eutanasia no será en ningún caso un delito. Por ello, ambos partidos han decidido incluir el artículo 143 bis en el que se señala expresamente que cualquier «acto necesario y directo» que realice el médico o el personal del equipo asistencial y «cause o coopere a la muerte de una persona cuando esta sufra un padecimiento crónico o una enfermedad incurable dejará de ser «una conducta punible».
Amnistía
Para más inri, el Gobierno pretende también que esta nueva ley tenga además carácter retroactivo, al proponer una disposición transitoria en el que se deja claro que «estará exento de pena quien esté siendo investigado, o haya sido procesado o sentenciado, por hechos ocurridos antes de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia por el delito previsto en el artículo 143.4 del Código Penal, siempre que la persona fallecida reuniera los requisitos previstos» en la ley. Entre ellos, que conste «de manera inequívoca su voluntad expresa de poner fin a su vida».
El Gobierno no sólo plantea que la ley tenga efectos jurídicos antes de su entrada en vigor sino que además solicita a los tribunales que ya hayan dictado sentencia, que «revisen de oficio sus fallos firmes condenatorios con anterioridad a la entrada en vigor de la norma y en las que el penado se encuentre cumpliendo efectivamente la pena».
Tras sortear un paso más, la proposición de ley será debatida ahora en la Comisión de Justicia. Los grupos parlamentarios negociarán las enmiendas que finalmente se incorporarán al articulado definitivo de la ley. Una vez votada la ponencia, el texto se llevará al pleno del Congreso, donde será rechazado o aprobado.
La proposición de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia ha contado hasta ahora con un amplio apoyo parlamentario. Muy pocos partidos se han opuesto a la nueva norma, salvo PP y Vox, que presentaron sendas enmiendas a la totalidad pero fueron rechazadas.
El Gobierno sacará adelante esta ley pese al veto del Comité de Bioética. Este órgano asesor del Gobierno reprobó la semana este proposición por unanimidad y sin votos particulares.
(Laura Daniele. Diario ABC)
