El Ejecutivo tampoco ha informado, después de una pregunta parlamentaria en el Congreso, sobre el número de personas que han solicitado «el cambio de género» en las cárceles españolas.
El pasado 11 de marzo le preguntaron al Gobierno en el Congreso tres cuestiones distintas, relacionadas con la aplicación de la nefasta ley trans:
- «¿Cuántas personas han solicitado el cambio de género en los centros penitenciarios?»,
- «¿cuántas personas han solicitado el cambio de módulo al centro penitenciario de mujeres en España, alegando que son mujeres trans, desde el 28 de febrero de 2023?», y
- «¿cuántos traslados de centros penitenciarios, con motivo del cambio de género, se han producido desde febrero de 2023?».
En el documento de los parlamentarios que hicieron las preguntas se expone que «el 28 de febrero de 2023 el Gobierno aprobó» la ley trans, que introdujo «la autodeterminación de género, el derecho a cambiar de nombre y el sexo en el documento de identidad sin que sea necesario aportar informes médicos ni tratamientos hormonales». «La propia voluntad es requisito suficiente para cambiar de nombre y sexo sin necesidad alguna de informes médicos o pruebas judiciales», agregan.
El Gobierno se niega a contestar de manera concreta
El Gobierno en su respuesta, fechada el 19 de abril– se niega a señalar de manera concreta los datos que preguntan los parlamentarios. Así pues, el Ejecutivo se limita a indicar que «en relación con el asunto interesado, se señala que los centros penitenciarios no son el órgano competente al que una persona privada de libertad ha de dirigirse para un cambio de sexo. La población reclusa puede mantener comunicaciones formales con otras administraciones para el trámite que considere oportuno».
Igualmente, en la contestación se asevera que «las solicitudes de cambio de módulo o departamento que realicen personas privadas de libertad son estudiadas e informadas caso a caso, al amparo de la normativa penitenciaria en vigor, por los diferentes órganos personales y colegiados de cada uno de los establecimientos penitenciarios».
Respecto a los traslados de las mujeres trans de «centros penitenciarios» el Gobierno indica de manera farragosa que «los órganos competentes para valorar las solicitudes de los internos son las Juntas de Tratamiento, tras el estudio pertinente de los Equipos Técnicos de los diferentes establecimientos penitenciarios con base en el principio de individualización, con un análisis holístico de cada uno de los casos».
«Finalmente, se señala que no existe un registro específico centralizado para las solicitudes por las que se interesan Sus Señorías», zanja la respuesta del Ejecutivo en la que no se informa sobre el número de presas trans que han pedido o se han cambio de módulo alegando ser hembras.
Ramiro Fdez-Chillón | El Debate
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