La intención de la nueva Moncloa es dar también una «solución» al ex presidente fugado. Pero no se moverán hasta «ver» la actitud independentista.
La revolución que Pedro Sánchez ejecutó el pasado fin de semana en su Gobierno se ha intentado leer en algunos círculos socialistas como el mensaje a los independentistas de que «no quiere más tonterías en Cataluña». Es una interpretación sesgada y a beneficio de la parte del PSOE más crítica con esta negociación, pero, también es cierto, que en el nuevo Gobierno pisan un poco el freno en la cuestión catalana con la excusa de la inexperiencia del nuevo Gabinete.
Esto no quiere decir que rompan la negociación ni que enmienden su decisión de no levantarse de la «mesa» bilateral, que tiene que reunirse en septiembre. Pero Moncloa necesita «escudos» para sentarse en ese «polvorín» en el que solo comparten con ERC la idea de que esta vez sí que deben estirar los tiempos todo lo posible, hasta que se acerque el final de la Legislatura, dentro de ese pulso en el que las dos partes saben que es imposible llegar a un acuerdo sobre la consulta de la independencia. A la Generalitat y al Gobierno central les interesa mantener en clave catalana ese foro, aunque sólo sirva para que luego la Generalitat culpe al Gobierno, y el Gobierno a la Generalitat, de que hicieron lo posible, pero no hubo manera de que esta vez sí hubiera una solución para el «conflicto», término que ya asumen los dos interlocutores.
En la estrategia del anterior y del nuevo Gobierno de Sánchez sigue siendo clave la pieza del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Para Moncloa es una decisión complicada, pero prácticamente ya dan por amortizados los indultos en cuanto a penalización de la ciudadanía, y creen que la solución para Puigdemont y el resto de políticos fugados puede tener, a la larga, más ventajas que inconvenientes. La clave, explican fuentes de la negociación con ERC, es manejar bien sus «cartas» para sostenerle la partida a Oriol Junqueras. En ERC quieren al ex presidente prófugo lejos, cuanto más lejos, mejor.
Y en la «fontanería» del Gobierno saben que Puigdemont puede serles útil y llevan tiempo, además, cultivando la idea de que los políticos fugados siguen siendo un problema para España porque circulan supuestos informes en Estrasburgo y en el Parlamento Europeo que siembran dudas sobre nuestro Estado de Derecho. «La internacionalización del conflicto les salió bien. Y todavía sigue sin entenderse en muchos ámbitos qué ocurre con Puigdemont», explica el argumentario gubernamental.
Ahora bien, de la misma manera que hacen esta concesión, en la parte del Gobierno también marcan su terreno y reconocen que no se ha avanzado nada en el tema Puigdemont «ni es probable que se mueva nada antes de septiembre». «Y mucho más con un cambio en el Ministerio de Justicia». La vía inicial, en una hoja de ruta que recoge de arranque el problema de los independentistas que se dieron a la fuga, era la reforma del Código Penal para rebajar los delitos de sedición y rebelión.
Una propuesta que quedó esquinada a petición de ERC en la negociación bilateral que desde hace tiempo mantiene con el Gobierno de Sánchez. ERC prefirió la vía de los indultos, porque beneficiaba solo a su líder Junqueras, y por ahí avanzó el Ejecutivo, aunque la reforma del Código Penal sigue siendo una posible salida para facilitar el regreso de Puigdemont a España. La confirmación de esta iniciativa la realizaron en junio de 2020 y se justificó en la necesidad «de adecuar nuestro marco penal a los estándares europeos». Los delitos de sedición y rebelión «están desfasados», explicó entonces Moncloa.
Tras la remodelación del Gobierno, la tesis es que «resulta precipitada cualquier aproximación mínimamente seria al tema de Puigdemont hasta que no se sepa cuál va a ser la actitud de los independentistas en la mesa». «Mover antes cualquier pieza sería muy ingenuo».
Conclusión: ERC determinó la vía final para conseguir la libertad de Junqueras y demás políticos independentistas condenados por el «procés». Y su posición en esta negociación también puede ser decisiva en el futuro de Puigdemont y demás fugados.
Antes de las vacaciones de verano está la prueba de la Conferencia de Presidentes autonómicos. ¿Asistirá el nuevo presidente de la Generalitat, Pere Aragonés? El independentismo ha convertido en una tradición no participar de los foros multilaterales que igualan a todas las comunidades en la negociación. Y el nuevo equipo de Presidencia de la Generalitat sostiene, igual que hacían Puigdemont o Quim Torra, que esos foros no sirven para nada porque se quedan en la foto. Pero ERC también está en la línea de marcar diferencias con la etapa de gobierno de Puigdemont en la gestión y en la capacidad de mantener sobre Madrid una doble vía de presión, la de la independencia, y la económica y social. En la medida en que saben, aunque no lo reconozcan en público, que la independencia no tiene por ahora salida, y que de la «mesa», por más que insistan, no sacarán el acuerdo para la consulta de si independencia sí o no.
En esta estrategia de no renunciar a la independencia, mantener la presión, a la vez que se aprieta para conseguir avances materiales en inversión, financiación o infraestructuras, en ERC dan a entender que la presencia de Aragonés en la Conferencia de Presidentes depende de que entienda si es útil o no. La puerta la dejan medio abierta, y en la parte socialista confían en que Aragonés sí acuda a la cumbre autonómica.
Por supuesto, si se confirmara la circunstancia de que Aragonés participa en esa Conferencia de Presidentes, convocada para finales de este mes en Salamanca, su discurso no rebajará la tensión secesionista, mientras que el Gobierno de Sánchez, bajo ese ruido, tratará de «vender» el mensaje de que es un nuevo gesto que confirma la necesidad de seguir avanzando en la política de «reconciliación».
(Carmen Morodo. Diario La Razón)
