Se han interpuesto numerosas acciones penales contra Pedro Sánchez, Salvador Illa o Fernando Simón en Juzgados de Instrucción o en el Supremo.
El Gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a una avalancha de querellas, denuncias y demandas por su gestión de la pandemia del coronavirus. Hasta la fecha, se han interpuesto numerosas acciones penales en los Juzgados de Instrucción y ante el Tribunal Supremo contra el propio presidente del Gobierno.
También contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa; los delegados del Gobierno que autorizaron marchas multitudinarias como las del 8-M en plena crisis de la covid-19. Tampoco se libran de los tribunales los expertos del Ministerio de Sanidad y la cara visible de todos ellos, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. A continuación, repasamos algunas de estas acciones judiciales.
Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla
La titular del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, investiga una denuncia presentada por un abogado particular contra el delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco, por un delito de prevaricación por las marchas multitudinarias autorizadas en Madrid entre el 4 y el 14 de marzo en plena crisis de la covid-19. Entre ellas, las marchas del 8-M.
Posteriormente, el sindicato Manos Limpias presentaba una querella también contra el propio delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes y prevaricación.
También en los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla una víctima del coronavirus presentaba una querella contra Fernando Simón y otros 3 altos cargos del Ministerio de Sanidad, horas antes de fallecer, por delitos contra la salud pública, homicidio y lesiones imprudentes, y omisión del deber de perseguir los delitos.
Tribunal Supremo
Un abogado particular presentaba la primera denuncia contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la Sala Penal del Tribunal Supremo por presuntos delitos de prevaricación y delitos de lesiones por imprudencia profesional al permitir la manifestación del 8 de marzo.
El sindicato de funcionarios CSIF ha presentado una denuncia ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, por un posible delito contra los trabajadores en la gestión de la crisis del coronavirus. Según la denuncia, «la falta de previsión y las insuficientes medidas de protección con las que cuentan los/as profesionales del Sistema Nacional de Salud pueden ser constitutivas de delitos contra los trabajadores por infracción de las normas en materia de prevención laboral, de lesiones y homicidio imprudente«.
Vox ha presentado una querella en el Supremo contra Pedro Sánchez por los delitos de imprudencia grave con resultado de muerte, lesiones por imprudencia grave y contra los derechos de los trabajadores por omisión de las medidas de seguridad, como consecuencia de la gestión que el Gobierno ha llevado a cabo de la crisis del coronavirus.
El Consejo General de Enfermería de España ha presentado una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y varios cargos de su departamento, entre ellos, Fernando Simón, por un delito contra la seguridad de los trabajadores e imprudencia grave con resultado de lesiones o de muerte.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso presentado por un abogado particular contra el decreto de estado de alarma del Gobierno de Pedro Sánchez del pasado 14 de marzo para hacer frente a la pandemia de coronavirus por vulnerar supuestamente los derechos fundamentales de Libertad, Reunión y Circulación. La Sala Tercera estudia actualmente numerosos recursos similares.
Otras acciones contra la gestión del Gobierno
En las últimas semanas se han presentado más de un millar de quejas ante el Defensor del Pueblo, el socialista Francisco Fernández Marugán, relacionadas con la crisis del coronavirus. Alguna de las quejas presentadas denuncia que el Ejecutivo de Sánchez «ha incumplido el Reglamento Sanitario Internacional». Mientras, varias plataformas de víctimas de la covid-19 preparan querellas criminales contra el Gobierno de Sánchez y demandas patrimoniales al Estado por la vía Contenciosa.
Por último, numerosos colectivos, sindicatos o asociaciones sanitarias o policiales han solicitado medidas cautelarísimas para que el Gobierno les dotase urgentemente del material de protección sanitario para luchar contra la pandemia.
(Miguel Ángel Pérez. Libertad Digital)
