El desacuerdo entre los miembros del tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó a Josep Lluis Trapero se ha saldado con la absolución del mayor de los Mossos por su actuación durante los momentos claves del «procés», en concreto, en el asedio a la Guardia Civil el 20 septiembre ante la Consejería de Economía de la Generalitat, y en el referéndum ilegal del 1-O. Fuentes jurídicas han confirmado a ABC esta decisión, así como que uno de los magistrados, en concreto la presidenta del tribunal, Concepción Espejel, ha suscrito un voto particular favorable a una condena por sedición.
La sentencia, que será notificada mañana miércoles a las partes, llega después de cuatro meses de juicio interrumpido temporalmente por el estado de alarma. La vista quedó visto para sentencia el pasado junio. Pese a que la Fiscalía comenzó la vista pidiendo una condena por rebelión, se esperaba que esa calificación se rebajara a sedición en consonancia con el fallo del Supremo que condenó a los líderes del «procés». Lo que no era tan previsible es que la nueva Fiscalía General, ya con Dolores Delgado al frente, iba a ofrecer al tribunal una condena por desobediencia como alternativa a la sedición, lo que implicaba que, en caso de optar los magistrados por esta última opción, el mayor no iba a pisar la cárcel. La sedición, por contra, se castiga con diez años de cárcel.
En su informe final, la Fiscalía mantuvo que la Policía autonómica dificultó gravemente el cumplimiento de la orden judicial que impedía la celebración del referéndum, y que en este contexto Trapero jugó un papel fundamental. Le consideró un pilar más del plan secesionista del que también formaban parte, según el Ministerio Público, los máximos responsables de la Generalitat, del Parlament y de las asociaciones independentistas encabezadas por Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
Para el Ministerio Público, los acusados, entre los que también se encontraba la intendente Teresa Laplana y los mandos políticos de Trapero, César Puig y Pere Soler, fueron una «pieza clave» para, dentro del ambito de sus respectivas competencias, «impedir o dificultar gravemente el cumplimiento de las órdenes emanadas por los Tribunales de Justicia con la finalidad de llevar a cabo el plan secesionista ideado conjuntamente por los máximos responsables del Govern y del Parlament de la Generalitat así como por los líderes de los grupos parlamentarios y de las asociaciones independientes, condenados por el Tribunal Supremo en su sentencia de 14 de octubre de 2019».
Así, y pese a las instrucciones dadas por el fiscal-jefe del TSJ de Cataluña para impedir el 1-O y de las resoluciones del Tribunal Constitucional que declararon la inconstitucionalidad de la consulta, los acusados, «vulnerando su especial obligación de acatar la Constitución como norma fundamental del Estado, dieron cobertura efectiva a las actuaciones de una parte de la población catalana movilizada desde las instituciones autonómicas y las asociaciones independentistas».
Como sucedió en el juicio del «procés» en el Tribunal Supremo, los testimonios contradictorios del coordinador del dispositivo del 1-O, el recientemente cesado jefe de la Comandancia de Madrid Diego Pérez de los Cobos, y el del número dos de Trapero, el comisario Ferrán López, sobre el plan establecido para impedir el referéndum ilegal, fueron las principales pruebas de cargo (y, a la vez, de descargo) del «mayor» de los Mossos. Durante el juicio, el primero volvió a mantener que la inactividad de sus agentes fue premeditada y que había un plan conjunto de actuación entre los tres cuerpos para cerrar los colegios. Un plan que el «mayor» incumplió. Para el segundo, Pérez de los Cobos era perfectamente consciente de que las parejas de Mossos (los llamados binomios) que fueron a los centros a partir de las seis de mañana de aquel 1-O no tenían medios para cerrarlos y que la Policía autonómica contó en todo momento con que era una labor que correspondía a la Policía Nacional y a la Guardia Civil.
«Motivación ideológica»
Durante su declaración, Trapero señaló ante el tribunal la imposibilidad de enfrentarse a 2,3 millones de votantes con 7.000 efectivos y atribuyó a una «motivación ideológica» individual la connivencia que se vio en «algunos» con quienes incumplían el mandato judicial. «Jamás se ha dado una orden diferente de lo que se ha asumido por escrito», dijo el «mayor», en referencia al dispositivo policial que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado acordaron delante de la juez del TSJ de Cataluña. Sin embargo, y como él mismo reconoció en el juicio, puso en conocimiento del exconsejero de Interior Joaquim Forn las instrucciones de la Fiscalía para evitar el referéndum ilegal del 1-O, pese a que algunas de ellas eran secretas.
(Nati Villanueva. Diario ABC)
