Así el Gobierno de Sánchez blindó durante años a un presunto violador para tenerlo dócil y controlado
El terremoto que ha sacudido la Policía Nacional estos días no es un “caso aislado”. Es la prueba definitiva de cómo Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska han convertido la cúpula policial en un feudo de lealtades compradas a base de secretos sucios. El ex director adjunto operativo (DAO), José Ángel González Jiménez —el todopoderoso “Jota”—, dimitió el 17 de febrero tras una querella admitida por agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos. Una subordinada lo acusa de violarla con penetración en abril de 2025 en un piso oficial del Ministerio del Interior, mientras ella estaba de servicio.
Hay un audios y testigos. Hay presiones posteriores con llamadas insultantes (“borrica”, “gilipollas”) y el intento de comprar su silencio ofreciéndole ascensos y destinos. Pero la pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta en Ferraz es la que quema: ¿por qué Marlaska lo mantuvo siete años y medio en el cargo más poderoso del cuerpo, incluso prorrogándole la jubilación con un decreto exprés de la DANA? La respuesta es tan sencilla como repugnante: porque un jefe con escándalos a cuestas es vulnerable, dócil y, sobre todo, fiel.
Los medios estos días han destapado el currículum negro de González:
- La agresión sexual con violencia y coacciones que incluye una grabación donde se oyen claramente las negativas de la víctima.
- La campaña de acoso telefónico y presión psicológica orquestada desde su entorno más cercano, con su “mini-DAO”, el comisario Óscar San Juan (ya cesado), como ejecutor.
- El uso indebido de recursos oficiales (malversación) para tapar el escándalo. • Los rumores que eran “secreto a voces” en la Policía: “a Jota le costaba subirse la bragueta”, decían los mandos que lo conocían de toda la vida.
- El incidente silenciado de los años 90 en Valladolid: detenido tras sacar su arma reglamentaria en un prostíbulo durante una reyerta. Altos comisarios (entre ellos Segundo Martínez, hombre de Zapatero) lo taparon. Cero consecuencias.
Y aquí viene el detalle que une todos los puntos: la trayectoria de González está pegada a Valladolid como una lapa. Casi 20 años al frente de la UIP (antidisturbios), comisario provincial entre 2005 y 2014. Precisamente en Valladolid, en diciembre de 2025, fue detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional, el inspector Luis Fernández Rafael, acusado de liderar una banda que robaba parte de los alijos de cocaína para venderlos de nuevo a un clan dominicano. 100.000 euros en efectivo ocultos, pisos, lujo… Siete detenidos. El mismo ecosistema policial vallisoletano donde “Jota” construyó su carrera y donde los favores se pagan con silencio.
No hay prueba judicial directa que una al exDAO con ese caso concreto, pero la coincidencia geográfica y temporal es tan evidente que huele a red. Y no olvidemos al anterior jefe nacional de antidroga (UDYCO) que también cayó en escándalos de corrupción bajo el mismo mando político. El patrón es idéntico: mandos con trapos sucios que, precisamente por tenerlos, nunca muerden la mano que los protege.
Esto no es mala suerte. Es estrategia. Mantener a personas corruptas o comprometidas en puestos clave —policías, jueces, periodistas— es la forma más antigua y eficaz de control mafioso. El corruptible no traiciona porque sabe que, si lo hace, cae él primero. Sánchez y Marlaska lo han aplicado al milímetro en Interior. Mientras la Policía de a pie se juega la vida en la calle, la cúpula se pudre por dentro.
La práctica mafiosa que supone tener personas corruptas bien amarradas alrededor en cargos de mando, especialmente si son policías, periodistas o jueces, es el cáncer que devora el Estado de Derecho. Y mientras no se extirpe de raíz, España seguirá siendo rehén de quienes usan la ley para tapar sus vergüenzas.
Alfonso P. Sanz | Jurista y escritor
