En su informe anual de Derechos Humanos, la diplomacia norteamericana alerta de la gravedad de la corrupción política, y apunta a Podemos y Monedero.
La última edición del informe sobre la situación mundial de los Derechos Humanos que cada año elabora la diplomacia norteamericana denuncia que el actual Gobierno español cometió en 2020 actos que interpreta como de «violencia y acoso» contra la libertad de expresión y de prensa. El documento elaborado por el departamento de Estado, presentado este martes, recoge diversas denuncias «de ataques verbales de miembros del Gobierno a determinados medios de comunicación y periodistas concretos».
El informe, que fue elaborado durante los últimos meses de la Administración del republicano Donald Trump y finalizado y presentado por la del demócrata Joe Biden, recoge que «el 1 de marzo, el presidente Pedro Sánchez acusó a los medios ‘conservadores’ de ‘agitar la sociedad’ cada vez que los conservadores pierden unas elecciones. El mismo día, el vicepresidente segundo y secretario general del partido Podemos, Pablo Iglesias, afirmó que la prensa crítica con el gobierno había ‘ofendido la dignidad del periodismo’. También en marzo, Iglesias amenazó con enviar a prisión a un periodista por publicar información comprometedora sobre su partido, especialmente sobre su financiación».
Para la diplomacia norteamericana, que publica este informe cada año, hay varios incidentes como este ocurridos en 2020 que ponen de relieve el riesgo que corre la libertad de prensa en España en este momento. Las principales amenazas proceden del Gobierno, de los partidos populistas Podemos y Vox y de las instituciones públicas catalanas, utilizadas para avanzar la causa del independentismo. Además, el informe denuncia de forma muy contundente la corrupción política en España y en concreto cita el ejemplo de Podemos.
El informe, presentado este martes por el secretario de Estado, Antony Blinken, afirma claramente que «la corrupción es un problema» en España. «Los casos de corrupción cruzaron las fronteras de partidos, regionales y municipales y, si bien la acumulación de casos es significativa, los analistas señalan que los tribunales siguen procesándolos independientemente de la presión política», añade el texto, dejando de este modo patente que sí hay una presión política sobre la instrucción de esos casos de corrupción, aunque sea infructuosa.
Sobre la corrupción en 2020, el informe da un ejemplo solo, relativo al partido Podemos: «El 11 de agosto, un juez de Madrid acusó formalmente a miembros destacados del partido Podemos de supuesta malversación de fondos públicos y fraude relacionados con la financiación de las reformas de su sede y contratos de consultoría durante las campañas electorales de 2019». Recoge el informe que la investigación de corrupción tuvo su origen en el testimonio de los exabogados de Podemos José Manuel Calvente y Mónica Carmena, quienes denunciaron «irregularidades económicas, incluida la adjudicación de la renovación de la sede del partido y el pago sobresueldos a los miembros del partido».
«Los abogados también afirmaron que Podemos estaba vinculado a Neurona Consulting, una supuesta empresa fachada utilizada para desviar dinero a través de contratos realizados durante la campaña de las elecciones generales de abril de 2019 y supuestamente para pagar comisiones al fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero», dice este detallado informe.
Riesgos populistas
En el apartado de las amenazas a la libertad de expresión, el informe diplomático destaca los ataques a la prensa tanto de Podemos como de Vox. Del primero, denuncia: «En julio, tras los comentarios de Iglesias contra la prensa y un tuit del portavoz en el Congreso del partido Podemos, Pablo Echenique, atacando la profesionalidad de un presentador de televisión, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España condenó a Iglesias y Echenique por intentar ‹coaccionar e intimidar› a los periodistas que ejercen libremente su profesión».
El 4 de julio Echenique descalificó al presentador de Antena 3 Vicente Vallés al decir que lo que le pasa «es simple y es lo mismo que le ocurre a toda la derecha y la ultraderecha: Le produce sarpullido que las cloacas no consiguieran su objetivo y Unidas Podemos esté en el gobierno. Está en su derecho, pero que no lo llamen informativos». Según el nuevo informe de EE.UU., «Reporteros Sin Fronteras (RSF) pidió a la dirección del partido Podemos y a todos los partidos políticos que respeten la libertad de prensa», dice.
Además, el informe denuncia que «RSF culpó a los repetidos ataques contra los medios de comunicación por parte del partido Vox de provocar presiones verbales y físicas a los reporteros durante las protestas en todo el país de mayo contra las políticas gubernamentales por el Covid-19. En un caso, varias personas agredieron a un fotógrafo que cubría una protesta en Madrid, arrojaron su cámara al suelo y le rasgaron la camisa. RSF también expresó su preocupación por el acoso digital de Vox a periodistas críticos y servicios de verificación de hechos, y condenó a Vox por prohibir a algunos medios de comunicación asistir a sus conferencias de prensa y eventos electorales». En junio, Vox prohibió el acceso a sus sedes y actos a periodistas de El País, entre otros medios.
Un año más, el informe denuncia que la situación en Cataluña, con el pulso independentista de por medio, hace muy difícil el libre ejercicio del periodismo. «En febrero, la Federación Internacional de Periodistas advirtió en su informe anual relativo a 2019 del aumento de los casos de violencia contra el ejercicio del periodismo en Cataluña, afirmando que esta comunidad se ha convertido en ‘territorio peligroso’ para los periodistas». Ya el año pasado, la edición anterior de este informe denunció ataques a periodistas que cubrían actos independentistas en Barcelona.
Los catalanes no son una minoría
Como en años anteriores, el informe recoge las denuncias de los líderes del proceso independentista catalán sobre supuesta persecución política, incluido el encarcelamiento arbitrario. El informe de la diplomacia norteamericana, sin embargo, afirma que «ni el Gobierno ni ninguna ONG internacional de derechos humanos apoya la denuncia» de que en España existan «presos políticos». Es más, insiste el informe en al menos cuatro ocasiones ocasiones en que las denuncias de separatistas de que son una minoría perseguida no tienen sentido, porque «el Defensor del Pueblo rechaza la categorización de la población catalanoparlante como una minoría».
El informe refleja que «miembros de las fuerzas de seguridad cometieron algunos abusos», aunque en España, asegura, «la impunidad no es un problema significativo». En general, el informe recoge las denuncias de Amnistía Internacional sobre «uso ilegal de la fuerza en la ejecución de medidas de encierro» durante el punto álgido de la pandemia de coronavirus. En concreto, cita la detención violenta en Bilbao en marzo por parte de tres agentes de la Ertzaintza de un joven africano con problemas mentales y su madre, que intentaba ayudarle.
Por último, según recoge el documento en su apartado relativo a España, las condiciones en diversos centros penitenciarios de este país son mejorables. «Hubo algunos informes sobre las condiciones de las prisiones y los centros de detención que plantearon preocupaciones en materia de derechos humanos», afirma. «Las ONG informaron sobre hacinamiento extremo en algunos centros de detención temporal de migrantes debido en parte a la pandemia de Covid-19», añade.
Un informe con mucha tradición
El informe se elabora desde 1977 y en él se analiza la situación de los Derechos Humanos en todo el planeta. Para elaborarlo, la división encargada de asuntos relativos a la democracia, los Derechos Humanos y el trabajo del departamento de Estado utiliza informes de las embajadas de EE.UU., gobiernos extranjeros y organizaciones no gubernamentales. Cada año, este detallado análisis se envía al Capitolio para que conste en el registro de las cámaras legislativas y sirva de guía para la aprobación de leyes que afecten a las relaciones exteriores del país.
(David Alandete. Diario ABC)
