La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha dado luz verde a los fiscales para que avalen las comisiones rogatorias cursadas por un juzgado de Argentina en el marco de una querella por genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. Con esta decisión, Delgado anula la orden que había dictado su antecesora, María José Segarra, quien, con carácter general, instaba al Ministerio Público, a oponerse a dichas comisione rogatorias.
En la “Nota interior” de Delgado, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, se esgrime el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial entre España y Argentina, así como el “canje de notas” entre ambos países de 1991.
Desde entonces, destaca al respecto la fiscal general, tanto la continuidad de las iniciativas de organismos internacionales para el fomento de los “principios de Justicia universal, la reducción de ámbitos de impunidad y el acceso a la Justicia y reconocimiento de los derechos de las víctimas de crímenes internacionales, como el reconocimiento del papel esencial de la cooperación internacional” en materia penal entre los distintos estados a la hora de perseguir estos delitos , “obligan a propugnar, lejos de un rechazo en bloque de peticiones de asistencia judicial relacionadas con la persecución de este tipo de delitos, su consideración y valoración caso por caso”.
Y ello porque, añade al respecto Dolores Delgado, esta tesis es “más acorde con el espíritu de cooperación y buena fe en el cumplimiento de las obligaciones internacionales y más sensible a los derechos e intereses cuya defensa forma parte” de las funciones encomendadas por la Constitución a la Fiscalía.
Además, pone un especial énfasis la fiscal general en destacar que es una “responsabilidad directa del Estado la adecuación permanente de las políticas de memoria democrática a las nuevas necesidades a escala nacional, autonómica y local, “así como a los nuevos paradigmas memoriales y de defensa de los derechos humanos que se articulan en el ámbito internacional”, algo a lo que no puede “substraerse la acción de la Fiscalía”.
Por todo ello, Delgado concluye que mantener una postura como la que defendía su antecesora en el cargo podría entrar en contradicción con “el principio de buena fe y de interpretación » del Tratado bilateral mencionado anteriormente; a la vez que el “interés público” en la investigación y castigo , “incluso años después de los hechos, de determinados crímenes internacionales” ha sido objeto de reconocimiento internacional.
(Francisco Velasco. Diario La Razón)
