De acuerdo a la estrategia de Sánchez: Más de 250.000 extranjeros solicitan la nacionalidad española por el coladero de la Ley de Memoria

En sus 15 primeros meses en vigor, 120.704 descendientes de españoles ya han adquirido la nacionalidad. Habrá muchos miles más. La ‘ley de nietos española’ es muy popular en Hispanoamérica.

Los requisitos, muy laxos

Un total de 250.370 extranjeros han solicitado la nacionalidad española en los últimos 15 meses – desde la entrada en vigor de la norma, en octubre de 2022, y hasta el 31 de enero de 2024 -por la vía de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. De ellos, ya la han conseguido 120.704 demandantes, el 48,21 %.

La que en Hispanoamérica se conoce como la ‘ley de nietos española’ fue aprobada por el Gobierno para abrir la puerta de la nacionalidad española a decenas de miles de descendientes de emigrante. ¿La excusa? Para que volvieran los exiliados del franquismo. La realidad es que se pueden acoger hasta bisnietos y tataranietos, lo que hace que sea una ley que fomente otra vía de inmigración, que es lo que pretende Sánchez.

Se ha convertido en un coladero

Se ha convertido en un coladero el pedir la nacionalidad por esta norma. Por establecer una comparación, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia recibe al año una media de 125.000 solicitudes de nacionalidad por residencia (por haber residido en España durante diez años de forma legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición). En 15 meses, las solicitudes por la ley de nietos han sido el doble.

Norma muy laxa

El hecho de que de momento hayan sido aprobadas el 48,21 % de las solicitudes no quiere decir que el resto hayan sido rechazadas, sino que están en tramitación. No en vano, una de las particularidades de esta ley es precisamente su laxitud. Supuestamente está pensada para incorporar a los descendientes de exiliados durante la guerra civil y el franquismo que quedaron fuera del anterior proceso de nacionalización, el que se llevó a cabo en virtud de la Ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007.

Ésa es la teoría, pero la realidad es que la manga es muy ancha. En esta ocasión, y durante un plazo de dos años (prorrogable a tres), permite adquirir la nacionalidad española ya no solo a los hijos de exiliados, sino también a los nietos. Lo que, a su vez, abre el camino a los bisnietos y tataranietos (porque serán los hijos y nietos de los solicitantes), generando un efecto multiplicador. Y, además, sin límite de edad: en el anterior proceso estaban solo afectados los hijos menores de edad no emancipados.

Avalancha de solicitudes

Su entrada en vigor produjo una avalancha de solicitudes en los consulados españoles de toda Hispanoamérica. Especialmente en Argentina, Venezuela, México y Cuba. Hasta el punto de que el Gobierno tuvo que reforzar sus 47 oficinas consulares para hacer frente a la alta demanda. En las más afectadas, el Ministerio de Asuntos Exteriores contrató personal exprofeso y habilitó un sistema de cita previa exclusivamente para los trámites relacionados con la Ley de Memoria Democrática.

Los tres supuestos

La disposición adicional octava de esta norma contempla tres supuestos para obtener la nacionalidad española:

• En primer lugar, quienes hayan nacido fuera de España y tengan padre, madre, abuelo o abuela originariamente españoles, pero que hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española por haber «sufrido exilio».
• En segundo lugar, hijos nacidos fuera de España de madres que perdieron su nacionalidad española por haberse casado con un extranjero antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978.
• En tercer lugar, los hijos mayores de edad de aquellos que obtuvieron la nacionalidad española, acogiéndose a la anterior Ley de Memoria Histórica.

Coladero

 En origen, la nueva ‘ley de nietos’ presumía la condición de exiliado a todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955: sus descendientes no tenían que aportar ninguna prueba documental de que su antepasado emigró por motivos políticos. En cambio, el solicitante sí debía acreditar documentalmente esa condición de exiliado si su antepasado había salido de España entre el 1 de enero de 1956 y el 28 de diciembre de 1978 (el día en que entró en vigor la Constitución). Sin embargo, a los pocos días la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia rebajó los requisitos también para estos últimos demandantes: desde entonces basta con las partidas de nacimiento.

Fuente: Ana Martín | El Debate

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