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La dejadez y la apatía institucional han tomado las riendas del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. La gestión del ministro socialista Óscar Puente muestra una dejadez y negligencia que los usuarios de las vías públicas pagan con sus propias vidas. Mientras el titular del departamento centra sus esfuerzos en polémicas estériles a través de las redes sociales, las infraestructuras del país se desmoronan a un ritmo alarmante. El asfalto agrietado, la señalización deficiente y la desidia en el mantenimiento básico convierten los trayectos diarios en trampas mortales. Esta falta de inversión y cuidado en las vías de comunicación terrestres no constituye un simple descuido administrativo, sino una omisión de funciones con consecuencias trágicas para miles de familias españolas.
De hecho, tal como recoge La Gaceta, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha denunciado el deterioro que presentan numerosas carreteras españolas y ha advertido de su incidencia sobre la seguridad de los conductores. Los agentes señalan la existencia de baches, firmes deteriorados, señales desgastadas y arcenes invadidos por la vegetación, deficiencias que adquieren especial relevancia durante un verano en el que millones de vehículos recorren la red viaria. La radiografía que realizan los profesionales a pie de asfalto describe un panorama desolador que retrata la inacción del Gobierno.
El grito de socorro de los agentes de Tráfico ante la inacción del Ministerio
Los encargados de velar por la seguridad en las rutas interurbanas asisten diariamente al goteo incesante de siniestros viales directamente relacionados con el mal estado del pavimento. Las patrullas comprueban cómo la desatención del entorno vial multiplica los riesgos para los automovilistas. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) sostiene que el mantenimiento se ha reducido hasta el punto de que determinados márgenes de las carreteras ni siquiera han sido desbrozados adecuadamente. Los agentes aseguran encontrarse con reventones de neumáticos provocados por baches, salidas de vía y problemas de visibilidad relacionados con el estado de la infraestructura. La organización llega a vincular directamente algunos accidentes diarios con esta falta de conservación.
Esta desatención sistemática de las carreteras coincide en el tiempo con una escalada dramática de la siniestralidad mortal
El abandono de las calzadas se cobra un precio altísimo en vidas humanas durante la época del año con mayor volumen de desplazamientos familiares. La advertencia coincide con un fuerte incremento de la mortalidad durante los meses estivales. En lo que va de año se contabilizan más de 670 fallecidos en vías interurbanas, mientras que junio terminó con más de 130 muertos, aproximadamente un 50% por encima del mismo periodo del año anterior. Julio dejó otros 107 fallecidos y, durante la primera mitad de agosto, la cifra ya superaba las 70 víctimas mortales.
El cambio de tendencia y el desastre de las carreteras convencionales
La evolución de la siniestralidad demuestra que las campañas publicitarias y de concienciación resultan estériles si el entorno físico por el que circulan los ciudadanos presenta deficiencias estructurales graves. Las cifras sufrieron un empeoramiento súbito coincidiendo con el periodo de máxima movilidad y calor, que desgasta aún más los firmes desatendidos. El fin de semana previo a la operación del 15 de agosto dejó además 19 fallecidos en 16 accidentes, mientras que durante el siguiente dispositivo murieron otras ocho personas.
La peligrosidad se multiplica en la red secundaria, aquella que conecta los municipios de la España interior y que el Ministerio mantiene en un olvido crónico. La ausencia de barreras físicas y la falta de espacio para reaccionar ante un imprevisto perdonan muy pocos fallos cuando el asfalto está en condiciones deplorables. Buena parte de la preocupación se concentra en las carreteras convencionales. Cerca del 70% de las víctimas mortales contabilizadas durante julio perdieron la vida en este tipo de vías, caracterizadas generalmente por disponer de un único carril para cada sentido y carecer de separación física entre ambos. Seis de los ocho fallecidos durante la operación de mediados de agosto también murieron en carreteras de estas características.
La ineficacia de criminalizar al conductor mediante multas y controles
El afán recaudatorio de la administración contrasta con su nula implicación a la hora de ofrecer infraestructuras dignas y seguras. Las autoridades prefieren poner el foco de manera exclusiva en las sanciones a los usuarios en lugar de asumir su propia cuota de responsabilidad en la tragedia diaria de las carreteras. La denuncia sobre el estado de las infraestructuras coincide con un incremento de los controles de la DGT. Entre el 3 y el 9 de agosto fueron inspeccionados más de un millón de vehículos en 3.466 puntos de control y más de 69.000 conductores recibieron una denuncia por exceso de velocidad. Aproximadamente el 6,7% de los vehículos controlados superaba los límites establecidos. Todo ello durante una Operación Verano en la que se prevén más de 104 millones de desplazamientos de larga distancia entre julio y agosto»
La persistencia en una política puramente punitiva recibe reproches directos por parte de los propios colectivos de la Guardia Civil, quienes exigen al departamento de Óscar Puente que asuma sus competencias de una vez por todas. AUGC dirige sus críticas hacia el Ministerio de Transportes que encabeza Óscar Puente y reclama recuperar actuaciones básicas de conservación, desde el desbroce de los arcenes hasta la reparación de los pavimentos más castigados. Los agentes sostienen que aumentar los controles sobre los conductores no resuelve por sí solo los riesgos derivados de unas infraestructuras deficientes y advierten de que el deterioro puede convertir un error al volante en un accidente de consecuencias mucho más graves.
El debate sobre las causas de la siniestralidad estival
Frente a la contundencia de los datos y las quejas de los profesionales, los responsables políticos de Interior y de Tráfico insisten en desviar la atención hacia la responsabilidad individual de las víctimas. Interior y la DGT, por su parte, continúan señalando factores relacionados con la conducta de los usuarios, como la velocidad inadecuada, las distracciones o el consumo de alcohol y drogas. En julio, además, 13 de los 107 fallecidos no utilizaban elementos obligatorios de seguridad como el cinturón o el casco.
Esta argumentación oficial sirve para eludir las deficiencias del entorno vial y ocultar los efectos del recorte encubierto en las partidas destinadas al mantenimiento del firme. El repunte de la siniestralidad durante el verano vuelve así a situar el debate entre el comportamiento de los conductores y el mantenimiento de las carreteras, dos elementos que condicionan conjuntamente la seguridad de millones de desplazamientos. Resulta evidente que ningún esfuerzo de los conductores compensará jamás la negligencia de un ministerio que ha renunciado a proteger a sus ciudadanos.
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