Esta información, almacenada sin el consentimiento explícito de los ciudadanos, representa una clara amenaza a la privacidad.
El nuevo decreto propuesto por el Ministerio de Sanidad, que busca regular el SIVAIN (Sistema de Información de Vacunaciones e Inmunizaciones), ha provocado un enorme rechazo. Aunque se presenta como una medida para mejorar el control sanitario, en realidad abre la puerta a la vulneración de derechos fundamentales como la privacidad y la libertad sanitaria.
La amenaza a la privacidad
Bajo la apariencia de una medida beneficiosa, el Gobierno de Sánchez intenta implementar un mecanismo de control social encubierto. El decreto propone almacenar información detallada sobre las vacunas recibidas por cada ciudadano, lo que permite saber quién se ha vacunado contra enfermedades como el COVID-19 y quién no. Esta información, almacenada sin el consentimiento explícito de los ciudadanos, representa una clara amenaza a la privacidad.
Sin permiso, pero con control
El decreto autoriza a las autoridades a acceder a datos personales de salud, lo que vulnera el derecho a la protección de datos. Además, abre la posibilidad de que individuos no vacunados puedan sufrir presiones o discriminación en determinados contextos sociales o laborales. Se trata de un paso más en la consolidación de una vigilancia sanitaria estatal que menoscaba el principio de autonomía personal.
¿Hacia una sociedad controlada?
El Estado busca justificar estas medidas bajo el argumento de la protección colectiva. Sin embargo, utilizar la salud como excusa para controlar a los ciudadanos supone un grave retroceso en términos de libertades individuales. Es una dictadura sanitaria. La historia nos ha mostrado que medidas similares, implantadas en nombre de un supuesto bien común, han terminado sirviendo como instrumentos de coerción. ¿Es esta la dirección que queremos tomar como sociedad?
¿Una medida sanitaria o un medio de coacción?
Al recopilar datos de vacunación sin consentimiento, se genera un clima de desconfianza y coacción. Aunque el discurso oficial plantea el decreto como una herramienta para mejorar la gestión sanitaria, la realidad muestra un avance hacia el control social. Esto puede traducirse en un uso indebido de la información para presionar a quienes decidan no vacunarse.
Además, el temor de muchos ciudadanos no es infundado. Existe el riesgo de que estas bases de datos se utilicen para discriminar a quienes elijan no vacunarse, estableciendo categorías ciudadanas según el grado de conformidad con la agenda sanitaria impuesta.
El peligro de la normalización del control
Lo preocupante no es solo el contenido del decreto, sino el precedente que crea. Al normalizar la recolección de datos personales bajo el pretexto de la salud pública, abrimos la puerta a medidas cada vez más invasivas en otros ámbitos. Hoy se trata de vacunación, pero mañana podría ser cualquier otra decisión personal bajo el pretexto de la seguridad colectiva.
¿Qué podemos hacer?
El Ministerio de Sanidad ha abierto un proceso de audiencia pública para recoger opiniones ciudadanas. Puedes enviar tu opinión hasta el 4 de octubre a través del correo: informacion_publica@sanidad.gob.es
Mensaje sugerido para enviar al Ministerio
Enviemos masivamente correos electrónicos oponiéndonos con el siguiente texto sugerido:
«Me opongo al proyecto de real decreto por el que se regula el SIVAIN (Sistema de Información de Vacunaciones e Inmunizaciones) ya que vulnera la privacidad de mis datos sanitarios. Yo soy dueña/o de mi salud y, como tal, soy dueño de decidir si me vacuno o no. Ninguna persona tiene por qué saber qué decido.«
Resumen de la Directriz de Sanidad
Según el comunicado oficial del Ministerio de Sanidad, el proyecto de decreto pretende mejorar la coordinación en el ámbito de las vacunaciones mediante la creación del SIVAIN. El sistema permitirá el acceso a datos de vacunación con el objetivo de optimizar la gestión de campañas de inmunización. Sin embargo, la propuesta enfrenta críticas por el riesgo de vulnerar el derecho a la privacidad.
El decreto SIVAIN plantea interrogantes sobre hasta dónde puede llegar el control estatal en nombre de la salud pública. La ciudadanía debe mantenerse alerta y ejercer su derecho a la oposición ante iniciativas que puedan atentar contra las libertades individuales. No podemos permitir que, bajo la apariencia de medidas sanitarias, se normalice un modelo de vigilancia permanente. La libertad y la autonomía individual deben prevalecer sobre cualquier intento de control estatal.
