Es una muestra demagógica «populista», propia de un régimen bananero y bolivariano, que no tiene precedentes en Europa y, en general, en el mundo libre.
En la encuesta publicada se puede participar más de una vez e incluso se puede utilizar un nombre falso.
Es una forma encubierta de obstaculizar una operación privada,
El Gobierno ha vuelto a demostrar su demagogia, sus intereses ocultos, su falta de seriedad y rigor con la reciente consulta pública lanzada para valorar la OPA (Oferta Pública de Adquisición) de BBVA sobre Banco Sabadell. No es la primera vez que el presidente del gobierno muestra su desdén por el Estado de derecho y su desprecio por la libertad de mercado y por la propiedad privada. Sin embargo, no existe precedente en nuestro país de algo tan peregrino, de una farsa bolivariana tan ridícula como someter a consulta popular una decisión empresarial como la opa que el BBVA lanzó sobre el Banco Sabadell hace ya un año.
Someter a consulta popular una decisión empresarial es una muestra de demagogia «populista» propia de un régimen bananero, que no tiene precedentes en Europa y, en general, en el mundo libre.
En este artículo, analizaremos en profundidad los errores de esta consulta y las consecuencias de su implementación negligente.
Un formulario mal diseñado y fácilmente manipulable
El Gobierno, a través del Ministerio de Economía, lanzó el pasado martes una encuesta para conocer la opinión pública sobre la opa lanzada por BBVA al Banco Sabadell. Sin embargo, este formulario digital se caracteriza por su absoluta falta de control, permitiendo múltiples participaciones con los mismos datos e incluso con datos falsos.
Esta consulta, en lugar de garantizar una recogida de información fidedigna, permite que cualquier ciudadano, sin importar si tiene o no conocimientos sobre banca o está directamente afectado por la operación, pueda participar cuantas veces quiera. De hecho, basta con ingresar un nombre, un DNI y un correo electrónico, que pueden ser completamente inventados, para rellenar el cuestionario.
Falta de control y posibles manipulaciones
El hecho de que no se exijan datos verificables ni mecanismos de control pone en duda la legitimidad de los resultados que se obtengan de esta encuesta. Cualquier usuario puede, literalmente, inventar identidades y participar repetidamente, generando un sesgo inaceptable en cualquier consulta que pretenda ser mínimamente seria.
Contradicciones en el procedimiento
Es sorprendente que el Gobierno asegure que esta consulta está alineada con la normativa vigente, cuando claramente incumple los principios básicos de cualquier procedimiento participativo serio. La tecnología utilizada, Microsoft Forms, no garantiza la autenticidad de los datos introducidos y deja abierta la posibilidad de fraude masivo.
Opinión de Carlos Cuerpo
El propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendió el formulario asegurando que «no es una consulta ‘opa sí, opa no’. Es una consulta que pide, precisamente, la afectación de esos criterios de interés general». Sin embargo, esta afirmación no justifica la ausencia de mecanismos que aseguren la veracidad de la información recogida.
Chapuza gubernamental disfrazada de participación
La manera en que se ha planteado esta consulta no es solo una negligencia técnica, sino una estrategia política para aparentar transparencia y participación ciudadana. Sin embargo, queda claro que el verdadero objetivo del Gobierno no es recoger información útil, sino justificar sus decisiones mediante un proceso que cualquiera puede manipular.
Consecuencias de una consulta poco profesional
El mal planteamiento de esta encuesta puede tener consecuencias graves para la credibilidad de la administración pública. En un contexto económico tan delicado, jugar con la opinión pública de esta manera es irresponsable y revela un profundo desconocimiento de cómo deben estructurarse las consultas participativas.
El Gobierno ha montado una consulta pública que no supera los mínimos estándares de profesionalidad. Este episodio no hace sino reforzar la percepción de que las decisiones del Ejecutivo están más orientadas a la propaganda que a la gestión seria de los asuntos públicos. Es imprescindible que se tomen medidas para garantizar que futuras consultas cumplan con criterios de autenticidad y rigor.
Forma encubierta de obstaculizar una operación privada
Se la ve como una forma encubierta de obstaculizar una operación privada, y ha generado un fuerte rechazo en los ámbitos financiero y empresarial. Entre las reacciones han destacado expresiones como «populismo barato», «intervencionismo lamentable» o incluso advertencias sobre el «riesgo de convertirnos en Venezuela»
La banca ha criticado que se utilice un proceso similar a un referéndum abierto para tratar un asunto técnico y regulado, y teme que esto sirva como justificación política para intervenir en una decisión empresarial.
Asimismo, otros actores del mercado han calificado la consulta como un «mensaje horripilante» y un «paripé», sugiriendo que el Gobierno está eludiendo su responsabilidad al delegar en la sociedad una decisión que le corresponde exclusivamente.
Tiranía del Estado
Los clientes y accionistas del BBVA como los del Sabadell son y deben seguir siendo muy libres de decidir lo que quieran, como lo serán los de la entidad que resulte si finalmente se lleva a cabo la fusión de ambas entidades o la adquisición de una por la otra. Pero esos derechos no pueden ni deben ser «expropiados» por un gobierno que apela a «criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia» cuando, en realidad, no tiene más interés general que sostenerse, como sea, en el poder.
