¿Cínicos, incoherentes, esquizofrénicos? Suicidio y eutanasia | Mariano Martínez-Aedo

El 9 de septiembre, la ministra de Sanidad, Mónica García, anunció la elaboración de un denominado Plan de acción para la Prevención del Suicidio, y que planea presentar en unos meses.  El plan tendrá ocho áreas principales de actuación concreta.  En la primera, como no, se incluye la creación de un Observatorio para la prevención de la conducta suicida.

Lejos de mí el criticar el planteamiento de que hay que hacer algo frente al triste fenómeno de miles de personas que se quitan la vida anualmente en España: 4.227 en 2022, 136.473 entre 1980 y 2022.  Evidentemente, esos son los datos oficiales, con lo que habría que contar con un número indeterminado, pero seguramente nada marginal, de los que se quitan la vida sin que se determine que ha sido un suicidio (y cuyas muertes pueden figurar como accidentes de coche, domésticos, etc.).  Y, por supuestísimo, sin contar con los muertos por eutanasia (cerca de 300 en 2022) porque, claro, la eutanasia no entra en esa estadística, sino que se considera legalmente como “muerte natural a todos los efectos” (disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo de 2021, de regulación de la eutanasia).

Evidentemente, es intolerable que la sociedad y las autoridades públicas abandonen a sus miembros en crisis extrema y, además, no sólo no les ayudemos a superarlas, sino que “legalicemos” (como si fuera posible moralmente hacer tal aberración) el suicidio y lo apoyemos y subvencionemos.

Pero el objetivo de este artículo no es directamente hablar del suicidio, la eutanasia, el plan “contra” el suicidio ni de la ley de la eutanasia, sino del hecho de que son el mismo gobierno, los mismos grupos políticos, las mismas ideologías las que han promovido y promueven, han impulsado e impulsan, han defendido y defienden ambas medidas.  Y lo han hecho, y siguen haciéndolo, desde una posición de superioridad moral, sin mover un músculo de la cara ante la total contradicción entre ambas medidas.

Si realmente existiese un “derecho individual” “a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir”, porque, como alega la ley “no existe un deber constitucional de imponer o tutelar la vida a toda costa y en contra de la voluntad del titular del derecho a la vida”, sería un maravilloso avance humano la ley de la eutanasia, pero ¡ay!, ahora resulta que hay muchos suicidios en España y el gobierno (y todo su mundo mediático, político e ideológico con él) decide que el suicidio es malo y va a tomar medidas para combatirlo.

Es decir, si yo, según esta ley, pido que me “suiciden” con cargo a los presupuestos públicos, está bien, si lo hago “por lo privado”, suicidándome yo sólo es algo muy malo que todos debemos deplorar y combatir.

Pues qué quiere que les diga, si el asunto no fuera tan grave, parecería casi risible por la enorme incoherencia, si no lo llamamos hipocresía, esquizofrenia, cinismo o algo peor.  Pero sólo con que afectase a una persona sería demasiado grave para tomarlo a la ligera.  Y el suicidio/eutanasia afecta a muchas personas que se suicidan o lo intentan, a muchas más que transitan por los límites, y se ven acosados a veces o continuamente por la tentación, y/o por el entorno que pueda empujarle a ello.  Y eso sin contar con los familiares y el entorno de estas personas que sufren también cruelmente sus sufrimientos.

Entonces, en vez de reírnos de esta situación, es necesario denunciar la tremenda incoherencia.  Parece que los gurús de la ortodoxia progresista no saben cómo coordinar esos dos aspectos: eutanasia ”buena”, suicidio (“privado”) “malo”.  Pero si la eutanasia es, teóricamente, un suicidio facilitado por las autoridades, con los medios públicos, y pagado, por tanto, con nuestros impuestos.  Si existe ese derecho individual “a morir”, por qué sería tan grave que algunos lo ejerzan por su cuenta.  No hay forma de superar esa contradicción.

Es evidente que la decisión de la ministra de lanzar este paso, proviene de la evidencia natural de que miles de personas se quiten la vida en España es gravísimo.  A pesar de sus prejuicios ideológicos, es tan fuerte el impacto de esa terrible realidad que ha decidido lanzar una iniciativa en este tema (aunque su planteamiento y medidas puedan ser más o menos efectivas o razonables).   Pero el resultado es un planteamiento tan incoherente y opuesto al de la eutanasia y la ley aprobada por el mismo gobierno, que cualquiera puede ver que es incompatible, que lo que afirman en un caso lo contradicen en otro.  No hay duda de que cualquier persona, independientemente de su ideología, si emplea la razón debe reconocer la incompatibilidad entre ambas posturas, porque la única alternativa sería ese absurdo de que el problema del suicidio sería sólo que no se realizara de acuerdo con la autorización administrativa.

En definitiva, tras muchos años de ocultar el problema del suicidio, teóricamente porque cualquier comunicación pública que aireara el tema podría tener un efecto multiplicador, se pasa a plantear todo un programa público, a bombo y platillo.  Podemos pensar que se trata de una decisión meditada con informes de expertos reales por la gravedad del tema, lo que le ha obligado a tomar una medida incoherente con su ideología proeutanasia.   Vds. verán, pero dado los antecedentes y sus contradicciones, creo que no es el caso, sino que simplemente es otra decisión de un gran plan grandilocuente, no importa que sea totalmente opuesto a sus proclamas proeutanasia y que mantengan las dos cosas impávidamente.

Mariano Martínez-Aedo es Presidente del Instituto de Política Familiar (IPF)