El control de la sociedad civil: el Gobierno ya planea cerrar más fundaciones tras la inminente de la de Francisco Franco

El control de la sociedad civil

El El control de la sociedad civil a través del cierre de fundaciones críticas se ha convertido en una prioridad para el Gobierno de Pedro Sánchez, que ahora apunta a entidades como la Fundación Francisco Franco o la de Serrano Suñer. Serán las primeras. Forman parte de una ofensiva para erradicar cualquier voz disidente. Usan la Ley de Memoria Democrática como coartada para imponer una dictadura ideológica.

El cierre de la Fundación Francisco Franco: una excusa perfecta

El Gobierno ha iniciado los trámites judiciales para extinguir la Fundación Francisco Franco alegando «apología del franquismo» e «incitación al odio». Sin embargo, detrás de este argumento se oculta un objetivo mucho más perverso: el cierre de fundaciones y entidades críticas con el relato oficial impuesto por la izquierda.

No se trata de justicia ni de reparación. Se trata de controlar la memoria colectiva e imponer una versión única de la historia, como hacían los regímenes totalitarios. Para ello, han creado una ley a medida, la Ley de Memoria Democrática, pactada con los proetarras de ETA: Bildu.

La intención real es ilegalizar cualquier entidad- asociación, fundación, universidad, etc.- que no comulgue con la ideología de extrema izquierda, como si estuviéramos en Cuba o Venezuela. La Fundación Francisco Franco es solo la primera pieza del dominó.

La Fundación Serrano Suñer y la amenaza contra la disidencia

En respuesta a una pregunta de los comunistas de Sumar en el Congreso, el Ministerio de Cultura no descarta abrir procedimientos similares contra la Fundación Don Ramón Serrano Suñer. Su «delito»: conservar y custodiar la memoria documental de un exministro del franquismo.

La fundación fue registrada legalmente en 1997 con fines puramente culturales y de archivo. Pero el nuevo totalitarismo comunista no tolera ni el recuerdo del pasado. Hoy, cualquier iniciativa que se salga del dogma de la izquierda radical corre el riesgo de ser ilegalizada bajo la excusa de la «memoria democrática».

Este ataque al cierre de fundaciones críticas no es un hecho aislado. Forma parte de un proceso más amplio: la destrucción de la sociedad civil libre e independiente. Quieren una ciudadanía obediente, sin memoria, sin iniciativa y sin voz.

El control absoluto de la sociedad civil

Lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo: la izquierda busca la hegemonía y el pensamiento único. La Ley de Memoria Democrática y su aplicación sesgada lo demuestran. No se ilegaliza nada relacionado con ETA o el comunismo, pero cualquier rastro del franquismo o del conservadurismo cultural es perseguido con saña.

Hoy es la Fundación Francisco Franco. Mañana podría ser cualquier entidad provida, cualquier asociación familia, cualquier universidad o cualquier medio que cuestione la ideología de género. El cierre de fundaciones críticas es solo el primer paso de una purga ideológica sin precedentes.

Y para lograr ese control absoluto, necesitan silenciar a la prensa crítica. Hoy mismo se aprueba en el Congreso un nuevo mecanismo de censura bajo el pretexto de combatir la «desinformación». Es el modelo soviético, adaptado a las necesidades del sanchismo.

Un plan coordinado con la censura a los medios libres

A la ofensiva contra las fundaciones se une la aprobación de un nuevo marco normativo que permitirá al Congreso la expulsión de periodistas críticos. Mañana será el castigo a los medios críticos, bloquear contenidos o sancionar plataformas por «atentar contra la convivencia».

Una frase vaga y peligrosa que se aplicará arbitrariamente para proteger al Gobierno de la crítica ciudadana. Se avecina una legislación ómnibus de control ideológico que unirá la censura de la memoria con la censura de la palabra.

En resumen: se trata de un plan integral para controlar el pensamiento, el pasado y el presente. Un verdadero golpe de Estado cultural.

El cierre de fundaciones críticas es solo una excusa. Lo que se persigue es la ilegalización de toda entidad cívica que incomode al poder. Es el intento de someter a la sociedad civil y erradicar cualquier voz libre.

Es memoria, es represión, censura, dictadura ideológica.

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