Y por eso, y aún a costa de enfrentarse a la UE, el Gobierno quiere  actualizar las pensiones a una inflación que no bajará del 7,5% este año. Para acometer semejante subida, se van a emplear 15.000 de los aproximadamente 20.000 millones de euros más de gasto público que se pueden consignar en los presupuestos de 2023.
Va en contra de las condiciones del BCE

El problema que esto le plantea a la coalición socialista-comunista, además del poco margen que le deja el resto de los 20.000 mil millones -es decir, unos 5.000 millones- para incrementar otros capítulos presupuestarios, lo que contraviene directamente una de las condiciones del Banco Central Europeo (BCE).

Y es que el documento de ese Consejo, donde estuvo presente Pedro Sánchez, le «recomienda» explícitamente que tome ya medidas de contención de gasto en 2022, dado el elevado nivel de endeudamiento del España y que, con un crecimiento del 4,3% previsto para 2023 en el mejor de los casos, las pensiones no deberían crecer por encima del 4%; de hecho es lo que van a crecer los salarios,

Pero el gobierno de  extrema izquierda y vista sus bajas expectativas electorales, y con  un creciente malestar de los jubilados en la calle por la continua pérdida de su poder adquisitivo, insiste en indexarlas a una inflación prevista del 8% mínimo.

Así, el propio ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá decía: «Es absolutamente irrevocable que las pensiones subirán con el IPC en cualquier escenario»; Si para eso hay que limitar el gasto en otras partidas presupuestarias -los 5.000 millones que le van a quedar al Gobierno apenas dará para subir un 3 o 4% el sueldo a los funcionarios- se limitan, señalaba.

Unas palabras corroboradas en La Moncloa por el propio presidente cuando insistió en que las pensiones no serán incluidas en el ‘Pacto de Rentas’ junto con el resto de salarios -públicos y privados-, se pongan como se pongan el BCE y la Comisión Europea. «Ahora sí, por ley, los pensionistas tienen garantizado la revalorización de las pensiones conforme a la evolución de los precios«, recalcó.

La clave será la suma del gasto aprobado en el presupuesto,

El verdadero problema llegará cuando se tensionen los mercados de deuda pública y empiecen los ataques al sur europeo, fundamentalmente, a las primas de riesgo española e italiana, y el BCE que preside la francesa Christine Lagarde «condicione» la compra de deuda de los países a medidas de consolidación fiscal.

Pedro Sánchez, que tiene muy presente el final político de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011 tras aprobar un durísimo recorte de 15.000 millones de gasto público, no está dispuesto a pasar por lo mismo y, de ahí que se resista a subir la pensión a diez millones de jubilados menos que la inflación.

Y es que los socialistas tienen grabado a fuego lo que pasó entonces. También hubo una doble cita electoral, que resultó catastrófica y culpan de ello a la austeridad que impuso el norte europeo desistiendo de intervenir en el mercado de las primas de riesgo. Como consecuencia, en mayo de 2011 perdieron los gobiernos de Castilla-La Mancha, Aragón, Asturias, Baleares y La Rioja, y en noviembre Mariano Rajoy ganó por mayoría absoluta a Alfredo Pérez Rubalcaba.