El Gobierno ha atado finalmente los apoyos de Esquerra para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, aunque a cambio de un precio: un conjunto de cesiones a los republicanos de una gran controversia política. En total, el acuerdo incluye siete puntos, que van desde el rediseño del marco fiscal español para evitar los “privilegios” de la Comunidad de Madrid a la lluvia de millones para Cataluña, pasando por medidas de carácter más social.
Así, el primer punto hace referencia a las inversiones directas y transferencias de capital, cuyo montante este año ascenderá en total a 2.300 millones de euros que, según el president en funciones y candidato de ERC a la Generalitat, Pere Aragonès, permitirá “hacer frente a la crisis económica y social, mejorar la capacidad económica de Cataluña y ejecutar inversión en infraestructuras”. “Es una cifra excepcional y muy positiva: es la más grande que ha recibido Cataluña por parte del Estado en este siglo”, ha destacado Aragonès, que también ha subrayado que es una cifra que “sitúa por primera vez las inversiones y transferencias de capital por encima de nuestro porcentaje en PIB respecto al total del Estado” -un 19,3% del conjunto de España, porcentaje que supera por primera vez la contribución de Cataluña al PIB estatal-.
El segundo punto concierne a la participación de la Generalitat en la gestión de los fondos europeos: según ha explicado Aragonès, el Govern tendrá capacidad para “seleccionar los proyectos” que incluirá Cataluña en el plan que luego enviará el Gobierno a la Comisión Europea para recibir los fondos. En total, en 2021, la Generalitat se garantiza un mínimo de 596 millones de euros directos -de los cuales 371 millones irán destinados a políticas de medio ambiente y 225 millones a vivienda-. “Unas cifras que irán aumentando durante el año”, ha añadido.
El tercer punto incluye el levantamiento del control financiero al que ha estado sometido en los últimos cinco años la Generalitat. “Se acaba la fiscalización permanente de las finanzas y la amenaza constante de intervención del Estado”, ha afirmado el president en funciones, que ha denunciado que era “discriminatorio” -era la única autonomía con este nivel de vigilancia- y “abusivo”.
El cuarto punto hace referencia a las “políticas de cohesión social” y apunta a un incremento en el dinero para la dependencia y para las becas educativas.
También una moratoria en el pago de las cuotas de los autónomos durante los tres próximos meses -diciembre, enero y febrero-.
Además, se fija la apertura de un corredor humanitario para los refugiados y demandantes de asilo.
El quinto punto es la transferencia en la gestión del Ingreso Mínimo Vital a la Generalitat. “Es un hito importante”, ha señalado Aragonès, que también ha puntualizado que incluye el coste de gestión de esta renta. En este sentido, ha explicado que se incorporará nuevo personal a la Generalitat para gestionar el IMV en Cataluña, ya que ahora está en manos del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
El sexto punto, muy controvertido, es el inicio de un debate sobre el sistema tributario español para “una distribución de la riqueza más justa” que apunta a acabar con el “dumping fiscal” de la Comunidad de Madrid. Aragonès no ha dado muchos detalles porque ha asegurado que las conclusiones se extraerán del trabajo de un grupo de expertos, pero sí ha puesto en el punto de mira, por ejemplo, el impuesto de patrimonio y la voluntad de “acabar con la competencia desleal”. “Hay que romper esta dinámica diabólica”, ha afirmado. “Aquí se trata de que todos tengamos el mismo campo de juego. No es justo que te beneficies del efecto capitalidad y te permita bajas impuestos”, ha afirmado.
“Hay territorios que hacen competencia desleal fiscal. Se benefician de la localización en la capital del Estado de la mayor parte del funcionarios y de las empresas del sector regulado, que les permite una situación de privilegio. Se acabado el privilegio”, ha advertido Aragonès, que ha añadido: “Nuestro modelo es totalmente opuesto al modelo neoliberal, nacionalista y centralista del PP”.
El séptimo punto es la inclusión de una disposición adicional con una clausula para garantizar el cumplimiento de las inversiones. “Busca evitar lo que se ha producido en otras ocasiones, que lo presupuestado no se ejecutaba”, ha afirmado Aragonès.
El portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado que con este acuerdo “se culmina un cambio de escenario, de paradigma” con respecto a los últimos 40 años. En este sentido, ha dicho que el Estado se apoyaba en el nacionalismo de derechas vasco y catalán y ahora “eso se ha acabado” y está “obligado” a “hablar y hacer política” con el republicanismo independentista de izquierdas vasco y catalán, en alusión a Esquerra y Bildu. Tanto Rufián como Aragonès han argumentado la necesidad de apoyar los presupuestos como vía para obtener recursos “para mejorar la vida” de los catalanes.
Sobre la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, Aragonès ha vuelto a pedir la amnistía y el derecho de autodeterminación y ha evitado ir más allá y concretar cuándo se retomará.
(Javier Gallego. Diario La Razón)
