La Comisión vuelve a recordar al Gobierno la necesidad de acudir a la Comisión de Venecia y consultar con todos los agentes.
La Comisión Europea mantendrá una misión a España a finales de este mes para estudiar el Respeto al Estado de Derecho en nuestro país. Debido a las restricciones impuestas por el coronavirus, los contactos serán virtuales y estas entrevistas incluirán a las asociaciones de jueces. Más de 2.500 letrados han enviado una misiva a la Comisión Europea en la que alertan sobre el riesgo de “violación grave” del Estado de Derecho debido a la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.
El Ejecutivo comunitario ha recalcado hoy que esta misión a España ya había sido planeada con anterioridad a esta misiva, ya que los funcionarios comunitarios deben visitar todos los países europeos para confeccionar su informe anual sobre esta materia, inaugurado en septiembre de 2020. En su primer dictamen sobre nuestro país, el Ejecutivo comunitario ya mostró su preocupación por el bloqueo en el nombramiento del órgano de gobierno de los jueces y los vínculos entre el Gobierno y la Fiscalía.
A pesar de que Bruselas ha urgido desde entonces a la renovación de los miembros del CGPJ, la Comisión Europea ha mostrado en varios ocasiones su oposición a las medidas planteadas por el Gobierno de Sánchez para superar el bloqueo. De hecho, los portavoces comunitarios han vuelto a recordar hoy al ejecutivo español la necesidad de negociar con todos los actores a la hora de plantear una reforma de este calado y también le han vuelto a recomendar que acuda a la Comisión de Venecia (órgano consultivo dependiente del Consejo de Europa) para recibir asesoramiento ante una cuestión tan sensible.
La misiva de seis páginas enviada a las autoridades europeas ha sido respaldada por tres de las cuatro asociaciones de jueces más importantes. Tan sólo Juezas y Jueces para la Democracia no se ha adherido a este texto. La carta solicita la intervención de Bruselas ante lo que estas asociaciones consideran un menoscabo de la independencia judicial e incluso piden al Ejecutivo comunitario la activación del artículo 7, un procedimiento que hasta el momento tan sólo ha entrado en vigor en el caso de Polonia y Hungría. Este artículo puede derivar en última instancia en la pérdida del derecho de voto en el Consejo.
(Mirenthu Arrequi. Diario La Razón)
