En concreto, 700.000 euros fueron empleados para promover las reformas del excomisario relacionadas con el Pacto Verde Europeo, cuyo objetivo es alcanzar la «neutralidad climática» en 2050, además de influir en el debate sobre sostenibilidad y políticas agrícolas.
El escándalo crece
El escándalo no ha hecho más que empezar. Ahora, nuevas informaciones desvelan que estas ONG reciben hasta 5.400 millones de euros de dinero público. Este montante procede de las subvenciones de la UE a través del fondo de proyectos ambientales conocido como LIFE, el principal instrumento financiero del bloque en materia de medio ambiente y acción climática.
Las ONG ecologistas: comprados para ser el brazo ejecutor de Bruselas
Según la investigación recogida por Jara y Sedal, el programa LIFE opera desde 1992 y, hasta la fecha, ha cofinanciado más de 5.500 proyectos en la UE y terceros países. Para el periodo 2021-2027, la UE prevé destinar 5.400 millones de euros a subvencionar ONG ecologistas que participen en proyectos alineados con la política medioambiental de Bruselas.
Entre las organizaciones que figuran como beneficiarias de estos fondos se encuentran algunas ampliamente conocidas en España por su criminalización del mundo rural, como SEO/BirdLife, Amigos de la Tierra y WWF.
Los lobbys ecologistas: aliados de Bruselas contra el campo español
Esta financiación masiva a ONG ecologistas confirma la estrecha colaboración entre Bruselas y estos grupos para imponer la Agenda 2030, asfixiando al sector primario y limitando la soberanía de los países miembros. Mientras la UE elabora las leyes, estas ong ecologistas «compradas» las apoyan y atacan a los agricultores y ganaderos.
Los hechos demuestran que estas ONG no solo siguen una ideología sectaria radical, sino que también han sido financiadas por Bruselas para servir de instrumento político en su cruzada contra el mundo rural.
La estrategia es clara: convertir a estas entidades en lacayos de la UE, utilizando el dinero de todos los europeos para promover su agenda política mientras el campo español paga las consecuencias.
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