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La recta final de la legislatura expone una degradación democrática sin precedentes en la historia reciente de España. El Gobierno de Pedro Sánchez afronta el nuevo curso político con una parálisis legislativa total que ya nadie puede ocultar. La socialista Francina Armengol, desde la presidencia del Congreso, actúa como el brazo ejecutor de una estrategia de supervivencia que antepone el interés personal de Sánchez al funcionamiento del Estado. Decenas de iniciativas permanecen encerradas en los cajones del Congreso de los Diputados. Esta alarmante situación refleja la debilidad extrema de la mayoría socialista-comunista-separatista que sostuvo la investidura y las insalvables dificultades del sanchismo para sacar adelante su agenda legislativa tras la ruptura política con sus socios prioritarios de Junts per Catalunya.
El cierre del último periodo de sesiones deja una imagen inédita y bochornosa en las Cortes Generales. Según los datos oficiales del propio Congreso, y recoge EDA Tv, un total de 77 proyectos y proposiciones de ley permanecen bloqueados de forma deliberada. El sanchismo utiliza de manera torticera las sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas. Este mecanismo formal del reglamento de la Cámara impide que las iniciativas continúen su tramitación parlamentaria natural hacia el Pleno. Estamos ante una alteración fraudulenta del orden constitucional donde la presidenta de las Cortes secuestra el poder legislativo para que los ciudadanos no vean las constantes derrotas de un Gobierno en descomposición.
La indignidad de paralizar España para salvar la poltrona
Esta estrategia obstruccionista se ha convertido en la herramienta de cabecera del Ejecutivo central. El objetivo es nítido: evitar a toda costa que los textos legales lleguen al debate público y a la votación definitiva. De este modo, Pedro Sánchez gana tiempo artificial y reduce drásticamente el riesgo de sufrir humillaciones parlamentarias semanales. En un escenario donde cada votación depende de las exigencias económicas y judiciales de prófugos de la justicia, el sanchismo prefiere cerrar el Parlamento antes que aceptar la cruda realidad de su minoría social y política. Para estos dirigentes indignos, la parálisis del país es un precio aceptable si con ello logran aguantar en la poltrona del palacio de la Moncloa unos días más.
La pérdida absoluta de estabilidad tras el distanciamiento definitivo con el partido de Puigdemont ha dinamitado el equilibrio del hemiciclo. Sin una mayoría parlamentaria sólida, el Ejecutivo de coalición necesita mendigar prácticamente cada decreto y cada enmienda. Esta insostenible circunstancia incrementa la presión sobre los ministros y condena a España a la irrelevancia legislativa. El interés general de la nación importa muy poco a quienes han decidido subordinar la soberanía nacional al rescate permanente de un Gobierno cercado por los escándalos de corrupción política y familiar.
El servilismo de Armengol al dictado de la Moncloa
Fuentes parlamentarias confirman que una parte sustancial de las iniciativas congeladas corresponde a proyectos de ley fundamentales impulsados por el propio Consejo de Ministros. En lugar de acelerar su tramitación para resolver las necesidades reales de los españoles, el Ejecutivo ordena su congelación indefinida. Prefieren mutilar sus propias leyes antes que permitir modificaciones que alteren el contenido original o que visibilicen las insaciables exigencias de sus socios de investidura. La sumisión de Francina Armengol a las órdenes de la Moncloa rompe con el principio básico de neutralidad institucional que exige su cargo.
La Mesa del Congreso, órgano encargado de ordenar con imparcialidad la actividad parlamentaria, aprueba de forma sistemática y partidista las solicitudes de ampliación del plazo de enmiendas. El Partido Socialista y sus aliados comunistas de Sumar utilizan la mayoría en este órgano de gobierno interior para aplicar una censura absoluta sobre el poder legislativo. Este procedimiento formal, diseñado originalmente para mejorar la calidad técnica de las leyes, sirve hoy como un escudo político permanente para retrasar indefinidamente la llegada de las reformas al Pleno de la Cámara Baja.
Un Parlamento maniatado por el miedo a perder
Y es que el Gobierno prefiere mantener el país bloqueado antes que afrontar el veredicto democrático de las urnas o de las propias votaciones del Congreso. El Congreso de los Diputados vive sumergido en un colapso institucional provocado que impide el desarrollo normal de la actividad democrática. La parálisis de estas 77 leyes representa un insulto directo a los ciudadanos que pagan los sueldos de unos representantes públicos maniatados por el miedo de Pedro Sánchez a perder el poder.
Cuando la presidencia de las Cortes Generales actúa como la jefa de prensa de un partido político, la sociedad se debilita en sus cimientos más profundos. Los ciudadanos asisten con indignación al espectáculo de unos gobernantes que bloquean los presupuestos generales, las reformas sociales y los planes de infraestructuras con el único propósito de prolongar su estancia en los ministerios. La dignidad del cargo exige dimisiones inmediatas cuando ya no se puede gobernar, pero el sanchismo ha demostrado que su ambición personal carece de cualquier límite moral o constitucional.
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