Durante la sesión, veintidós países se opusieron a la inclusión de los controvertidos términos pero finalmente no se produjo una votación sobre la resolución, que se consideró aprobada por consenso.
Otros países dijeron que la inclusión de los términos «orientación sexual e identidad de género» en la resolución patrocinada por Estados Unidos sobre elecciones libres y justas iba en contra de sus culturas y leyes. Insistieron en que los términos no están acordados internacionalmente y no deberían incluirse en futuras resoluciones. Y cuestionaron la pertinencia de incluirlos en una resolución sobre elecciones libres y justas.
Un delegado de Egipto dijo que la inclusión de la ideología de género «socava» el sistema de derechos humanos y estaba «imponiendo conceptos vagos relativos a asuntos privados que están fuera del marco de los derechos humanos».
No se vota
En principio se esperaba una votación sobre la resolución en la sesión plenaria de la Asamblea General, en la que se iba a adoptar finalmente la resolución. El personal de la secretaría de la ONU que dirigía la reunión había tomado medidas en previsión de una votación en lugar de la aprobación por consenso unánime. Una reclamación presentada por Arabia Saudí parecía pedir una votación. Bajo la intensa presión del gobierno de Biden, al final no se llevó a cabo ninguna votación.
Al final, resolución por consenso
La adopción por consenso de una resolución con lenguaje sobre «orientación sexual e identidad de género» es un momento decisivo en la política de la ONU. En las dos últimas décadas, la amenaza de un voto de países como Camerún, Nigeria y Arabia Saudí bloqueó la adición de lenguaje sobre «orientación sexual e identidad de género» en docenas de resoluciones de la ONU. Las delegaciones que promueven la agenda LGBT han sentado ahora un precedente para incluir este lenguaje.
La importancia de la resolución
La resolución de Estados Unidos sobre elecciones libres y justas suele aprobarse por consenso en la Asamblea General cada dos años. El lenguaje de la resolución va más allá de pedir respeto o privacidad. Compromete a los países a «eliminar las leyes, los reglamentos y las prácticas que discriminan, directa o indirectamente» o que pueden tener un efecto sobre la participación de las personas que se identifican como LGBT en las elecciones como una obligación de derechos humanos.
Este amplio lenguaje podría ser interpretado por el sistema de la ONU como la exigencia de reconocer el matrimonio homosexual y las terapias hormonales para los niños que se identifican como del sexo opuesto, así como la educación sexual integral.
En la Cumbre para la Democracia celebrada la semana pasada, patrocinada por el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Administración Biden, los funcionarios estadounidenses vincularon explícitamente la democracia a la promoción de la agenda LGBT. Esto hace imposible que los más de cincuenta y ocho países que se opusieron a la inclusión de la «orientación sexual e identidad de género» en la resolución de las elecciones sean considerados sociedades democráticas.
