Da por buena la medida acordada hace año y medio con Vox de que los centros informen a los padres de las actividades complementarias y extraescolares

La negociación de los Presupuestos para 2022 en Madrid ha llevado a Vox a colocar aparentemente en el centro del debate dos de sus postulados históricos por los que batalla, no solo en Madrid, sino en todas las comunidades autónomas: derogación de las leyes Lgtbi y el «pin parental».
No habrá derogación de las leyes lgtbi
Con respecto a la derogación de las leyes Lgtbi, Isabel Díaz Ayuso ya ha dejado claro que no se derogarán las leyes, solo se modificará parte de su articulado, como la parte que afecta a la inversión de la carga de la prueba de tal manera que, según la ley vigente, una persona acusada de homofobia tiene que demostrar que no ha cometido la acción. Un parche ante una situación de clara injusticia pero que no arregla el problema de fondo
Tampoco habrá Pin Parental
Paralelamente se está negociando la Ley Maestra con la que Madrid pretende ser el contrapunto a la ley educativa en vigor impulsada por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez: la Lomloe, más popularmente conocida como «ley Celaá».La norma, que pretende ser la contrarreforma educativa a la «ley Celaá», precisa los votos de Vox para salir adelante y uno de los puntos enmendados sería el llamado «veto parental» por el que los padres pueden negarse a que sus hijos acudan a algunas actividades.Pero al igual que Ayuso se ha plantado con la derogación de las leyes Lgtbi, también parece haberlo hecho con el «pin parental», que va a quedar fuera de la Ley Maestra.

Ayuso da por negociado el asunto con el acuerdo que se alcanzó hace año y medio con la formación que lidera Rocío Monasterio en Madrid y que quedó materializado en una instrucción que ya está vigente y que obliga a los centros educativos a dar información previa a los padres en el sobre de matrícula, no solo del ideario del centro, sino sobre las actividades complementarias y extraescolares.