Amnistía y jaque al rey | Eusebio Alonso

Pudiera resultar sorprendente, si no conociéramos sobradamente el percal que gastan, que los mismos medios que antes de las elecciones del 23J, y una vez concedidos los indultos a los encarcelados por el procés catalán, apoyaban abiertamente la posición política del PSOE de no transigir ante pretensiones de los partidos separatistas en materia de amnistía y referéndum de autodeterminación, que ahora, tras el giro copernicano realizado por Sánchez para mantener la presidencia del gobierno, ellos también se alineen con la nueva tesis al más puro estilo del “orwelliano” Ministerio de la Verdad que, si en algo era experto, lo era en borrar o hacer olvidar hemerotecas comprometedoras. A falta de espíritu crítico en la población, son los medios los que crean opinión. Estos medios, cada vez menos independientes, obedecen, como hacen también los perros, a su amo. No importa que éste no atesore demasiadas cualidades éticas ni morales. Está en su genética el no morder la mano que le da de comer, en este caso a costa de los impuestos de todos.

Cabe también mencionar al “coro de grillos que cantan a la luna”, como diría don Antonio Machado, que actúan de comparsa internacional como son The Economist y The Financial Times que ven, no se lo pierdan, en la ley de amnistía una forma de superar la fractura social con Cataluña sin que ello comprometa la integridad del territorio nacional. Pareciera que escribieran al mismísimo dictado de la Moncloa. Estos prestigiosos medios “guiris” no quieren darse cuenta de que premiar al delincuente, y vulnerar la ley para hacerlo, lo único que trae consigo es la claudicación del Estado de Derecho y una llamada a la reincidencia, al crearse una legislación que garantiza la impunidad y cuestiona a futuro cualquier acción judicial. ¿Cómo pueden asegurar estos medios que la amnistía garantiza la integridad territorial, cuando los premiados en la ruleta de la infamia ya han asegurado repetidas veces que volverán a reincidir en sus fechorías tanto como sea necesario hasta conseguir sus objetivos? Vaya forma tan patética de arrojar a la basura un prestigio de independencia tan trabajosamente adquirido a lo largo de muchos años.

El PSOE de Pedro Sánchez ha conseguido gracias a su base electoral de 7 millones de personas, que tragan lo que sea, y al pacto con los enemigos de España, obtener la investidura. La izquierda, mucho más hábil que la derecha en el uso de mantras y mentiras cada vez menos elaboradas, ha encontrado un filón en infundir miedo en su electorado ante la hipotética llegada de la derecha acompañada de la que se obstinan en llamar “ultraderecha”. ¡Cuidado! no vaya a ser que desmonten los chiringuitos ideológicos o se eliminen los logros progresistas. Poco importa que seamos el país con peor renta per-cápita de la unión europea, el país con la mayor tasa de paro, el país en el que la deuda pública ha crecido en 360.000 millones de € (un 30%) en los 5 años de gobierno de Sánchez, el tercer país de Europa con mayor pobreza infantil, el país del que empiezan a escapar grandes empresas creadoras de riqueza, huyendo del expolio impositivo, o el país que haya bajado, con Sánchez en la Moncloa, nada menos que 22 puestos en el índice de calidad democrática según el barómetro del mismo “The Economist” antes mencionado. ¿Qué hace falta que ocurra para que la gente despierte de la hipnosis colectiva?

Líneas rojas en la negociación política

Los medios de izquierda argumentan que es legítimo negociar entre formaciones políticas para llegar a un acuerdo de investidura y de gobierno. No puedo estar más de acuerdo con esa afirmación, aunque con matices importantes. Cualquier negociación de esta naturaleza tiene que tener líneas rojas. Para ilustrar a lo que me refiero con líneas rojas, permítanme la libertad de poner un ejemplo más o menos hipotético. Imagínense que un partido político exigiera, para conceder su apoyo, retirar o recortar las pensiones de los ancianos con objeto de poder cuadrar presupuestos ideológicos y, además, poner un límite de edad al derecho al voto, aludiendo a la pérdida de capacidades cognitivas que pudieran tener personas de edad avanzada. Quiero suponer, que la inmensa mayoría de nosotros pensamos al día de hoy que se trataría de exigencias amorales que van radicalmente en contra de la justicia, al negar un derecho por el que se han cotizado muchos años, y de la igualdad, al querer retirar a una parte de la población para neutralizar su influencia electoral. Esto opinamos hoy… Veremos qué es lo que opina la mayoría de la población dentro de unos años a medida que avancemos por la senda del adoctrinamiento y el relativismo moral.

A la luz del hipotético ejemplo anterior, creo que queda bastante clara la necesidad de establecer unos límites éticos que debería respetar cualquier partido democrático, con un mínimo decoro, ante cualquier negociación política. Estos podrían ser, entre otros:

• No contravenir o subvertir la ley, en especial la Constitución que es la ley de leyes. Por desgracia, la eliminación del trámite previo de inconstitucionalidad por los socialistas en el año 1985 permite, según la ley Orgánica 4/1985, que cualquier ley inconstitucional pueda entrar en vigor y solo puede ser derogada si se presenta un recurso ante el tribunal Constitucional y éste lo ratifica sin límite de plazo para la resolución. Curioso que fuera también González en 1985 el que terminara con cualquier vestigio de independencia judicial con la ley Orgánica del Poder Judicial que ponía en manos de los políticos la elección de los miembros del CGPJ. Leyes perversas contra la independencia de poderes que tampoco el PP fue capaz de derogar, en 40 años, por pura conveniencia.
• No atacar el principio de igualdad entre españoles mediante la concesión de ventajas, derechos, o estableciendo deberes, en función de cada territorio o de otros criterios como el perfil de gobierno vigente en cada Comunidad Autónoma. Si así se obrase, se perdería, por ejemplo, autoridad moral para exigir el pago de impuestos a los españoles menos beneficiados.
• No acomodar la ley según intereses partidistas en beneficio propio o de otros partidos o empresas nacionales o internacionales.
• No legitimar, como interlocutores, a delincuentes. Negociar con un prófugo de la justicia supone deslegitimar las causas por las que éste es perseguido, o lo que es lo mismo, las leyes que establecen los delitos de los que se le acusa, así como a los jueces y fiscales implicados en las causas relativas a esos delitos. ¿Qué opinaría usted si un partido político, para poder gobernar, negociara con mafiosos y terroristas el futuro de su país? Pues, aunque alguno todavía no se lo acabe de creer… ¡en esas estamos!

De las negociaciones preparatorias para la investidura de Sánchez conocemos bastante poco. Tan solo aquello que los partidos implicados en el pacto multicolor quieren contar. No obstante, lo poco que conocemos de la negociación con los partidos independentistas catalanes resulta extremadamente inquietante.

Ley de amnistía

Una ley de esta naturaleza supone una claudicación ante los intereses separatistas y el reconocimiento implícito de que los delitos de rebelión y sedición dejan de tener legitimidad en nuestro actual ordenamiento jurídico. Supone también una intromisión inaceptable del poder ejecutivo en el poder judicial y un ninguneo de lo que dice la ley de leyes: la Constitución. No lo digo yo, lo dice la sala de Gobierno del Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial y hasta los mismos portavoces del PSOE antes de que Sánchez les hiciera cambiar de opinión para mantener bien guarnecido su pesebre. Se pretende conseguir, nada menos, que una ley orgánica desacate de facto la Constitución. En definitiva, un golpe de gracia al Estado de Derecho del que no podremos reponernos salvo que seamos capaces de parar este dislate y poner a Sánchez, imputado por felonía, en el banquillo de los acusados.

El polémico acuerdo con Junts incluye una cláusula de Lawfare que acepta reconocer que los juicios por el procés han sido por causas políticas, cuestionando la función realizada por los jueces y acreditando que los encausados por el procés eran tan solo perseguidos políticos en lugar de delincuentes comunes. En definitiva, desactivará el control judicial sobre los excesos independentistas en el futuro.

Trato de favor

El acuerdo con Junts también incluye un trato de favor respecto a otras regiones de España, incluyendo:

• Cesión a Cataluña del 100% de los impuestos. Supone un agravio comparativo con el resto de las regiones y un atentado contra la solidaridad nacional
• Reconocimiento de Cataluña como nación y apertura de una mesa de diálogo, con un mediador internacional, para la preparación de un referéndum de autodeterminación. Supone, a priori, un reconocimiento de un derecho que no concede la Constitución. Cualquier referéndum debe extenderse a toda la población española que es la depositaria de la soberanía nacional. Una consulta, vinculante o no, realizada a una parte de la población española contraviene el espíritu de nuestra Carta Magna de igualdad de todos los españoles para elegir el futuro de la nación.
• Condonación de 15.000 millones de euros de la deuda catalana al Estado. Perdonar una parte de la deuda contraída por una región supone un trato de favor para comprar voluntades con el dinero del resto de los españoles. Constata una vez más el profundo desequilibrio de derechos y deberes entre las diferentes regiones de España.

Ninguna de estas concesiones formaba parte del programa con el que Sánchez acudió a las pasadas elecciones. La capacidad de Sánchez para ceder en todo lo que le propongan los enemigos de España, habla a las claras de su indiscutible bajeza moral. Cabe pensar que este individuo es capaz, y tal vez ya lo haya sido, de hacer cualquier cosa ilícita para mantener el poder. Nada nuevo bajo el sol si miramos el comportamiento de las dictaduras bolivarianas de Iberoamérica que, una vez llegan al poder, acomodan la legislación y se ayudan de cualquier herramienta a su alcance para pervertir, aún más, la democracia y mantenerse en el poder indefinidamente. Tal vez eso explique el asalto de Sánchez a las instituciones como son el Tribunal Constitucional que podrá autorizar leyes dudosas y bloquear los recursos de inconstitucionalidad indefinidamente, la Fiscalía General del Estado como herramienta para perseguir al disidente y, por último, a empresas como Correos que controla el voto por correo e Indra que lo contabiliza.

Barreras a la demolición del Estado de Derecho

Siendo grave el trato de favor con unas comunidades, la cesión de mayor gravedad, al día de hoy, es la concesión de la amnistía. Una vez realizada la investidura de Sánchez como presidente para la próxima legislatura, quedan todavía algunas posibles barreras para impedir la puesta en vigor de la ley de amnistía.

Presión de la calle. Es la única expresión de la voluntad popular entre elecciones. El que no ejerce su derecho de movilización contra los excesos les está dando, en mayor o menor medida, su apoyo tácito.

Consejo de Estado. Desgraciadamente, sus dictámenes no son vinculantes y solo actúa a solicitud del gobierno.

Congreso de los Diputados. No es previsible que tras la investidura se produzca un cambio de mayorías, salvo que haya algún estomago insatisfecho con la aplicación de los acuerdos. Del Senado, órgano costoso e inútil, prefiero no hablar ya que tan solo puede retrasar la entrada en vigor de la ley, pero no detenerla.

Tribunal Constitucional. Actualmente, hay una mayoría progresista y el presidente, Conde Pumpido, representa un voto de calidad en caso de empate en la votación. Este órgano tiene la atribución de sacar sus resoluciones a sus recursos de inconstitucionalidad cuando le plazca, como demostró en los 12 años que necesitó para dar una resolución sobre la ley del aborto de Zapatero. Una resolución tardía, aunque fuese acertada, puede resultar perfectamente inútil.

Europa. Europa ya ha demostrado dando amparo legal a un prófugo de nuestra justicia durante 6 años que no respeta demasiado nuestro ordenamiento jurídico. Menos ahora, que hasta el propio gobierno de España actúa como «ponente» de la felonía. La oposición de Europa, si existe, se reducirá a una teatralización testimonial.

El rey. El rey es el personaje clave que todavía puede negarse a firmar una ley que contraviene la Constitución que ha jurado respetar y que pone en serio riesgo la unidad de España a corto plazo; única tarea importante que la Constitución le asigna. Decida lo que decida, debería pensar en el interés de España antes que en el futuro a corto plazo de la institución que representa.

Concentraciones de Ferraz y ante las sedes del PSOE en toda España

Como todo el mundo sabe, desde el comienzo del mes de noviembre, la Sociedad Civil se viene manifestando frente a la sede de Ferraz para protestar por la ley de amnistía pactada entre Junts y el PSOE.  En algunos medios de comunicación, se acusa a los manifestantes de fascistas violentos sólo porque unos pocos hayan podido exhibir una bandera preconstitucional o realice alguna acción que pueda ser interpretada como un exceso violento. Yo he estado presente en muchas de estas concentraciones y puedo asegurar que quien se excede realmente con violencia desproporcionada es la policía. Lástima que estos medios no sean capaces, en beneficio de la justicia y la equidad, de usar la misma vara de medir cuando toca calificar el comportamiento impune de los sindicatos de izquierda en las huelgas generales cuyos excesos violentos están muy por encima de los mostrados en las concentraciones de Ferraz.

Cada uno debe hacerse responsable de sus propias acciones. En ningún caso de las acciones de los demás. En buena ley, no se puede desacreditar una manifestación pacífica en la que hay gente de todas las edades, por el hecho de que cuatro exaltados, posiblemente pagados por intereses ocultos, tengan algún comportamiento violento. Personalmente, rechazo cualquier comportamiento violento y considero legítimo que si los hay se puedan exigir responsabilidades a los que los cometen, dando visibilidad pública de la identidad de los que se ponen a disposición judicial.

¿Tiene sentido mantener esas concentraciones una vez realizada la investidura? Yo creo que sí. El daño que produce a la imagen del PSOE se demuestra en el número de efectivos que se utilizan para controlar la manifestación y por la campaña mediática descalificatoria que hacen los medios afines. Por el principio de la acción y reacción, si queremos frenar los excesos tiránicos de quien nos gobierna, la reacción popular debe ser proporcional al exceso cometido. Por otra parte, estas concentraciones ayudan a visibilizar la envergadura del problema tanto a nivel nacional como internacional. Por último, es necesario un apoyo popular para insuflar coraje a las últimas barreras institucionales que todavía existen para impedir la aprobación de la ley de amnistía.

El futuro de la monarquía

Acogiéndome a la teoría de nuestro medio sobre la estrategia del “salami”, creo que Sánchez tiene una hoja de ruta predefinida desde hace tiempo. Posiblemente heredada, en buena medida, de Zapatero. Hoja de ruta que culminará, si la sociedad española se lo permite, llevándonos a una república atea en formato de Estado Federal asimétrico con la parte de España que no haya conseguido centrifugar. En este Estado Federal asimétrico y ateo, cada territorio tendrá derechos y deberes diferentes dependiendo del interés del que haya creado ese engendro. Es decir, una república con ciudadanos de primera, otros de segunda y, tal vez, otros de tercera. En ese camino, van cortando las rodajas del salami, hitos, a una velocidad que a veces puede parecer imperceptible para no alertar a la sociedad. Sin embargo, la concesión de la ley de amnistía a los golpistas del procés representa una rodaja significativa del “salami” que ha conseguido despertar y poner en guardia a una parte importante de la población, ya que supone un desmantelamiento del Estado de Derecho, incapacita a los jueces para volver a juzgar delitos similares y pone en una tesitura difícil a la monarquía: “jaque al rey”.

El rey es consciente de la jugada que están preparando, dado que la amnistía busca también deslegitimar su figura a medio plazo, creando un camino franco a la división de España. En tal situación, nuestro rey tendrá que decidir si prefiere no mover pieza, mimetizarse con el horizonte y pedir perdón, tácita o explícitamente, por el discurso que hizo en 2017 contra el golpe de Estado protagonizado por el separatismo catalán; o tomar posiciones, con los medios que le asigna la Constitución, para mantener la unidad de España. Si opta por la estrategia de don Tancredo, tendrá un breve periodo de tranquilidad, hasta que se apruebe el previsible referéndum de autodeterminación de Cataluña que acabará con la unidad de España y conseguirá, de paso, la desafección definitiva de una parte cada vez mayor de la población que ya empieza a manifestarse con la bandera nacional con el escudo de la corona mutilado por el desamparo que perciben por parte de esta institución.  Si decide actuar en defensa de la unidad de España, estoy convencido que la mayor parte del pueblo español le apoyará hasta donde sea necesario y conseguirá defender la continuidad de la institución que representa.

En los momentos difíciles se muestra la auténtica talla de los gobernantes. Nadie prometió que la cosa iba a ser fácil ante los herederos ideológicos de los que echaron de España a Alfonso XIII e hicieron inevitable la guerra civil del 36.

Eusebio Alonso | Licenciado en ciencias físicas. Subdirector del diario online  Adelante España.