La Generalitat justifica el acoso a un niño de 5 años por el “ataque intolerable” a la inmersión lingüística
El Supremo resuelve que para garantizar adecuadamente el derecho de los niños a ser educados en su lengua madre y habida cuenta del bilingüismo existente en Cataluña, todos los niños tienen derecho a que al menos el 25% de su educación sea en su lengua materna.
Obviamente lo que resuelve es que los castellanoparlantes -que son cerca de la mitad- tienen derecho a recibir al menos el 25% de la educación en español. Y esto tan básico es considerado como un “ataque intolerable” para los intolerantes que llevan años imponiendo la inmersión lingüística y violando el derecho humano a ser educado en la lengua madre.
Para estos identitarios, la lengua es el símbolo de su identidad. Y como es su única identidad la defienden de manera irracional y hasta salvaje. Y así, el consejero de Educación se permite remitir una carta a los directores de los colegios catalanes advirtiéndoles que la Generalitat desobedecerá y protegerá a los rebeldes. Una deslealtad institucional de libro.
Pero la cumbre de la sin razón ha llegado cuando una familia de un menor de 5 años ha pedido que se les aplique la sentencia del Supremo y que su hijo reciba el 25% de la educación en español.
Ha sido entonces cuando la jauría de intolerantes se ha volcado en evidenciar su intransigencia insultando a los padres y al niño, animándoles a abandonar Cataluña, publicando su dirección física y animando a hacer escraches al pequeño para que no pueda ir al colegio.
¿De verdad que el catalán es tan débil que necesita acosar a un pequeño de 5 años para demostrar su supuesta fortaleza?, ¿de verdad que nadie en el gobierno catalán ha condenado semejante acoso ‘lazi’?
Ni siquiera el nuevo Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha querido mojarse en el asunto. Dice que todavía no conocemos todo el cuadro para poder opinar. ¿Qué más necesita un ‘Ombudsman’ para intervenir que una administración en rebeldía frente al Supremo y con un menor de rehén? Alucinante. Vergüenza.
Por si fuera poco, el consejero de Educación, Josep González Cambray, acude al colegio del menor para echar gasolina al fuego: justifica el hostigamiento por lo que considera como “ataque intolerable” a la inmersión lingüística. Ver para creer. Si no está de acuerdo con la sentencia del Supremo, recurra al Constitucional o a Estrasburgo. Pero eso nunca justifica el acoso a un niño. Nunca. Gentuza.
De momento, 13 familias más se han sumado a reclamar el cumplimiento de la sentencia del Supremo. Pero no es suficiente. La Generalitat puede estar tentada de hacer un ‘apartheid’ con esos 13. Es necesaria la aplicación universal. Y es necesario que el delito de odio producido con el pequeño y su familia sea perseguido con todas las garantías pero con toda la contundencia. Nos estamos jugando la convivencia pacífica. Esa que los intolerantes quebraron hace demasiado tiempo.
Luis Losada Pescador | Periodista
