¿A qué esperan los magistrados para declarar inconstitucional la ley del aborto?

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Sólo tienen dos opciones: o revierten su propia doctrina expresada en 1985 o han de declarar YA inconstitucional la ley de 2010. Once años después más de 1.025.000 niños han muerto a causa del aborto en España.

Este viernes, 23 de julio, a las 11 de la mañana, varios miembros de Derecho a Vivir, entre los que tengo el honor de encontrarme, además de la Ambulancia Vida y los Niños sin Intocables hemos estado a las puertas del Tribunal Constitucional convocados por la asociación Los Niños son Intocables para mostrar nuestro hartazgo: el Tribunal lleva casi 11 años sin manifestarse sobre la constitucionalidad de la ley del aborto aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la llamada ley Aído del aborto, y ¡ya han muerto más de 1.025.000 niños en España por esta terrible ley!

¿Les parecen muchos niños muertos? Hay más en realidad porque los datos que ofrece el Ministerio de Sanidad se refieren a los abortos notificados por los centros autorizados para la práctica del aborto a través de las comunidades autónomas. Según los datos del Instituto de Política Familiar (IPF), existe una gran bolsa de abortos ocultos.

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Tal y como denuncia a través del informe anual publicado en 2020, no todas las administraciones regionales tienen protocolos de seguimiento del aborto químico y por tanto no lo notifican. Estas comunidades son: Extremadura, Comunidad de Madrid, Canarias, Castilla y León, Castilla La Mancha, La Rioja y la Región de Murcia. El IPF estima que estos abortos químicos no notificados rondan los 6.600 sobre la base de las cifras de las comunidades que sí los declaran.

En España han sido matados antes de nacer casi dos millones y medio de seres humanos (2,3 millones) desde 1985
Además, resulta imposible conocer el número de abortos provocados por la llamada píldora del día después (PDD) que puede actuar con un doble mecanismo: impedir la ovulación (efecto anticonceptivo) o impedir la anidación del óvulo fecundado (efecto abortivo). El IPF calcula que en España se venden unas 700.000 al año y a ellas podrían atribuirse unos 7.000 abortos más al año.

A ello habría que sumar el número de mujeres que haya fallecido como consecuencia de la propia intervención que no quedan registradas en la estadística y también serían computables como muertes por aborto.

Por su parte, desde 1985, y con los datos oficiales actualizados hasta 2018, en España han sido matados antes de nacer casi dos millones y medio de seres humanos (2,3 millones) lo que equivale a la desaparición conjunta de la población de las provincias de Huesca, Teruel, ávila, Palencia, Segovia, Soria, Zamora, Lugo, Orense, Cuenca, Guadalajara y La Rioja.

La Constitución y el Constitucional

¿Qué dice la Constitución Española? Establece en su artículo 15 que “todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”.

¿Qué dice el Tribunal Constitucional sobre este derecho? En la sentencia 53/1985, de 11 de abril, consecuencia de un recurso previo de inconstitucionalidad, estableció que

El derecho a la vida “constituye el derecho fundamental esencial y troncal en cuanto es el supuesto ontológico sin el que los restantes derechos no tendrían existencia posible”.


“La vida humana es un devenir, un proceso que comienza con la gestación (…) y que termina con la muerte”.
“Si la Constitución protege la vida (…) no puede desprotegerla en aquella etapa de su proceso que no sólo es condición para la vida independiente del claustro materno, sino que es también un momento del desarrollo de la misma; por lo que ha de concluirse que la vida del nasciturus, en cuanto éste encarna un valor fundamental –la vida humana- garantizado en el art. 15 de la Constitución, constituye un bien jurídico cuya protección encuentra en dicho precepto constitucional” aunque no sea titular de derechos al no haber alcanzado personalidad jurídica con el nacimiento, de acuerdo al Código Civil.


O los magistrados revierten su propia doctrina expresada en 1985 o han de declarar YA inconstitucional la ley de 2010, de Zapatero, de Aído, tras el recurso del PP presentado en junio de 2010 sobre esta base. ¿A qué esperan once años después mientras que ya se cuentan por millones las muertes de seres humanos?

(Rosana Ribera. Actuall)

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