Un Gobierno que oculta información, no gobierna: se protege de los ciudadanos. Es una dictadura.
La dictadura sanchista avanza sin complejos y ya no disimula. Ayer leía el artículo de la periodista Beatriz Jiménez Pérez en Vozpópuli y la conclusión resulta inquietante: el Ministerio del Interior quiere ocultar información electoral durante hasta quince años.
Fernando Grande-Marlaska impulsa la nueva Orden INT/2026, una norma que permite clasificar como “uso oficial” o “uso interno” datos relacionados con procesos electorales. No hablamos de secretos militares. Hablamos de elecciones. El Gobierno crea así un sistema legal para congelar el acceso público a información clave sobre logística, seguridad y desarrollo electoral.
La congelación informativa como método de control
La dictadura sanchista ya no se basa en censura directa. Funciona con burocracia. Funciona con normas técnicas que nadie lee y que esconden decisiones políticas de enorme calado. La nueva orden permite que cualquier documento se clasifique por decisión administrativa “motivada”. No hace falta una sentencia. No hace falta una ley orgánica. Basta con que el propio Ministerio lo decida. El gobierno de Sánchez se pone por encima de culaquier mecanismo de control y hace lo que le da la gana. Y un Gobierno que oculta información, no gobierna: se protege de los ciudadanos. Es una dictadura
La arquitectura de poder resulta clara. La Secretaría de Estado de Seguridad dirige la política general. Pero en materia electoral, la Subsecretaría del Interior asume el control directo. Para ejecutar esta estructura, Interior crea el Servicio de Protección de la Información Clasificada,- el SPIC-. Este órgano actúa como brazo ejecutor. Vigila. Controla. Decide qué se sabe y qué no.
Cuando se trata de elecciones, el SPIC responde directamente ante la Subsecretaría. No ante el Parlamento. No ante los jueces. Ante el propio Gobierno.
De la transparencia al blindaje administrativo
La dictadura sanchista no necesita tanques ni golpes de estado violentos. Necesita decretos. Esta norma introduce dos categorías nuevas: información de uso interno e información de uso oficial. La información de uso interno nunca puede salir del Ministerio. La de uso oficial solo se comparte bajo el principio de “necesidad de conocer”.
Ambas categorías se aplican a materias que afectan a la seguridad pública. Y ahí entra todo el proceso electoral: infraestructura, sistemas informáticos, recuentos, logística, protocolos. Todo queda dentro del cajón de la opacidad.
La transparencia electoral no constituye un capricho. Es la base mínima de cualquier sistema libre. Sin acceso a la información, no existe control ciudadano. Sin control, no existe democracia real. Cuando un Gobierno prioriza la opacidad sobre la rendición de cuentas, algo huele mal.
La metodología dictatorial de Sánchez ha cambiado: no prohíbe votar, controla lo que se sabe sobre el voto. No suspende elecciones, oculta cómo se organizan. No encarcela disidentes, los margina mediante burocracia. Crea una dictadura con apariencia de democracia.
Con Sánchez, la democracia no muere de golpe. Se está apagando por acumulación de pequeños golpes instituciones. Es la teoría del «salami» llevado a un golpe de estado. Poco a poco.
La opacidad electoral es autoritarismo puro
La dictadura sanchista entra en una fase peligrosa. Ocultar información electoral durante quince años no protege al sistema. Lo degrada. Un Gobierno que no quiere que los ciudadanos conozcan cómo se organizan las elecciones no confía en su propio proceso. Y cuando un Gobierno no confía en la transparencia, es porque teme al control.
La democracia no se defiende con discursos institucionales. Se defiende con luz y con acceso. Se defiende con verdad. Todo lo demás es ingeniería de la opacidad. Y eso, en cualquier manual político serio, tiene un nombre claro: dictadura. Y quien lo ejerce es un dictador
Gonzalo Torres | Escritor
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