Quien gobierna con dinero público – el gobierno- no tiene derecho a ocultar a quién paga ni cuánto paga.
El Consejo de Transparencia obliga a Moncloa
Los asesores de Moncloa entran por fin en el foco público. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha ordenado a la Presidencia del Gobierno que facilite la identidad, los nombramientos oficiales y las retribuciones de los 380 asesores y cargos de confianza que trabajan junto a Pedro Sánchez.
La resolución responde a una reclamación por silencio administrativo. Moncloa no contestó dentro del plazo legal. El Consejo concluye que la información tiene carácter público y debe estar accesible a los ciudadanos.
Ahora el Ejecutivo debe elegir. O cumple el requerimiento en plazo o recurre ante los tribunales. El organismo independiente recuerda que ignorar una solicitud de información no supone un simple fallo formal. Supone una vulneración directa del derecho de acceso a la información pública.
Los asesores de Moncloa forman una estructura financiada con dinero de todos. Por ese motivo, el Consejo insiste en que solo una causa legal muy concreta puede justificar la ocultación de datos. En este caso no existe ninguna.
Un ejército de 380 cargos de confianza
La propia documentación administrativa confirma la dimensión del entramado. La relación oficial de puestos de trabajo identifica 380 plazas de carácter eventual no vacantes. Todos esos cargos están ocupados en la actualidad.
“Quien gobierna con dinero público no tiene derecho a ocultar a quién paga ni cuánto paga”.
Aunque el registro no incluye nombres, sí permite medir la magnitud real del aparato de confianza presidencial. Se trata de una estructura integrada en el funcionamiento diario del Ejecutivo. Dentro de ese bloque, 143 puestos se destinan al asesoramiento político y estratégico. En este grupo figuran vocales asesores, consejeros técnicos, directores de programas y asesores en sentido estricto. A ellos se suman 51 plazas de secretaría y apoyo inmediato, ligadas a gabinetes y unidades de coordinación. Los otros 186 cargos desempeñan funciones técnicas, administrativas o de soporte operativo.
Los asesores de Moncloa no constituyen una figura decorativa. Actúan como engranaje entre la dirección política y la ejecución administrativa. Influyen en decisiones, estrategias y prioridades del Gobierno.
Sueldos elevados y niveles directivos
La jerarquía interna revela otro dato relevante. Un total de 126 puestos se sitúa en los niveles 28, 29 y 30. Estos niveles representan los tramos más altos de la escala administrativa. Hablamos de rangos asociados a responsabilidades estratégicas y a complementos retributivos elevados. Muchos de estos asesores se mueven en la franja directiva del organigrama de Moncloa.
En la cúspide, un vocal asesor de nivel 30 percibe un complemento específico de hasta 41.000 euros anuales. Esta cifra se suma al salario base, lo que coloca a estos cargos entre los mejor remunerados del personal eventual de la Administración.
Los asesores de Moncloa cobran como altos directivos sin haber pasado por procesos públicos de oposición ni de mérito profesional objetivo. El criterio dominante sigue siendo la confianza personal y política.
Transparencia en un contexto de sospechas
La exigencia de transparencia llega en un momento político especialmente sensible. En los últimos años han aparecido referencias a asesores en investigaciones y controversias mediáticas. El llamado caso Koldo, las diligencias ligadas a la etapa de José Luis Ábalos o la polémica sobre una asesora vinculada al entorno de Begoña Gómez han intensificado el debate público.
Estos episodios pertenecen al ámbito judicial o mediático y no implican responsabilidades acreditadas en este procedimiento. Sin embargo, refuerzan el interés legítimo de la sociedad por conocer quién ocupa estos puestos y en qué condiciones.
Los asesores de Moncloa trabajan en el corazón del poder. Manejan información sensible, influyen en políticas públicas y participan en decisiones estratégicas. Ocultar sus identidades y salarios solo alimenta la desconfianza ciudadana.
Sánchez ante una nueva prueba de credibilidad
El Consejo de Transparencia subraya un punto clave. Cualquier restricción al acceso a información pública debe basarse en una motivación concreta, suficiente y legal. En este caso, la Administración no aportó ninguna explicación. Ni una sola alegación. Ese vacío refuerza la obligación de entregar los datos íntegros.
Desde el punto de vista organizativo, la documentación dibuja una Presidencia sostenida por capas sucesivas de asesoramiento estratégico, coordinación técnica y gestión operativa. La publicación de los nombres y sueldos permitirá evaluar perfiles, trayectorias y costes reales del sistema. Los asesores de Moncloa ya no pueden seguir en la sombra si el Gobierno presume de transparencia.
La transparencia no admite excusas
Los asesores de Moncloa representan uno de los núcleos de poder más opacos del sistema político español. El Consejo de Transparencia ha dado un paso decisivo para romper ese muro.
Si Moncloa decide recurrir, demostrará que teme la luz. Si no cumple, confirmará un modelo basado en la opacidad, el amiguismo y la falta de control real.
La transparencia no debilita la democracia. La fortalece. Y hoy más que nunca, España necesita saber quién manda desde la sombra y cuánto nos cuesta mantener ese poder invisible.
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