El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática prevé aprobar una norma sobre fundaciones en la que una comisión dependiente de esta cartera decidirá quién entra y quién no
El control del Gobierno sobre fundaciones avanza un paso más con la creación de un nuevo órgano político que decidirá quién puede representar a las entidades privadas ante la Administración. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática prepara un real decreto para regular el llamado Consejo Superior de Fundaciones.
Este proyecto, que llegará próximamente al Consejo de Ministros, define este órgano como «un órgano de carácter consultivo, adscrito al Ministerio competente en materia de política territorial, e integrado por personas representantes de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y de las fundaciones».
Según el propio texto, su función consistirá en facilitar «la acción pública y las decisiones administrativas de manera más informada, objetiva y con una visión más amplia de las necesidades del sector». En la práctica, el Ejecutivo introduce una estructura de supervisión política directa sobre entidades que nacen del ámbito privado.
El preámbulo reconoce que el Consejo ya figuraba en una ley del año 2002, pero también admite que «transcurridos más de veinte años desde su creación, el Consejo Superior de Fundaciones no se ha constituido». Ahora, curiosamente, el Gobierno socialista decide activarlo en plena expansión de su agenda de control institucional.
Comisión política para decidir quién entra
El aspecto más grave del decreto reside en la creación de la llamada Comisión de Selección de los vocales del Consejo Superior de Fundaciones en representación de las fundaciones. Este órgano dependerá directamente del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, cuyo titular es el filomasón Ángel Víctor Torres.
La norma establece que esta comisión «tiene como fin realizar la evaluación propuesta de nombramiento de las vocalías del Consejo Superior de Fundaciones en representación de las fundaciones». En otras palabras, el Gobierno se reserva el derecho de aceptar o rechazar a los representantes que propongan las propias entidades privadas.
El presidente de esta comisión será el titular de la Secretaría General de Coordinación Territorial, también dependiente del mismo ministerio. El Ejecutivo socialista se coloca así como juez y parte en la composición de un órgano que debería nacer desde la independencia de la sociedad civil.
El control del Gobierno sobre fundaciones describe con precisión el fondo de la cuestión. El Estado no se limita a regular, sino que pretende fiscalizar ideológicamente quién puede participar y quién queda excluido.
Un experto en Derecho Administrativo resume el problema con claridad: «No tiene ningún sentido que un comisariado político tenga poder de veto sobre los representantes que sean propuestos por las fundaciones; esto no existía hasta el momento y es evidente que el Gobierno lo que pretende es controlar el Consejo Superior de Fundaciones vigilando quién entra. No menos relevante es saber por qué se regula ahora una institución que se prevé en una norma de hace 20 años: la única explicación posible es establecer un Consejo que se dedique a controlar; pensemos, por ejemplo, en las implicaciones que esto tiene en el mundo educativo que tiene cientos de fundaciones en España, sin ir más lejos en el ámbito universitario«.
Amenaza directa a la libertad civil
El control del Gobierno sobre fundaciones no afecta solo a estructuras administrativas. Afecta a principios básicos como la libertad de asociación, la autonomía institucional y la pluralidad ideológica. Las fundaciones cumplen funciones sociales, educativas, culturales y asistenciales que el propio Estado no cubre.
El preámbulo del decreto reconoce que las fundaciones «cubren necesidades que las Administraciones Públicas o el mercado no logran atender». A pesar de ello, el Ejecutivo no refuerza su independencia, sino que crea mecanismos para vigilarlas desde dentro.
En España existen cientos de fundaciones educativas, muchas de ellas vinculadas a universidades, colegios concertados, entidades religiosas o proyectos culturales. Todas ellas pasan ahora bajo el filtro de una comisión política con capacidad de veto.
El problema no resulta técnico, sino ideológico. El socialismo no tolera espacios autónomos que escapen a su control. Lo demuestra en los medios públicos, en la universidad, en la justicia y ahora también en el tejido fundacional. La norma no persigue transparencia real. Persigue disciplina política. Introduce una figura que decide quién resulta aceptable y quién no según criterios que el propio Gobierno fijará. Refleja un modelo de Estado que sustituye la colaboración institucional por la sumisión ideológica.
Un modelo de Estado cada vez más intervencionista
Este nuevo comisariado político se suma a una larga lista de organismos creados por el Ejecutivo para supervisar y controlar sectores que deberían funcionar con autonomía. Bajo la etiqueta de “coordinación” se esconde una estrategia de centralización del poder. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática acumula competencias que desbordan su función original. Controla ahora la memoria histórica, la organización territorial y la representación de entidades privadas.
El Gobierno ya no se conforma con legislar. Quiere decidir quién puede hablar, quién puede gestionar y quién puede representar. Tal y como hemos dicho en muchas ocasiones este modelo es el propio de dictaduras comunistas. Confirma una deriva autoritaria que reduce los márgenes de libertad en España. El socialismo no tolera instituciones independientes. Prefiere órganos dóciles, sumisos y alineados con su discurso.
El control del Gobierno sobre fundaciones afecta de forma directa a la educación, a la cultura y a la acción social. Sectores donde la iniciativa privada ha sostenido durante décadas proyectos que el Estado nunca supo gestionar con eficacia.
La introducción de un filtro político rompe el equilibrio entre sociedad civil y poder público. Las fundaciones dejan de ser espacios de libertad para convertirse en estructuras vigiladas desde arriba.
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