La asociación Liberum ha iniciado una ofensiva legal y mediática contra la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) por el polémico informe que niega la financiación irregular del PSOE y marca un nuevo capítulo en la batalla por la transparencia en España.
Liberum ha solicitado explicaciones formales al Rectorado de la UAM a través del portal de Transparencia, después de que el documento de auditoría apareciera con el sello oficial universitario y se difundiera en RTVE. Un hecho que genera dudas fundadas sobre el uso de recursos públicos para proteger la imagen del partido socialista.
El informe lo firmaron dos profesores de la Facultad de Derecho de la UAM, Félix Vega Borrego y César Martínez Sánchez, cuyos nombres figuran junto al logotipo oficial de la universidad. El documento se presentó como auditoría “externa”, aunque utilizó símbolos institucionales propios de una entidad pública.
El uso del logo público y la sospecha de blanqueamiento
Según expertos juristas citados en el entorno del caso, el conflicto surge «por el uso presuntamente indebido del logotipo oficial de la universidad pública madrileña en un documento de índole privada. Además, ha sido difundido de forma mediática por la propia televisión pública, lo que podría suponer un cierto blanqueamiento de la auditoría económica del PSOE«.
Y esto refleja el núcleo del problema. Una universidad pública no puede servir de escudo institucional a un partido político, menos aún cuando ese partido gobierna y controla organismos públicos.
Fuentes de Liberum confirman que la rectora de la UAM, Amaya Mendikoetxea Pelayo, ls señala queya ha dado trámite a la solicitud presentada. El procedimiento obliga a la universidad a responder en un plazo máximo de un mes. Hasta el momento, la institución guarda silencio ante las preguntas formuladas por diversos medios.
Liberum exige saber si los profesores firmantes trabajan a tiempo completo o parcial en la universidad. También reclama el certificado que acredite la autorización expresa de la rectora para elaborar la auditoría sobre las cuentas del PSOE.
Además, la asociación solicita copia del contrato entre la UAM y el PSOE, así como la factura emitida, si existió. Esta información resulta clave para determinar si la universidad actuó como institución pública o si los docentes operaron a título estrictamente privado.
Pagos, contratos y transparencia económica
Liberum también reclama datos sobre las cantidades abonadas a los autores del informe y el modo en que se justificaron esos pagos. La asociación quiere saber si los importes se incluyeron en las nóminas de los docentes o si se emitieron facturas individuales.
Este punto resulta decisivo. Si los profesores cobraron como personal de la universidad, el uso del logo institucional carece de justificación legal. Si cobraron como profesionales privados, el empleo del sello público podría vulnerar principios básicos de neutralidad institucional.
España sufre una grave crisis de confianza en sus instituciones, y casos como este alimentan la percepción de connivencia entre poder político y organismos públicos. Cabe recordar que el informe niega cualquier indicio de financiación irregular del PSOE. Sin embargo, su difusión en el telediario de RTVE refuerza la sospecha de uso partidista de medios financiados por todos los españoles.
Instituciones al servicio del poder
El caso Liberum-UAM no resulta anecdótico. Refleja una dinámica preocupante donde universidades públicas, televisiones estatales y estructuras administrativas parecen alinearse con intereses partidistas.
La acción de la sociedad como Liberum ante la UAM resume una lucha por la soberanía institucional frente a la colonización ideológica del Estado. Una sociedad sana exige universidades independientes, medios neutrales y políticos sometidos al escrutinio real.
Este episodio confirma la necesidad de defender la libertad, la transparencia y la separación efectiva entre poder político e instituciones públicas. Cuando el gobierno de Sánchez controla todos los resortes del Estado, la verdad queda subordinada al relato.
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