La condecoración a Open Arms confirma que Pedro Sánchez premia a quienes promueven la inmigración masiva ilegal en plena crisis migratoria que inquieta a la sociedad española.
Un mensaje político claro
La condecoración al podemita Òscar Camps, fundador y director de la ONG Open Arms otorgada por el Gobierno de Pedro Sánchez ha desatado una nueva polémica política y social. El Ejecutivo le ha concedido la Encomienda de Número de la Orden del Mérito Civil.
La decisión llega en un momento crítico. La inmigración masiva figura entre las principales preocupaciones de los españoles. Lejos de atender ese malestar, Sánchez opta por premiar a quienes simbolizan ese modelo de inmigración masiva ilegal.
La condecoración Open Arms supone un pago político a aliados ideológicos. Open Arms mantiene una estrecha afinidad con el entorno podemita y con sectores globalistas que defienden fronteras abiertas. De hecho, diversas voces expertas señalan además que Òscar Camps y la ONG Open Arms cuentan con el respaldo del magnate George Soros, a quien vinculan con estrategias de promoción de la inmigración masiva en Europa.
Sánchez lanza así un mensaje claro. Su Ejecutivo legitima y premia a quienes impulsan la llegada masiva e ilegal de inmigrantes, pese al impacto social, económico y de seguridad.
Open Arms, rescates polémicos y procesos judiciales
La condecoración Open Arms resulta aún más controvertida por el historial de la organización en el Mediterráneo. Open Arms acumula críticas, choques políticos y procedimientos judiciales en distintos países europeos.
Una comandante del Ejército de Tierra describió públicamente el funcionamiento de la ONG en operaciones marítimas. Según su testimonio, muchos rescates no respondían a situaciones de peligro inmediato. La oficial explicó que las mafias con embarcaciones nodriza trasladaban inmigrantes a alta mar. Posteriormente, los barcos de Open Arms recogían a esas personas en aguas jurisdiccionales. En numerosas ocasiones, afirmó, no existía un riesgo inminente en el momento del rescate. Actuarían en connivencia y complicidad con las mafias trasladando a dichas inmigrantes.
Estos hechos derivaron en procesos judiciales en Italia. La propia Corte Penal Internacional italiana intervino en uno de los casos. Según ese testimonio, Open Arms perdió aquella disputa legal.
Aun así, el Gobierno español ahora concede una medalla a su fundador. La condecoración Open Arms ignora deliberadamente este historial casi delictivo.
Inmigración masiva, efecto llamada y responsabilidad política
La condecoración Open Arms reabre el debate sobre el llamado “efecto llamada”. Tal como sostienen numerosos analistas la presencia de estas ONG cómplices incentivan a las mafias del tráfico de personas. Según ellos, las mafias envían embarcaciones precarias desde el norte de África con la seguridad de un rescate rápido. Esa dinámica multiplica las salidas y aumenta el riesgo humano.
Lejos de combatir este modelo, el Gobierno lo legitima. Sánchez otorga medallas a quienes, según muchos expertos, facilitan indirectamente la inmigración ilegal masiva. Esta política choca con la defensa de la soberanía nacional, la seguridad de las fronteras y la cohesión social. También perjudica a los inmigrantes legales que cumplen normas y respetan leyes.
La condecoración Open Arms no representa un gesto humanitario neutral. Representa una toma de partido ideológica. Sánchez premia la inmigración masiva ilegal y a quienes la llevan a cabo.
Una medalla contra el interés nacional
La condecoración al podemita Òscar Camps, fundador y director de la ONG Open Arms simboliza el rumbo de un Gobierno alejado del interés nacional. Sánchez utiliza las instituciones para premiar a quienes sostienen su relato ideológico.
Mientras España sufre los efectos de la inmigración masiva ilegal, el Ejecutivo glorifica a sus promotores.
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Fue determinante en la demoledora sentencia de la juez contra el Open Arms la crítica que se hizo desde la Organización Comunitaria Frontex, que había denunciado «el efecto nocivo que se estaba produciendo al percibir las mafias de inmigrantes que las ONG que operaban lo hacían incluso en las propias costas de Libia, trasladando a los inmigrantes a Italia y no a puertos extracomunitarios más cercanos como Túnez o Malta». La connivencia entre Camps y las mafias de traficantes de ilegales queda señalada cuando se recuerdan «los vídeos de reuniones mantenidas en las costas de Libia con traficantes y estas ONGs que señalaban las playas desde donde saldrían las barcazas, para que el Open Arms fuera a recogerlos allí mismo para su posterior traslado a Italia».
La juez también acepta el argumento de la defensa en torno a la utilización del término «buque negrero», indiscutible en cuanto «el objetivo del Open Arms es trasladar inmigrantes africanos desde las costas libias hasta Italia» gracias al apoyo del lobby mediático con el que Camps se llenó los bolsillos con 3,6 millones de euros en ayudas, subvenciones y donaciones privadas.
La sentencia finaliza recordando que el artículo se publicó en una sección identificable para el lector como «de expresión u opinión y no de información». Por tanto, las opiniones «deben ser valoradas en el contexto informativo y de interés o proyección pública en que fueron vertidas». «La opinión de la autora [Seguí] queda amparada en el derecho fundamental a la libertad de expresión de pensamientos, ideas y opiniones», sentencia la juez.
