El fanatismo climático del Gobierno da un paso más al intentar convertir en delitos de odio las críticas en redes sociales contra divulgadores climáticos alineados con el discurso oficial.
El uso político de los delitos de odio como censura
El fanatismo climático del Gobierno ya no disimula. El Ministerio para la Transición Ecológica ha anunciado que llevará a la Fiscalía los ataques en redes contra divulgadores climáticos.
Sara Aagesen, vicepresidenta tercera, impulsa esta deriva desde su ministerio. Pretende activar la unidad especializada en delitos de odio contra ciudadanos críticos.
Hay que recordar que el concepto de delito de odio funciona como un saco ambiguo y sin definición precisa. El poder lo usa para silenciar cualquier disidencia incómoda. Por ello, el globalismo ha convertido esta figura jurídica en su principal instrumento de censura. El pensamiento único necesita castigar al discrepante para sobrevivir.
En España, el artículo 510 del Código Penal ya castiga el odio por motivos concretos. Aagesen quiere ir más lejos. Ahora pretende que criticar o disentir la llamada emergencia climática encaje como delito de odio. Ese salto supone un ataque frontal a la libertad de expresión.
El fanatismo climático del Gobierno no busca proteger a nadie. Busca imponer dogmas ideológicos desde el poder político.
Dogma climático y persecución del pensamiento crítico
La decisión de Aagesen transmite un mensaje inquietante. Quien cuestione el relato climático oficial puede terminar ante un fiscal. Un experto lo resume con claridad: lo que digan los científicos oficialistas y subvencionados se convierte en dogma de fe incuestionable. El debate científico desaparece cuando el poder amenaza con sanciones penales. La ciencia avanza con discusión, no con censura.
El fanatismo climático del Gobierno sustituye el contraste de ideas por la intimidación jurídica. Ese método define a los regímenes dictatoriales.
Aagesen quiere superar incluso a Teresa Ribera en radicalismo verde. Su número dos, Joan Groizard, refuerza esa línea sin matices. Ambos insisten en una emergencia climática que muchos científicos niegan. Así, los firmantes de la Declaración Mundial sobre el Clima de Climate Intelligence lo dejan claro. No existe tal emergencia climática. Guus Berkhout y Marcel Crok, fundadores de Clintel, agrupan a científicos que abandonaron el IPCC. Ellos reclaman rigor científico, no propaganda, pero el Gobierno ignora deliberadamente esas voces.
Multilateralismo climático y gasto a costa del contribuyente
Aagesen presume de que, a pesar del cuestionamiento internacional, España seguirá firme en su compromiso climático. Ese compromiso siempre recae sobre el contribuyente español. El Gobierno acaba de lanzar una nueva campaña institucional de propaganda climática. Una publicidad oficial que en realidad adoctrina al presentar una visión única y excluye cualquier enfoque crítico.
El fanatismo climático del Gobierno coincide con un cambio de ciclo evidente. La economía empieza a primar sobre la ecología en muchos países. Sin embargo, el Ejecutivo español acelera justo cuando otros frenan. Aumenta impuestos, restricciones y controles sin debate social real. Y ahora anuncia que prefiere silenciar al disidente antes que rebatir argumentos.
Esa actitud revela tiranía. Hoy persiguen comentarios en redes. Mañana perseguirán artículos, libros y opiniones incómodas. El fanatismo climático del Gobierno encaja en una agenda globalista que desprecia la soberanía nacional y la libertad individual.
Un poder que criminaliza la crítica demuestra miedo al debate y desprecio por la democracia.
