Cuando Sánchez, con su pasado, pone a militantes y fontaneros en Correos, estimula el voto por correo como nunca y mete la mano en Telefónica o Indra, no activar todos los controles es de negligentes, imbéciles o cómplices. Hay que controlarlos. El fraude electoral está en juego. Hay indicios claros.
La existencia de un posible fraude con el voto por correo ya no admite silencios: robos, custodia deficiente y control político de organismos clave ponen en riesgo la limpieza democrática.
Un sistema vulnerable que invita al fraude
El problema un posible fraude con el voto por correo no nace de una sospecha ideológica, sino de hechos concretos. El robo de votos en Extremadura es un botón de muestra. No fue un accidente ni una chapuza improvisada. Respondió a una operación diseñada con un objetivo político claro.
Ese episodio demuestra algo inquietante. Cualquiera puede acceder a las oficinas de Correos donde se custodian votos durante días. No existen controles sólidos ni garantías reales. Las sedes de Correos en muchos municipios no funcionan como espacios seguros. Y lo saben.
Entre el momento en que un ciudadano introduce su voto en un sobre en una oficina de Correo hasta que éste se deposita en la urna con el resto para recontarlo pueden pasar hasta veinte días. Durante ese tiempo, nadie asegura una custodia eficaz. Ese vacío alimenta el problema con el voto por correo y el recuento electoral.
A ese riesgo estructural se suma un contexto político tóxico. Pedro Sánchez no ofrece garantías de neutralidad. Al contrario, acumula antecedentes que obligan a extremar la vigilancia democrática.
Correos, militantes y manipulación del sistema
El problema un posible fraude con el voto por correo se agrava cuando Sánchez coloniza instituciones estratégicas: colocó militantes, amigos y personas de máxima confianza en Correos, Indra y Telefónica. No lo hizo por casualidad. Son empresas estratégicas en las elecciones.
Correos se convirtió en una pieza clave. Sánchez situó primero como presidente a un amigo personal y jefe de Gabinete. Después, nombró a un hombre de fidelidad absoluta. Entre ambos movimientos apareció la contratación forzada de la fontanera política Leire Díez, que creó una estructura paralela en Correos.
Ella misma reconoció su implicación en la gestión del voto postal. Correos intentó desmentirlo. El daño ya estaba hecho. Su testimonio público quedó grabado y refuerza el problema con el voto por correo y el recuento electoral.
Además, Sánchez convocó elecciones generales en julio de 2023, en pleno éxodo vacacional. Forzó a millones de españoles a votar por correo. ¿Casualidad? No, premeditación. El resultado fue histórico: 2,6 millones de votos anticipados, el doble que en 2019.
Esos votos quedaron depositados durante días en oficinas sin vigilancia suficiente. Todo ocurrió bajo la dirección de personas afines al Gobierno. Ese escenario no genera confianza. Genera alarma.
Sánchez: Un historial que obliga a desconfiar
El problema con el voto por correo no se puede analizar de forma aislada. Sánchez arrastra un historial preocupante. Sánchez ya tiene un amplio currículo de juego sucio en las Primarias de su partido, con escenas inolvidables detrás de un biombo, En las primarias del PSOE ya aparecieron maniobras turbias, votos irregulares y conversaciones comprometedoras.
Ya en el poder, profesionalizó esas prácticas. Colonizó organismos clave. Usó el CIS para fabricar encuestas favorables. Convirtió RTVE en un instrumento de propaganda. Todo forma parte de una misma lógica de control.
Cuando un Gobierno actúa así, no cabe ingenuidad. El problema con el voto por correo exige controles extremos, auditorías constantes y fiscalización ciudadana.
Vigilancia o fraude
El problema un posible fraude con el voto por correo ya no permite tibiezas. No activar todos los controles supone negligencia, estupidez o complicidad. La sociedad no sobrevive con fe ciega a alguienque ha demostrado corrupción y fraude, sino con vigilancia constante y con transparencia,
España necesita transparencia real, custodias seguras y recuentos verificables. Cada voto vale. Cada irregularidad cuenta. Callar ahora significa aceptar el fraude electoral. La defensa de la libertad exige actuar. También en las urnas.
Y por cierto, del recuento electoral por Indra ya hablaremos otro día.
