El Gobierno corrupto de Sánchez impulsa una movilización callejera contra jueces y oposición, muestra clara de su deriva populista-dictatorial y de un poder que se siente acorralado.
Sánchez acelera su deriva contra el Estado de derecho
Solo los gobiernos dictatoriales y corruptos llaman a los ciudadanos a salir a la calle para atacar a la oposición y a los jueces que les juzga. El Gobierno corrupto de Sánchez repite ese patrón mientras se hunde políticamente. Sánchez se siente contra las cuerdas y busca un último impulso mediante presión callejera.
Se reparten los papeles para disimular esta maniobra. Félix Bolaños, el «poli bueno», intenta aparentar calma institucional. Mientras tanto, Yolanda Díaz, la «poli mala», siempre necesitada de atención y votos ante su inminente debacle electoral y personal, llama a la movilización callejera contra los jueces que dictan sentencias relacionadas con el universo sanchista: corrupción de políticos, familiares y fiscales. El Gobierno corrupto de Sánchez usa un viejo truco de «poli bueno- poli malo» para engañar a la opinión pública.
Díaz recurre a la insinuación de que quien condena al sanchismo no defiende la democracia. Una estrategia burda que encaja con el manual ideológico de una izquierda que nunca renunció a su esencia totalitaria.
Sánchez prepara un ciclo de agitación callejera
Los dictadores buscan masas obedientes, propaganda constante y leales súbditos que aplaudan cada gesto de su líder. El dictador Sánchez piensa igual. Pretende manipular la calle con escenografías de indignación artificial, como ocurrió con los aplaudidores de García Ortiz. La imagen de un pueblo sometido al líder es su objetivo.
El sanchismo vende que solo Sánchez puede salvar a España de la propia España. Esta narrativa promueve miedo, división y sumisión. Esa estrategia se intensifica cada día porque el cerco judicial avanza. A medida que crecen las causas penales y las investigaciones, el sanchismo eleva el tono y recurre sin pudor al manual populista. No le importa el enfrentamiento entre españoles. Es más, lo pretende. Ya lo hizo en el 36. Fue vencido. Ahora quiere volver a intentarlo.
Cada sentencia o escándalo empuja al Gobierno corrupto de Sánchez a buscar más ruido en la calle, con violencia mejor. La izquierda que hoy gobierna, desde el PSOE hasta los comunistas de Sumar, revive el espíritu marxista más autoritario. Usan la agitación como arma para debilitar instituciones.
El Ejecutivo desea un ciclo continuo de protestas contra los engranajes democráticos: Poder Judicial, oposición y prensa libre. Sueñan con una sociedad obediente y sumisa. Pretenden que la calle castigue a jueces y periodistas que cumplen sus obligaciones.
Sánchez entrega a la comunista Yolanda Díaz el liderazgo de la calle
En ese desvarío, la comunista Yolanda Díaz asume el papel de agitadora oficial. La nueva «alerta antifascista» pretende movilizar a simpatizantes contra jueces, periodistas y partidos que no se someten a Sánchez. Ella misma dijo en Consejo de Ministros que «las calles no son de ellos (los fachas de la oposición judicial, mediática y política), son de la democracia en España (nosotros)».
Ese mensaje confirma que el Gobierno corrupto de Sánchez se considera dueño de la democracia. Su visión reduce España a un bando único, dirigido por Sánchez y protegido por el ruido callejero.
La estrategia del sanchismo resulta clara: provocar tensión, intimidar a jueces, presionar a la oposición y sofocar la crítica periodística. El Gobierno corrupto de Sánchez usa la calle como herramienta de poder, no como espacio de libertad ciudadana.
